Ruidos

Ruidos

El mismo día que el presidente Mauricio Macri recibía en su despacho a John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, para afianzar las ya aceitadas relaciones recuperadas, en las calles de Buenos Aires crecía la bronca por un intento de detención de Hebe de Bonafini, un símbolo de los derechos humanos que se forjó en la dictadura, esa misma que contó con el respaldo del país del norte y sus servicios de inteligencia. Paradojas del tiempo, Kerry vino a la Argentina a entregar los primeros archivos desclasificados por la CIA con información sobre la dictadura, de acuerdo con el compromiso que asumió Barack Obama durante su visita a la Argentina en marzo último. Son más de 4000 cables y documentos del Departamento de Estado que recibía de sus informantes en la Argentina y que echarían un poco más de luz sobre el accionar de las fuerzas represivas y quizás datos sobre los desaparecidos.
Para detener a Hebe por negarse a declarar ante el juez Martínez de Giorgi se montó un aparatoso despliegue policial que chocó en la Plaza de Mayo con la tradicional ronda de las Madres. El operativo trajo a la memoria los años más negros de la historia Argentina: la dictadura o la feroz represión con la que se despidió Fernando De la Rúa en 2001, cuando las Madres sufrieron la represión junto a otros miles de argentinos.
La rebeldía de Hebe, imputada en la causa Sueños Compartidos, que tiene como principal acusado a Sergio Schoklender, denunciado por las propias Madres, dejó al desnudo el manejo político de la Justicia. De la Rúa faltó cinco veces a la cita con la Justicia por las muertes de su despedida. El propio Macri desobedeció los llamados de la Justicia en varias oportunidades. El mismo juez Marcelo Martínez de Giorgi intentó hacer declarar al ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, David Mulford, pero nunca se presentó y la causa cayó en el archivo: se lo investigaba por ser el ideólogo del Megacanje que a instancias de Domingo Cavallo, superministro de la fugaz Alianza, aumentó la deuda externa en 55 mil millones de dólares, beneficiando casi con exclusividad a los bancos que cobraron jugosas comisiones. Con ninguno de los cuatro se usó la fuerza pública para obligarlos a declarar.
Con Hebe hubo hasta helicópteros sobrevolando la plaza de Mayo y decenas de policías prestos para detenerla. Con el agravante, como señala Mario Juliano, director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, de que la declaración indagatoria se trata nada menos que el primer ejercicio del derecho de defensa y nadie puede ser obligado a ejercerlo.
“La señora Bonafini optó por tensar la cuerda hasta límites insospechables e imprevisibles que, esperemos, no conduzcan a consecuencias que tengamos que lamentar. Pero el juez no es menos culpable de llevar esta situación a un extremo de crisis. No puedo pensar que el juez que ordenó la detención de la señora Bonafini desconociese las derivaciones que iba a tener su decisión. Descontextualizar las decisiones judiciales forma parte de los abismos que separan al Poder Judicial del resto de la sociedad”, agrega el jurista.
Pero advierte al mismo tiempo que “el juez de la causa no puede ignorar que para el caso que la señora Bonafini fuese encontrada culpable, de éste o de cualquier otro delito, y se le impusiera una pena de prisión, difícilmente podría ser cumplida bajo un régimen de privación de libertad riguroso, habida cuenta de su avanzada edad. Si esto es así (como lo establece el Código Penal) no parece razonable que se pueda disponer su detención por cuestiones meramente procesales. En este caso, la señora Bonafini sufriría peores consecuencias como procesada (amparada por el principio de inocencia) que en caso de ser encontrada responsable de los hechos que se le atribuyen y efectivamente condenada”.
Por eso, la medida del juez se parece mucho más a un revanchismo político que a una medida práctica de celeridad judicial. Es una más de una serie de acciones que buscan amedrentar a quienes integraron al Gobierno anterior. El ensañamiento de Bonadío contra Cristina Fernández o el intento de reabrir la denuncia de Nisman por supuesta traición a la Patria de la Presidenta, forman parte del mismo escenario. Son pequeñas muestras de una Justicia que casi nunca es rápida y sólo se muestra bravía con los poderes en retirada.
Al Gobierno este entramado le sirve para sacar el foco de sobre los efectos devastadores de la política económica aplicada desde diciembre. Sin embargo, ese aprovechamiento contradice la promesa de campaña de terminar con “la grieta”.
En contra de ese eslogan, algunas acciones parecen señalar que se disfruta de agrandar las diferencias, que, en el tumulto, disimulan las consecuencias de las políticas adoptadas, que cada vez quedan más en evidencia. El segundo “ruidazo” en contra del tarifazo energético se hizo escuchar con fuerza en todo el país, pese a que la Justicia por ahora paralizó los incrementos y será la Corte la que, en definitiva, tome una decisión de estricta política económica. El ruidazo se extendió por las principales ciudades del país, mezclados entre otras consignas en contra del Gobierno nacional.
Sea como sea, quedó al descubierto la enorme ineficacia del gabinete nacional para poner en marcha una medida anunciada y considerada “clave” para reducir el déficit fiscal y atraer inversiones. Ni una cosa ni la otra se ha vuelto realidad y pasan los meses sin una definición. El efecto suspensivo del tarifazo, aunque positivo para el usuario y especialmente las pequeñas empresas, es caótico para el propio Estado y para las empresas distribuidoras, que ya adecuaron sus operaciones a los nuevos valores. Empresas como Emsa, advierten que si no se resuelve a la brevedad el conflicto, la medida judicial que frenó los tarifazos, generará el “quiebre de la cadena de pagos en la que se sustenta el sector eléctrico.
“De no revertirse esta situación se verán comprometidas, en el corto plazo, la prestación del servicio público y su calidad en todo el país, perjudicando directamente a quienes se pretende proteger”, señala un documento de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la Argentina, de la que Emsa es socia. Es que si hubiera que refacturar, se perderá al menos un mes de estudio y reconocer al usuario “bonificaciones” hasta compensar las tarifas altas, lo que pondría en peligro el financiamiento de la empresa, obligando al Estado a volver a poner recursos para su operatividad.

