Efecto derrame

Efecto derrame

La teoría económica más difundida durante la década de los 90 fue la del “efecto derrame”. El presidente Carlos Menem y el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, la difundieron como el remedio para todos los males del país. La Argentina privatizada y la lluvia de inversiones que se avecinaba iban a provocar un efecto cascada que finalmente, después de un largo recorrido, calmaría la sed de los desposeídos en la base de la pirámide social.

La Convertibilidad mantuvo la ficción durante casi una década, con precios congelados y el 1 a 1 con el dólar, que permitía a los que estaban del medio para arriba del triángulo, gozar de viajes a Miami y vacaciones fastuosas a bajo precio.

Entonces, el endeudamiento externo y la deuda interna dominaban las finanzas públicas y el fútbol, oh casualidad, se veía con la ñata en las vidrieras o en la mesa de un bar, ya que para disfrutar de Boca o River en la comodidad del hogar, había que pagar. Sino, a mirar tribunas y esperar el domingo a las 22 para poder acceder  a un breve resumen de los goles. El Fútbol para Todos era una ilusión del futuro, como pronto lo será del pasado.

La realidad golpeó con dureza a fines de los 90, con una pobreza desbordante, desempleo y una política que ya no daba respuestas. Después, se sabe, vino el estallido de 2001 de la mano del fugaz gobierno de De la Rúa, quien llegó al poder con una alianza que duró lo que un suspiro, entre la UCR y algunos peronistas progresistas.

Menem disfrutó, sin embargo, de un largo veranito antes del estallido. La burbuja financiera y la ilusión del primer mundo lograron mejorar el humor de la sociedad que disfrutaba en cuotas sin pensar en el día después.

El Gobierno de Mauricio Macri también apuesta fuerte al clima que le permita mejorar el vínculo con la sociedad que duró intacto demasiado poco. El romance nacido al calor de la despedida del kirchnerismo es socavado cada día por los efectos de los tarifazos, la suba de precios y la pérdida o el temor a quedarse sin trabajo. El primer semestre, preludio de un invierno impiadoso, pasó con más penas que glorias y el segundo avanza sin cambios a la vista.

Incluso, algunos economistas ya anticipan que siguiendo así, ni en 2017 habrá una reactivación de la economía, planchada y con el consumo por el piso por la suba de precios y el ajuste en salarios y en gasto del Estado.

El gobierno de Cambiemos también apuesta a un efecto derrame, como expresó con claridad el radical Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones.

“Sin energía, imposible que vengan inversiones, que el país empiece a crecer y que el sector más dinámico derrame riqueza”, puntualizó el ministro durante una entrevista en la que se manifestó “asombrado” porque el presidente Mauricio Macri “tiene muy claro que sin energía no hay manera de desarrollar el país, y el sentido moral y estratégico de la inversión privada”. En Corrientes, hoy parte de la alianza gobernante, no recuerdan con cariño al ministro, ya que cuando fue interventor de esa provincia, fue acusado de corrupción y fraude con la emisión de bonos por 60 millones de dólares que se esfumaron sin ningún control. El actual ministro nunca llegó a enfrentar una condena porque se vencieron todos los plazos procesales en una Justicia que es rápida sólo a veces.

Macri espera que con la puesta en marcha del blanqueo de capitales, al que se le pusieron todos los condimentos necesarios para que sea atractivo a los generosos repatriadores de dinero, y los aumentos a las jubilaciones que están atados a la recaudación fiscal, habrá una primavera con inyección de recursos que permita a la economía salir del pozo, mejorar el humor social y encarar el año electoral con mayor holgura.

Ya no falta demasiado para el primer desafío en las urnas y aunque el PRO es un partido que se jacta de ser lo “fresco” de la política, sabe que sin una gestión que muestre resultados, será muy difícil salir airoso. Una derrota o una victoria muy justa, pueden ser una calamidad para la continuidad de la coalición gobernante, al igual que lo fue para la última alianza. El 2019 puede ponerse cuesta arriba, con o sin la reelección presidencial.

Hasta ahora los resultados no acompañan el optimismo. Los tarifazos fueron frenados por la Justicia y la suba de precios producto de la devaluación arrastró salarios y generó miles de nuevos pobres.

Una encuesta impulsada por Analía Del Franco Consultores, muestra que la política económica de Cambiemos tiene una imagen negativa del 57,4%. Es decir, 10 puntos menos que en el mes de mayo. La imagen presidencial descendió en un porcentaje similar, principalmente en Gran Buenos Aires.

