Pidió enviar a juicio oral al Exvicepresidente y a otros seis acusados por presuntas coimas y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de las maniobras ilegales para comprar la imprenta CICCONE Calcográfica y lograr que se le adjudicara la impresión de papel moneda por parte del Estado nacional.
En un dictamen de 245 carillas, el fiscal aludió a un «itinerario criminal» cumplido en tres etapas, siempre con Boudou como guía desde el Ministerio de Economía, primero, y desde la vicepresidencia de la Nación, después.
Di Lello reiteró, además, un pedido para que se cite a declaración indagatoria al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la ex titular de la Casa de Moneda en el kircherismo Katya Daura, según el dictamen de elevación a juicio al que accedió Télam.
El fiscal también solicitó que se cite a indagatoria como imputados al ex director de la DGI Angel Toninelli y a dos miembros de la familia Ciccone, Olga y Silvia, entre otros nuevos implicados como ex funcionarios de AFIP, según el dictamen que ahora estudiará el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa.
Para Di Lello, hubo un «itinerario criminal» direccionado por Boudou como «autor» del delito de cohecho pasivo, que prevé hasta seis años de prisión, tuvo tres partes y terminó con la firma de un multimillonario contrato para adjudicar a la imprenta convertida en «Compañía de Valores Sudamericana» la impresión de moneda nacional.
La firma del contrato se concretó en el 2012, cuando Boudou ya había dejado su cargo de ministro de Economía y se desempeñaba como vicepresidente de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Boudou «desplegó su influencia» para facilitar las maniobras de «adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica» y su posterior «habilitación para contratar con el Estado Nacional» a los fines de adjudicarse un millonario contrato para la impresión de papel moneda, sostuvo el dictamen.
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«La Fiscalía tuvo acreditado que Amado Boudou, como funcionario público» compró el 70 por ciento de Ciccone Calcográfica SA «de parte de Nicolás Ciccone y Héctor Ciccone, a cambio de realizar actos necesarios para salvar la empresa que se encontraba quebrada», agregó la fiscalía.
El pedido de juicio oral fue para Boudou y, también, para su ex socio José María Núñez Carmona; para el ex titular de «The Old Fund», fondo de inversión que compró Ciccone, Alejandro Vandenbroele; para uno de los ex dueños de Ciccone, Nicolás Ciccone; para el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brener; y para el ex jefe de Gabinete de Boudou en Economía, César Guido Forcieri.
«Este grupo de imputados, con su participación particular en cada etapa de la maniobra fueron parte esencial para concretar los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra de la firma, con el objetivo de obtener un certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional la elaboración de los billetes de curso legal», consideró la fiscalía en su acusación.
«Se encuentra probado que el nombrado, con la activa participación como interpuestas personas de Vanderborele y Nuñez Carmona, habría recibido el 70 por ciento de las acciones de Ciccone Calcográfica a cambio de sanear la empresa y obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional», agregó el fiscal.
Sobre Vandenbroele, Di Lello dio por probado que actuaba como testaferro de Boudou, recordó que vivió en un departamento de Puerto Madero donde también lo hizo el vicepresidente y que, en el 2009, compró The Old Fund, cuyo primer contrato fue con el gobierno de Formosa para asesorarlo en la reestructuración de su deuda, por 7 millones de pesos y cuando el ex funcionario era ministro de Economía.
Todo esto «no deja de ser un indicio suficiente del vínculo existente entre TOF (The Old Fund) y Amado Boudou», remarcó..
Según dijeron a Télam fuentes judiciales, Lijo enviará a todos los procesados a juicio y, además, se apresta a ordenar nuevas declaraciones indagatorias, entre ellas las pedidas por el fiscal.
En diciembre pasado, el juez había dado por cerrada la investigación que llevó cuatro años pero, en ese momento, Di Lello se negó a enviarla a juicio y pidió más medidas de prueba e indagatorias relativas a la ruta del dinero de la maniobra.
En el dictamen firmado ahora, el fiscal aclaró que muchas de esas medidas no se hicieron pero que, igualmente, accedía a enviar ese tramo de la causa a juicio oral y público para evitar más dilaciones.
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