Hasta las consultoras más afines con Cambiemos comienzan a admitir que el impacto del ajuste ha sido brutal.
La fundación Mediterránea, de la misma cuna ideológica que el PRO, reveló que según sus datos se perdieron más de cien mil empleos privados desde que asumió Macri. Los sectores de la construcción y de la industria manufacturera han sido los más afectados. La mitad de los empresarios estima que sus ventas seguirán igual o peor que en el mismo período del año pasado.

Esa pérdida de empleo también comienza a apreciarse en Misiones, donde los primeros datos oficiales dan cuenta de que la cantidad de puestos de trabajo asalariados registrados en la provincia decreció en el primer trimestre de 2016 un 2,48 % respecto al cuarto trimestre de 2015. Esos datos se reflejan en los comercios cerrados en pleno centro capitalino, que suman más de 140 en el primer semestre y a los que podrían sumarse algunos más después de este fin de semana, pensado para incentivar el consumo a través del Black Friday que registró mucho movimiento pero un nivel de compras no excesivamente optimista. Es que los precios, aún con ofertas, están atados a una inflación que no cede.

El sueldo promedio en blanco de un trabajador del sector privado en la provincia de Misiones fue de 12.140 pesos en el primer trimestre del año. Considerando la remuneración bruta, antes de los descuentos de ley. Misiones es la tercera provincia con sueldos más bajos del país. En el primer trimestre del año, las de menor remuneración bruta promedio fueron Santiago del Estero (11.032), La Rioja (11.621, Misiones (12.621). Luego vienen seis provincias con sueldos apenas por arriba pero que no llegan a los 13.000 pesos brutos: Corrientes, Chaco, Tucumán, Salta, Jujuy y Formosa. Al mismo tiempo, según los datos del Indec, los sueldos en Misiones cayeron en términos reales en el primer trimestre. Es decir, si se descuenta la inflación, los salarios privados en el primer trimestre representan menor poder adquisitivo que en el período enero-febrero-marzo del 2015. Esa realidad de Misiones, acentuada por las asimetrías con Paraguay y Brasil, necesita ser atendida más allá de posturas ideológicas y explica en buena parte la cercana posición de Misiones con la Nación.
Como contraparte, los alimentos siguen en aumento. Para la consultora ultraliberal Fiel, la canasta básica aumentó 4,2 por ciento en julio y acumuló en un año un alza del 47,7%.

Esos datos profundizan el malestar y empujaron a los líderes sindicales -ahora reunidos en la CGT- a denunciar al Gobierno como “responsable de un profundo deterioro de la realidad socio-económica del país, que castiga a los sectores más vulnerables”.
El documento cita al tan “mentado sinceramiento de la economía” como se ha reflejado con “la peor cara hacia los trabajadores y la gran mayoría de los argentinos,; hay un aumento de la pobreza, una brusca caída del consumo y perspectivas económicas y sociales que ensombrecen aun más el horizonte“.