El 79% de los consultados considera que el gobierno carece de un plan y que toma decisiones sobre la marcha. Por otro lado, el 66% afirmó que la gestión de Mauricio Macri no satisface sus expectativas iniciales. El 37,8 % considera que el gobierno nacional no está cumpliendo “nada” de lo que prometió en la campaña electoral y, el 25,6%, entiende que cumplió “poco”.

El Fondo Monetario Internacional, aliado externo del plan de Gobierno de Cambiemos no aportó demasiado entusiasmo a lo que resta del año y admitió que “el impacto adverso en la actividad a corto plazo ha sido mayor de lo previsto”.

Alejandro Werner, analista del FMI, advirtió que “el ajuste de los precios relativos en el primer semestre de 2016 —tras la depreciación del tipo de cambio y el alza de las tarifas de los servicios públicos— ha acelerado la inflación y perjudicado el consumo privado” y recién espera que la actividad económica “probablemente” empiece a recuperarse hacia finales de 2016, a medida que la inflación se modere gradualmente, que se estimule el gasto y que se reduzcan las tasas de interés.

 

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“Se prevé que la orientación más acomodaticia de las políticas monetaria y fiscal promueva el crecimiento en 2017, pero que complique el cumplimiento de las metas fiscales y de inflación anunciadas este año”, admite el informe del funcionario que revela un dato que contradice todo el relato oficial: Argentina creció 2,4 por ciento el año pasado, mientras que este año, con la economía en recesión, caerá 1,5 por ciento. Para el año que viene se espera un rebote del 2,8 por ciento.

Hasta entonces, habrá que cultivar la paciencia, aunque algunos indicadores ya están marcando el cambio como resultado de las políticas aplicadas. En Misiones el primer informe de empleo realizado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos reveló una caída del 2,48 por ciento en el número de empleados registrados en el sector privado. El dato surge de la comparación del primer trimestre con el último del año pasado. En números, se trata de 2.757 puestos de trabajo menos, caída que se hace más evidente si se la compara con el tercer trimestre de 2015, cuando se alcanzaron los 117.632 puestos. La reducción es un reflejo de lo que se ve en las calles de las principales ciudades. Comercios que cierran –solo en Posadas al menos cien- o que reducen sus actividades. Son varias las actividades complicadas y el sector forestal sufre los embates de la apertura de importaciones.

La respuesta nacional a la problemática local, agravada por las asimetrías fronterizas, no es ni rápida ni satisfactoria. Apenas unas 40 empresas podrán seguir recibiendo subsidios energéticos durante ochos meses. En Misiones, aquellos sectores que podrán gozar con este subsidio en su tarifa de energía eléctrica están ligados al sector productivo forestal, como aserraderos, pasteras, papeleras, mueblerías, y algunos otros a la fabricación de productos plásticos. Se estima que la medida podría alcanzar solamente a 40 empresas misioneras por un breve período de ocho meses.  El subsidio alcanzará hasta un 20% sobre la tarifa establecida el 25 de Abril por Resolución 41 y sobre la tarifa de los siguientes períodos estacionales hasta cumplir con el plazo establecido. El descuento se aplicará en forma escalonada según la demanda energética de las empresas alcanzadas. Para los primeros tres mil megawatt-hora  regirá el descuento del 20 por ciento, para los siguientes 3.000 MWh el descuento será de 10 por ciento y para los siguientes 4.000 MWh solo será del 5 por ciento. Pasando el límite de 10.000MWh el beneficio caduca.

Sin embargo, no se han tenido en cuenta las particularidades de los diferentes sectores productivos, así como las singularidades geográficas, climatológicas, de las diferentes provincias. En Misiones, la energía eléctrica es el insumo energético más utilizado en los sectores productivos debido a la ausencia de una red de gas.

El impacto del tarifazo ha calado hondo en las estructuras de costos, potenciando el freno de la actividad económica. La medida no solo ha golpeado a los sectores productivos intensivos en el uso de energía eléctrica, tanto los servicios como el comercio se han visto también muy afectados viéndose obligados a trasladar el incremento de la tarifa a sus precios. Vale remarcar que en Misiones, el sector terciario representa cerca de la mitad del PGB misionero.

