Correcciones institucionales

Correcciones institucionales

La Corte Suprema en pleno dejó al desnudo la impericia del equipo económico del gobierno nacional y la brutal aplicación de un tarifazo energético que ni siquiera pueden explicar. Los supremos se vieron empujados a definir buena parte de la suerte del modelo económico pensado por Mauricio Macri, aunque el revés político que le propinaron es más doloroso en lo simbólico que en lo práctico: el fallo en contra del aumento de tarifas sólo protege a los usuarios residenciales, que representan apenas el 25 por ciento del consumo de gas y deja afuera a industrias y empresas que deberán seguir soportando las subas o, ante lo imposible, achicar costos y despedir más gente.
En la práctica, el Gobierno tiene ahora las manos más libres para aplicar las subas, aunque antes deba hacer las audiencias públicas que no son vinculantes. El mismo escenario se espera con las tarifas eléctricas, ya que se siguió igual metodología.
En el fondo, quedó al descubierto que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, es incapaz de explicar los aumentos, que sólo se basan en la búsqueda de una mejor rentabilidad empresaria.
Pero los errores del Gobierno generaron un efecto contrario, ya que pasaron ocho meses y las empresas ni siquiera saben cuánto deben cobrar y estarán obligadas a devolver lo facturado con incrementos. Si el fallo de la Corte se traslada a las empresas eléctricas y éstas tienen que refacturar, se anticipa un enorme descalabro financiero que sólo podrá ser atendido por el Estado.
La Corte fue clara en dos términos: los aumentos deben ser graduales y debe seguirse el procedimiento legal, con audiencias públicas incluidas. Ninguna de las dos cosas fue tenida en cuenta por el equipo de Cambiemos y sus argumentos suenan poco convincentes. Tanto que Aranguren, en el Congreso tuvo un paso poco feliz, en el que ni siquiera se animó a decir públicamente el costo del gas a salida de pozo. “Me resisto a contestar” fue su lacónica respuesta, muy similar a la recordada “Me quiero ir”, de Hernán Lorenzino, de fugaz paso por el ministerio de Economía durante el mandato de Cristina Kirchner. La frase del antecesor de Kicillof puede ser premonitoria: Aranguren tiene poco margen para continuar y el misionero Humberto Schiavoni suena como uno de sus posibles reemplazantes.
Uno de los objetivos del Gobierno con el tarifazo era quitarse encima el costo de los subsidios que el año pasado superó los 15 mil millones de dólares. Rezaba para que la Corte le diera una salida política a su modelo económico. Pero con el fallo, seguirá pagando no menos de diez mil millones durante este año.
El plan B para cubrir el desfinanciamiento será reducir la ya magra obra pública, que apenas muestra algunas señales de reactivación, o acudir al mercado de capitales, una de las estrategias favoritas del ministro de Economía, Alfonso Prat Gay. En lo que va del año, Argentina ya emitió más deuda que Brasil, Colombia, Perú y México sumados. Con el pago cash a los fondos Buitre por 9.500 millones de dólares, Argentina emitió deuda por 19.250 millones de dólares. El desendeudamiento heredado le permite a Macri un amplio margen para seguir recurriendo al mercado de capitales. Dejará, en cambio, un pesado legado a sus sucesores. El otro salvavidas puede ser el blanqueo de capitales, herramienta que todavía no genera el entusiasmo deseado.
El salomónico fallo de la Corte, deja sin embargo, una preocupación extra, no para el Gobierno, sino para las empresas que deberán seguir litigando en forma particular. Mientras tanto, tendrán que pagar el tarifazo y para ello, trasladar el costo a los consumidores a través del precio, lo que conspira contra la baja de la inflación en una economía en plena recesión. “La decisión de la Corte Suprema de Justicia referida a las tarifas de gas, ha sorprendido negativamente a la pequeña y mediana empresa que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo. En un cuadro recesivo, los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las PYMES. Al mismo tiempo, hay que poner en claro que los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los grupos concentrados”, señaló Osvaldo Cornide, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
El Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino fue más allá y convocó a todas las empresas afectadas a impulsar los amparos correspondientes, y documentar los daños y perjuicios producidos por este “vil y burdo tarifazo”. También pide la renuncia de Aranguren “ante la falta de idoneidad manifiesta” y prepara una marcha nacional para el 2 de septiembre, día de la industria.
La promesa de campaña era “normalizar” la economía para atraer inversiones. El relato no puede imponerse a la realidad. El tarifazo acentuó la crisis. La política económica generó desempleo y en vez de Pobreza Cero, hay 1,5 millones de nuevos pobres.
En el plano político tampoco hay grandes éxitos, pese a que buena parte de los gobernadores están alineados y el Congreso es relativamente complaciente.
Esta semana se vivieron imágenes que parecían olvidadas. La Policía cargando con escudos y carros hidrantes contra un grupo de jubilados que reclamaban aumentos. El aparatoso despliegue fue ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la misma que cuando era ministra de la Alianza, defendió el recorte del 13 por ciento para los abuelos y estatales.
La lucha contra la corrupción también muestra varios flancos abiertos.
El director de Aduanas, Gómez Centurión, ante la evidencia, tuvo que ser desplazado. Los audios con su voz explicando a empresarios como hacer para eludir las obligaciones impositivas, obligaron a la ministra Bullrich a denunciarlo. También se escucha a un presunto colaborador suyo que asegura estar “haciendo caja” hace dos meses. “Genero un palo por día”, dice. La denuncia también involucra a la Aduana de Ezeiza, donde se le pide al jefe de controles que no envíe los perros de drogas ni escanee determinada mercadería de exportación.
Aunque la reacción es la esperada en un Gobierno que prometió transparencia, lo cierto es que los episodios oscuros se suman mucho más rápido de lo esperado. A la denuncia contra el funcionario carapintada, mano derecha del propio Macri, se agregan las revelaciones en torno al dinero robado a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien no sólo no puede justificar el origen de los dólares y los miles de pesos guardados en su casa, sino que acumula sospechas: una de sus empleadas domésticas reveló que era común guardar “bolsas” con dinero en el hogar de la entonces senadora. La vicepresidenta dijo que el dinero robado era para pagar sueldos en su fundación, pero la entidad carece de empleados registrados y nunca presentó balances. La mujer que desde hace 22 años le hacía la limpieza a Michetti, la dejó más complicada al declarar que trabajaba 8 horas diarias desde la 10 de la mañana por un sueldo mensual de 4000 pesos, muy por debajo del salario mínimo -que para fines de 2015 se ubicaba en los 6060 pesos-.
Sin embargo, el Presidente todavía mantiene un crédito abierto con la sociedad, pese a que las encuestas revelan cada vez mayor descontento.