Y culmina con una lapidaria frase: “No hay que haberse graduado en Harvard o en otra prestigiosa universidad para darse en cuenta de que vamos de mal en peor”.

Aunque por ahora no hay señales de una acción más directa, el pronunciamiento de los popes sindicales sorprende porque llega apenas horas después de haber recibido la promesa de Macri de un pago de 2.700 millones que son parte de un total de 29.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución que reclaman las entidades gremiales.

La consultora Economía & Regiones, fundada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostiene que la recaudación nacional aumentó 23,4 por ciento interanual, con desaceleración de los tributos atados a la actividad económica y a la inflación, que ya lleva un crecimiento de más del 45 por ciento interanual.
Esa misma consultora reveló que la coparticipación de Misiones durante el mes pasado, creció apenas 23 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado. Esto es, 20 puntos menos que la inflación promedio. Hasta el fondo de la Soja, que servía como ayuda a los municipios, se vino abajo en los últimos meses.
Por eso resulta crucial el acuerdo definitivo sellado esta semana entre el Gobierno nacional y las provincias para comenzar a recuperar este año el tres por ciento del 15 que era descontado para financiar la Anses. De este modo, las provincias “empatarán” lo que ya se anticipa será una merma en los recursos federales que durará, siendo optimista, por lo menos hasta fin de año, aunque hay algunas pequeñas señales de reactivación, como la venta de autos y en el mercado inmobiliario.
El gobernador Hugo Passalacqua ya decidió que los recursos recuperados de la coparticipación se repartirán entre todos los municipios, otra porción entre los municipios menos favorecidos y el resto, para un aumento a los jubilados provinciales. De todos modos, ante la perspectiva de que la recesión se mantenga, para prevenir males mayores, el Gobernador decidió congelar los ingresos al Estado en la administración central y los organismos descentralizados hasta el 31 de diciembre, con excepción del personal docente, auxiliar docente y el personal de la Policía, el Servicio Penitenciario y profesionales hospitalario, de enfermería y auxiliares de enfermería.
El acuerdo logrado con la Nación permite además acceder a un poco más de recursos a través de un crédito blando que será financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Marcó también, una pulseada política que pasó casi inadvertida.
Los gobernadores lograron quitar del acuerdo un intento de Eugenia Vidal, la mimada del Presidente, que quería rediscutir y aumentar el dinero del Fondo del Conurbano Bonaerense. La propuesta tiene el visto bueno del propio Macri, pero los mandatarios del interior pusieron el grito en el cielo y se negaron a resignar más recursos en momentos de vacas flacas. El Fondo del Conurbano fue generado durante el menemismo para inyectarle fondos al gobierno de Eduardo Duhalde y el argumento de Vidal es que debe ser “actualizado”. Lo cierto es que la gobernadora de Buenos Aires es una de las más beneficiadas en el reparto de la torta PRO y sus colegas rechazaron de plano seguir beneficiándola.
Sin embargo, como propicia Misiones, se abrió una instancia para rediscutir la ley de Coparticipación, en la que la provincia pretende recuperar puntos cedidos durante los gobiernos de Ricardo Barrios Arrechea primero y de Ramón Puerta después.
Tras el pacto federal, Passalacqua tuvo la oportunidad de sellar varios acuerdos paralelos con la Nación, los primeros frutos cosechados en estos meses que fueron de “respaldos a la gobernabilidad”. Así se consiguieron fondos para viviendas en Iguazú y se sumarían varios municipios más. Passalacqua –junto al jujeño Gerardo Morales- además expuso las prioridades misioneras dentro del demorado Plan Belgrano, que hasta ahora no tiene un rumbo claro ni ninguna inversión concretada. Cuando se ponga en marcha, Misiones ya tiene sus prioridades.
La buena sintonía de Passalacqua con Macri, respaldada en la estrategia definida por Carlos Rovira, el conductor de la Renovación en diciembre y ratificado en el Congreso por los legisladores renovadores, se espera, ahora comience a rendir. Hay obras que estaban paradas y se comienzan a licitar.
La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, quien realizó una fugaz visita a Misiones con la primera dama Juliana Awada, destacó la prolijidad del Gobierno provincial en el manejo de los programas nacionales y prometió mayores recursos para programas de emprendedores y especialmente para atender las necesidades sociales aumentadas en los últimos meses por la creciente inflación que afecta especialmente a la base del consumo, los alimentos, lo que obligó a la Provincia a abrir 20 nuevos comedores comunitarios.



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