El Gobierno nacional asegura que la medida viene a “subsanar” el gran golpe sobre las estructuras de costos de usuarios del sector productivo con un alto nivel de consumo energético. Sin embargo, el plazo solo se extiende por los siguientes 8 meses. Parece poco probable que toda una industria, rama o sector manufacturero, cambie por completo su estructura energética en tan poco tiempo. Esto se debe a que la medida deja de lado, nuevamente, la naturaleza misma de la estructura de costos de los sectores productivos a los que alcanza. El alcance del subsidio es muy corto, en cuanto a tiempo y en cuanto a cantidad de usuarios beneficiados. Únicamente podrán hacer uso de este beneficio aquellos usuarios considerados grandes consumidores, es decir, empresas de gran tamaño. La medida provocará un cambio provisorio en los precios relativos que seguramente tendrá repercusiones negativas sobre la actividad de muchas pequeñas y medianas empresas no alcanzadas por este descuento.  Todos los competidores que no logren  dar con las condiciones impuestas para este descuento tarifario, se tendrán que enfrentar a una competencia desleal artificial.

En la Provincia evalúan que el freno al tarifazo nacional del gas es un antecedente para frenar el tarifazo eléctrico si la Nación decide devolver los subsidios eliminados.

La diferencia de modelos es clara. Misiones, a instancias del gobernador Hugo Passalacqua ya aplicó un subsidio propio para el sector industrial y las empresas de gran consumo, con el objetivo claro de sostener el empleo.

Passalacqua también marcó diferencias en cuanto a la política económica. A pesar de las adversidades y la caída de los recursos federales, en Misiones no hubo ajuste sobre el empleo estatal ni habrá reducción en los planes de obra pública, principal alimento para la creación de empleo privado y si, de efecto derrame sobre las otras actividades, como el comercio. Obviamente, se siente el impacto por los menores recursos, pero eso sólo hará más lenta la ejecución de los planes previstos.

Es curioso cómo mientras el Gobierno provincial insiste con conseguir alguna reparación para Misiones por su enclave especial entre Brasil y Paraguay, la oposición local, que es oficialismo en la Nación, juega al desgaste sin plantarse ante sus propios ministros y mucho menos al Presidente. El PRO parece más preocupado por su desarrollo territorial, mientras que los socios radicales se empeñan en mostrarse como los más macristas de la alianza. El diputado Gustavo González, quien aspiró a ser gobernador en las elecciones pasadas, publicó un informe en el que atribuye las asimetrías al elevado “costo laboral” en Posadas y a los impuestos que se aplican en Misiones. Ni una mención a los tarifazos ni a la devaluación, que acentuaron las asimetrías ya existentes con Paraguay y Brasil, donde hoy se consigue la nafta a cinco pesos más barato.

“Las diferencias de precios se deben a múltiples variables. Una de ellas es el precio del alquiler: en Posadas un alquiler en pleno centro de Posadas al comerciante le cuesta 20.000 pesos; en Encarnación, en Zona Alta, 4.000; y en Foz do Iguazú los primeros 6 meses son bonificados, algo que marca una asimetría fundamental”, señala el informe de González. “Otro factor influyente son los costos laborales. Un empleado de comercio le sale al comerciante alrededor de veinte mil pesos incluidas las cargas patronales. En Encarnación al empresario le sale seis mil y en Foz do Iguazú, quince mil”, explica.

Es decir, según el radicalismo, hay que reducir los impuestos y costos laborales –los sueldos o cargas patronales- y mágicamente se eliminarían las asimetrías. La visión, bastante extendida en el partido centenario, ya fue ensayada con la ley de Flexibilización Laboral de De la Rúa, que permitía extender los períodos de prueba, la reducción de aportes, extender las jornadas laborales y hasta reducción de salarios. El proyecto, llevado al Congreso en febrero de 2000, era básicamente una continuidad de las leyes sancionadas durante el Menemato, la 24.013 (Ley de empleo) y la 24.465 (Régimen de Contrato de Trabajo), que avalaban los contratos “basura” y protegían a los empresarios que despedían obreros sin siquiera pagarles indemnización.

La única alusión a un reclamo “nacional” de González es que si el Gobierno nacional, del que la UCR es socia, no avanza en una zona franca para Misiones, “será difícil ver la luz al final del túnel”.

El radicalismo está empecinado en mostrarse protagonista dentro de Cambiemos, donde está relegado a un segundo lugar. En el PRO no quieren saber demasiado de sus socios forzosos y se preparan para 2017 con la intención de que las listas parlamentarias estén compuestas por sangre propia. Quedarían así relegados el propio González y los diputados Luis Pastori y Alex Ziegler, a quien le ofrecerían ser segundo candidato para que busque su reelección. De Pastori, en cambio, esperan que sea el candidato a gobernador en 2019. La UCR tiene otros planes y por eso presiona para tener espacios.

