El juez Sebastián Casanello le cedió a Guillermo Marijuán la investigación sobre Cristina Kirchner y Julio De Vido

Retomando un pedido de colaboración hecho a la Fiscalía hacia fines del año 2014, el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, dispuso delegar en el fiscal la investigación de todo aquello vinculado a los orígenes de la fortuna acumulada desde el año 2003 por el grupo Báez teniendo en cuenta sus relaciones con el poder político -delito precedente vinculado a la corrupción-.
Para fundamentar su decisión, destacó los principios de unidad de actuación y coherencia del Ministerio Público Fiscal y su lugar constitucional dentro del proceso, recordando que –tal como lo consideró la Cámara- las conductas asociadas a Lázaro Báez fueron denunciadas, desde la fundación de Austral Construcciones en el año 2003 y su continuado crecimiento, en distintos momentos ante distintos juzgados –se citan causas—y deberían avanzar sostenida y ordenadamente.
También dispuso hacer saber a los jueces a cargo de los mencionados expedientes los términos de la resolución de la Cámara para establecer sin demora un mecanismo dinámico de cooperación.
Casanello activó una serie de medidas que ordenó la Sala II de la Cámara Federal porteña, que la semana pasada confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario santacruceño.
El tribunal advirtió sobre «la existencia de información sobre vínculos comerciales contemporáneos entre el grupo de Lázaro Báez y firmas ligadas a Cristina Kirchner y familiares de ella»; también se menciona «una relación entre Austral Construcciones y José López».
En ese marco, Casanello delegó «la parte de las obras públicas» como delito precedente del lavado en Marijuán y dispuso que «pueda compartir la información con los otros fiscales» que investigan a la ex jefa de Estado en las causas Hotesur y a De Vido en los casos del plan de viviendas públicas, entre otras.
El juez puso en marcha además un «mecanismo de cooperación» con el juez Julián Ercolini y otros magistrados que pusieron la lupa sobre cómo funcionaba el sistema de obras públicas en la era kirchnerista.
Finalmente adelantó que pedirá opinión a las partes para elevar a juicio oral y público a Báez por el procesamiento confirmado por el lavado de 5,1 millones de dólares en La Rosadita: se trata del dinero que su hijo Martín Báez y su contador Daniel Pérez Gadín contaban en la financiera de Puerto Madero, mientras eran grabados por una cámara.

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