Impulsan derogar el decreto de Macri que modificó Ley de Tierras

Impulsan derogar el decreto de Macri que modificó Ley de Tierras

La polémica por el decreto 820/2016 firmado por Mauricio Macri en junio pasado, que facilita la venta de tierras a extranjeros, suma ahora el impulso de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para derogar los cambios introducidos por el Gobierno en la reglamentación.

El senador fueguino por el Frente para la Victoria, José Ojeda, giró a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca una iniciativa que apunta a recuperar la letra y espíritu de la Ley 26.737 (Ley de Tierras) aprobada en 2011, donde prima la consideración de la tierra como un recurso estratégico no renovable.

El de Ojeda es el segundo impulso concreto en ese sentido, y se suma a los cuestionamientos, entre otros, de la diputada nacional Silvina Frana (FpV, Santa Fe), para quien resulta llamativo que “en el momento en el que se aprueba la ley de blanqueo se facilite a través de este decreto la compra de tierras por parte de extranjeros”.

El legislador fueguino, por su parte, expresó que “mediante la supuesta intención de ‘favorecer la inversión extranjera’ y ‘adecuar la reglamentación a las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial’, si bien no han sido afectados los parámetros de acumulación que la ley disponía, se han derogado o dejado sin efecto la mayoría de los controles que permitían verificar su cumplimiento”.

“El decreto -agregó Ojeda- eliminó los controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP, dejó sin efecto las sanciones para los intermediarios y parecería querer facilitar la venta de terrenos que incluyan espejos de agua”, añadió el senador.

 

En los últimos días, en el norte, centro y sur del país se presentaron amparos contra el decreto de Mauricio Macri que facilitó las condiciones de acceso de extranjeros a tierras nacionales. Legisladores de Chubut, referentes del Movimiento Campesino Indígena en Mendoza y un abogado de Derechos Humanos en La Plata acudieron la semana pasada a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad y nulidad del decreto que modifica la Ley 26.737  o Ley de Tierras.

El nuevo decreto de Mauricio Macri anuló la obligación de obtener la habilitación del Registro Nacional de Tierras Rurales en el caso de modificaciones accionarias que resulten en un control directo o indirecto por parte de personas jurídicas extranjeras.

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Además, los extranjeros que compren acciones deberán comunicarlo al Registro, pero ya no tienen la obligación de tramitar el certificado previo que controle el cumplimiento de las limitaciones impuestas por la Ley 26.737. En caso de ser denunciados, se les brinda un período de 90 días para readecuarse, pero sin ninguna sanción en caso de que no lo hagan.

Cristina Brunet, directora del Registro de Tierras Rurales, dijo que el decreto de Macri busca contemplar todas las situaciones que no estaban previstas cuando se reglamentó la ley, en 2012. La funcionaria, además, cruzó a la Federación Agraria y negó que las modificaciones introducidas pongan en juego la soberanía.

El 30 de junio, el presidente modificó la Ley 26.737 de tierras rurales, que establecía el límite del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros y restringía un máximo de 1.000 hectáreas para titulares de otros países en la zona agrícola, en el norte de Buenos Aires, y el sur de Córdoba y Santa Fe.

Misiones, con una superficie de casi tres millones de hectáreas, tiene 400 mil en manos extranjeras, lo que la coloca al tope entre todas las provincias, con un 13,88 por ciento de tierras explotadas por foráneos. La segunda es Corrientes, con 13.86 por ciento, pero 1.005.744 hectáreas.

El bloque de diputados de Vanguardia presentó un proyecto en el que insta a los legisladores nacionales por Misiones a rechazar el decreto de Macri. “Misiones ya extranjerizo por demás su superficie y encima sus mejores tierras en áreas selváticas. El decreto de Macri anula los controles previos de quien adquiere las tierras. Puede hacerlo una off shore por ejemplo. Anula el anterior resguardo de áreas protegidas y/o sensibles. Esa off shore puede comprar los Saltos del Mocona. Una locura total. Lo peor: a pedido de los capitales que retornarían por el blanqueo”, cuestionó el diputado Hugo Escalada.

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El legislador insistió en que “la tierra es un recurso natural estratégico al desarrollo sostenible. Es necesario limitar la territorialidad rural extranjerizable. El aumento de la territorialidad rural extranjerizable es un error estratégico. La tierra, y por ende la riqueza del suelo es soberanía, soberanía alimentaria”.
La Ley de Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales puso de relevancia una problemática socio territorial y a las economías regionales. Define a la tierra como un recurso natural estratégico para el desarrollo sostenible del País. Limita la extranjerización del principal capital del país y había puesto un tope a las tierras que se pueden extanjerizar. “Con esa ley Misiones ya estaba al límite de ese tope. Mauricio Macri sacó los topes y los controles previos. No escuche quejas del oficialismo provincial por los recursos de Misiones son de los misioneros”, apuntó Escalada.

 

En el Congreso nacional, el diputado Daniel Di Stefano impulsó una iniciativa similar para derogar el decreto presidencial que suspende las restricciones para la venta de tierras en territorio nacional.

 

Di Stefano destacó: “este decreto del gobierno nacional flexibiliza las restricciones a la compra de la tierra por parte de los extranjeros. La norma es peligrosa porque avanza sobre los pequeños y medianos productores de nuestro país”.



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