Lejos de las elucubraciones electorales, el gobernador Hugo Passalacqua entiende que este es un momento clave para fortalecer la relación con la Nación y aprovechar cada hendija que haya para captar recursos para Misiones. El lunes participó de la presentación de los créditos del Banco de Desarrollo de América Latina y mantuvo un breve encuentro con Macri para analizar los programas que pueden beneficiar a la provincia. La CAF anunció créditos por mil millones de dólares para la Argentina y Misiones necesita recursos para financiar obras de infraestructura.

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También se anticipa para los primeros días de agosto la firma que le dará vida al nuevo acuerdo por la coparticipación, que servirá para que las provincias dejen de perder recursos a manos de la Nación. Con el tres por ciento que se recuperará este año, Misiones aumentará los fondos de coparticipación para todos los municipios, con un énfasis en los más atrasados y también aumentará las jubilaciones de los estatales.

Es probable que después, Nación y Provincias firmen un nuevo pacto fiscal que sea la simiente de una nueva ley de coparticipación federal, donde Misiones si o si tiene que recuperar puntos.

Si ese acuerdo se concreta con beneficios para la Provincia –y hay expectativas de que así sea-, Macri tendrá la oportunidad de devolver la gobernabilidad que le brindó Misiones en el Congreso nacional.

Será allí donde se dirima un nuevo debate fuerte vinculado a la actividad productiva de la provincia.

El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, presentó un proyecto para que los diputados y senadores misioneros impulsen una sensible modificación a la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que desde su creación, fruto del recordado “tractorazo” de 2001, no logró cumplir la misión de mejorar el mercado yerbatero ni mucho menos, la situación de productores y tareferos.

Rovira ya había pateado el tablero cuando dijo que el precio de la hoja verde nunca debería valer menos que 50 centavos de dólar –unos 7,50 pesos a la cotización actual- y ahora quiere crear un Fondo Yerbatero –similar al Fondo Especial del Tabaco- para que sea la Provincia la que determine su distribución para “compensar” el precio que reciben los productores y especialmente, mejorarle las condiciones de vida a los tareferos, eternos explotados desde la época de los mensúes.

Según el titular de la Legislatura, las reformas propuestas no entorpecerán el funcionamiento ni alterarán los objetivos del INYM -con lo que se respeta el espíritu de la ley-, sino que “completan los mismos toda vez que se fija un orden de prioridades y presupuesto específico”, requisito imprescindible para una eficaz implementación de políticas públicas.

Así, se propone reemplazar la “tasa de inspección y fiscalización” por una “tasa compensadora, de fomento y fiscalización”, a tenor de las nuevas finalidades de utilización de la misma que proponemos. La tasa será compensadora, ya que se podrá destinar al pago de sobreprecio de hoja verde, de fomento, por cuanto se destinará a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores y de los trabajadores rurales de cosecha de yerba mate, en una reivindicación histórica: “la renta de la yerba debe volver a quienes la producen, en un acto de estricta justicia social”.

El Fondo Especial Yerbatero, priorizará al sector más postergado de la producción: el trabajador rural de la cosecha de la yerba mate. La propuesta a los legisladores nacionales de Misiones busca “vivienda digna, transporte adecuado, salud, educación y capacitación profesional para los “tareferos”, único y excluyente camino para la erradicación definitiva del trabajo infantil”.

El FEY, que se integrará con la recaudación del INYM, será distribuido en un cinco por ciento para el funcionamiento del organismo; 35% para pequeños productores, los que serán definidos en base a criterios de renta y costos de producción; 50% para trabajadores rurales de cosecha de yerba mate y erradicación del trabajo infantil del sector; y el 10% restante destinado planificar, organizar y participar de toda actividad o acontecimiento que contribuya a la promoción de la yerba mate y derivados dentro y fuera del país celebrando convenios de cooperación con otras instituciones oficiales o privadas del país y del exterior; e) llevar a cabo estudios, investigaciones.

También se postula un cambio sustancial en cuanto a la definición de los precios, que se dejaba en manos de Agricultura si no hay acuerdo entre los diferentes actores y propone que también se fije el precio a salida de molino en Misiones.

“Atento el efecto “cascada” que ello produciría sobre la cadena yerbatera, al fijarse un precio de salida de molino, el secadero recibirá un precio justo y equitativo por su materia prima, como también el productor por la hoja verde y, por ende, los trabajadores rurales percibirán el salario justo.



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