timbrazo
Un trabajo realizado por el consultor Gustavo Córdoba sostiene que un 25,5 por ciento mantiene la esperanza y el 17,8 por ciento sostiene que el Gobierno le inspira “tranquilidad”. Por el contrario, el 24,8 tiene incertidumbre y un 24,6, temor. El dato más saliente es que el 43,8 tiene la percepción de que gobierna para ricos.
Solo 20,1 aprueba totalmente al Gobierno y el 26 por ciento aprueba algo, contra un 35,3 que desaprueba totalmente y un 17,4 que desaprueba algo. El 49,9 considera que los tarifazos le afectaron mucho, pero 44 por ciento cree que la situación económica mejorará el año entrante. La corrupción marcha arriba en la preocupación de los encuestados, con 24,2 por ciento.

La incertidumbre política percibida en la sociedad, también se vive entre los gobernadores. El salteño Juan Manuel Urtubey, quien vino a Misiones a homenajear al general José de San Martín, comparte con Hugo Passalacqua las mismas preocupaciones y la visión de la necesidad del momento en la Argentina: aportar a la gobernabilidad. Misiones y Salta son gobernadas por un color político distinto del de Cambiemos y sufren los mismos padecimientos económicos. Pero Urtubey y Passalacqua saben que si ponen por encima las diferencias políticas, no harán más que profundizar los problemas. Si se saca un ladrillo, puede caerse la estructura. Y eso no conviene a nadie.

