Durante ocho allanamientos realizados en cinco prostíbulos y tres domicilios ubicados en la ciudad de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, fueron rescatadas 18 mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, ocho personas fueron detenidas, entre ellas, se encuentran los dueños y los encargados de los boliches. El pedido había sido realizado por el fiscal federal subrogante de Caleta Olivia, Lucas Colla, y la jueza Marta Isabel Yañez hizo lugar a la medida.
Cinco de las víctimas eran de nacionalidad argentina, oriundas de diferentes provincias como Santa Fe, Misiones, Formosa y Buenos Aires; cuatro de Paraguay; ocho de República Dominicana, y una de Brasil.
En el operativo, que se llevó a cabo durante la madrugada del 9 de julio, además se incautaron libretas y cuadernos con anotaciones de pases, dinero en efectivo, y documentación variada.
Tres días después, el 11 de julio, los detenidos fueron indagados e imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
El caso
La causa se originó a través de una denuncia recibida en la línea 145, en la que se puso de manifiesto que en esa ciudad habría tres cabarets denominados “Grillo”, “Fenix” y “Pa y Pe”, donde eran explotadas sexualmente mujeres de diferentes países. A lo largo de nueve meses de investigación por parte de la Fiscalía, que contó con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina de la ciudad de Puerto San Julián y con personal de la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, se determinó que ya existían causas previas vinculadas entre sí y por eso el fiscal solicitó acumularlas debido a su conexidad.
La pesquisa arrojó como resultado que las víctimas eran obligadas a «rotar» entre los distintos locales de la zona, donde habrían ofrecido «copas» y que existirían vínculos entre los dueños. Los denominados “pases” se concretaban fincas aledañas y todo esto habría estado supervisado por parte de las propietarias de uno de los prostíbulos.
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