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Urtubey vino a Misiones con el doble rol institucional y político. En lo institucional, se firmaron convenios para fortalecer la conectividad turística entre ambas provincias. En lo político, dejó claro que quiere formar parte de la pelea grande, pero salteando las legislativas de 2017, en las que pretende que haya una “renovación federal” del Congreso pero no nuevos líderes pensando en las presidenciales, lo que limaría la gobernabilidad de Macri. Sin embargo, deslizó la idea de refundar una liga de gobernadores que haga escuchar una voz desde el interior. “No creo en la política como acción individual, sino como gesta colectiva”, dijo Urtubey, similar a la que enarbolaron el general José de San Martín o los caudillos Juan Manuel de Güemes y Andresito Guacurarí. Passalacqua posicionó a Urtubey como un hombre de proyección nacional y compartió sus conceptos en cuanto a los padecimientos del interior.
Lejos de dejar en manos de otros las soluciones políticas, el Gobierno provincial asume que de las crisis se sale con liderazgo.
Surgió así el remedio aplicado a la crisis política desatada en Arroyo del Medio después de la reasunción del intendente Orlando Barboza, quien manejando ebrio una camioneta oficial, protagonizó un siniestro vial en el que falleció una persona.
El escándalo fue in crescendo en el pequeño municipio, donde el Concejo Deliberante, con mayoría renovadora, votó por la reasunción del alcalde que estuvo preso casi 40 días. El propio Barboza insistía en que no había nada grave que justifique su separación. La sociedad entera pensaba otra cosa.
El intendente reasumió desafiante el último martes, pese a la recomendación del Gobierno provincial de que de un paso al costado. No tuvo tiempo para celebrar demasiado ya que su destino estaba decidido. El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua no dudaron. El único camino era la intervención, que fue votada el jueves y el mismo viernes Passalacqua designó como comisionado a Waldemar Wolemberg, ex diputado y ex intendente de Leandro N Alem. Asumirá mañana y tendrá la misión de poner racionalidad a una localidad que institucionalmente iba a contramano de los valores que deben ser ponderados en una sociedad. Barboza nunca debió haber vuelto a la intendencia más allá de los debates legales. La dirigencia -la política, especialmente- debe ser un espejo en el que uno pueda mirarse. Manejar en estado de ebriedad no sólo contradice las leyes, sino que pone en peligro la vida de otros y las rutas misioneras son pruebas silenciosas de la tragedia diaria.
El mensaje político que emana es para todos. En la Renovación entienden que en tiempos difíciles hay que trabajar por el bien común, bien cerca de la gente sin protección para nadie.
Esos tiempos difíciles se reflejan en el presupuesto provincial que comenzará a ser analizado mañana mismo por la Legislatura. Austeridad y recursos enfocados en las áreas sociales, que son prioridad, como la educación, la salud y la protección alimentaria, además del desarrollo económico.
Mientras, se gestiona con insistencia ante la Nación para proteger la economía local, afectada severamente por las asimetrías que se acentuaron en los últimos meses, producto de la devaluación y los sucesivos tarifazos, el Estado fortalece una sinergia con el sector privado para incentivar el consumo. Juntos presentaron el Ahora Misiones, un sistema de descuentos de hasta el 10 por ciento en los comercios de toda la provincia en compras de hasta doce cuotas que será financiado en conjunto por el Gobierno y los bancos Macro, Hipotecario y Nación. De este modo, se espera mitigar aunque sea un poco la fuga de divisas que padece la provincia, calculada en no menos de 600 millones de pesos mensuales.
El sector empresario advierte, sin embargo, que el remedio local no alcanzará para revertir una situación que se transforma en preocupante, sin el respaldo de la Nación, que sigue demorado.
Mañana habrá una nueva oportunidad para que la Nación asuma una actitud distinta ante los reclamos misioneros. El ITC diferenciado para los combustibles y una tarifa eléctrica especial son parte del menú de opciones que nuevamente serán planteados al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aunque esta vez a los reclamos se sumarán los empresarios.



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