Las prestatarias entienden que las tarifas actuales no permiten que “la existencia de un servicio sustentable” y responsabilizan por ello al intendente Joaquín Losada, quien anticipó que hasta 2017, no habría más aumentos que el que comenzará a regir el sábado próximo. Consideran que el boleto urbano de Posadas, con SUBE, debería costar 10,93 pesos. Advierten que está en riesgo la continuidad del servicio. Los empresarios reclaman una deuda millonaria por subsidios municipales, aseguran que no tienen dinero para pagar aguinaldos y “deslindaron responsabilidades” por la reacción que podrían tener los choferes.
Las empresas de transporte público de pasajeros nucleadas en la EUTA volvieron a la carga contra el intendente de Posadas, Joaquín Losada, a quien exigieron un nuevo aumento de tarifas y el pago de subsidios atrasados. A través de una solicitada, los transportistas reiteraron que la tarifa técnica del servicio urbano de la capital provincial es de entre 19 y 20 pesos, que los aportes estatales que reciben alcanzan para cubrir 8,07 pesos de esa tarifa y que, en consecuencia, el precio del boleto debería estar en el orden de los 10,93 pesos. Advirtieron que si el valor del boleto no se acerca a esa cifra, la prestación del servicio estará en riesgo.
Además reiteraron su reclamo de una deuda que supera los 12 millones de pesos y amenazaron con eliminar el beneficio de gratuidad para los pasajeros mayores de 70 años.
Para el sábado próximo está prevista la entrada en vigencia de la segunda parte del incremento tarifario acordado en enero pasado, que elevaría el precio del pasaje pagado con la tarjeta SUBE, de 6,50 a 7,25 pesos. Pese a que ese valor es considerado insuficiente por las empresas, Losada anticipó que se mantendría al menos hasta fin de año, lo que llevó a los representantes de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) a solicitar que se le quite al intendente la potestad de definir tarifas.
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Los empresarios consideraron que “la tarifa actual es ilegitima e insuficiente, dado que está previsto que la misma se calcule en base a costos actualizados de prestación”, según consta en la solicitada. En el mismo texto argumentaron que “el poder concedente debe velar por la existencia de un servicio sustentable estableciendo una tarifa que así lo permita, si el intendente no está en condiciones de asumir esa responsabilidad proponemos volver al esquema anterior que confería la potestad de definir tarifas a un organismo supra municipal”, en referencia a la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado, que funcionaba bajo la órbita provincial y estaba integrada por representantes de los tres municipios en los que presta servicios el Sistema Integrado de Transporte.
Desde la EUTA afirmaron que las empresas no están en condiciones de pagar los aguinaldos y se ocuparon de deslindar responsabilidades por las consecuencias que podría ocasionar la falta de pago a los choferes.
Gratuidad en riesgo
La polémica entre los empresarios y el intendente se extiende también al pago de los subsidios. Los transportistas reclaman al municipio una deuda que supera los 12 millones de pesos. Por su parte Losada reconoció que hay pagos atrasados pero aseguró que el monto real de la deuda es inferior y acusó a los representantes de la EUTA de decir “medias verdades”.
Losada aseguró que en febrero las empresas cambiaron de forma unilateral el método con el que se calcula el monto que corresponde a las compañías por el traslado gratuito de mayores de 70 años y explicó que desde ese momento dejaron de pagar, porque las facturas comenzaron a llegar con montos mayores.
Desde la EUTA explicaron que el cambio en la forma de calcular los montos correspondientes a los viajes gratuitos para adultos mayores, responde a que cuando se comenzó a otorgar ese beneficio, en el año 2010, no existía el sistema SUBE y no se conocía con exactitud la cantidad de personas que diariamente usaban esa gratuidad, entonces se estimó una cifra que, según argumentan los empresarios, quedó desactualizada.
Señalaron que la puesta en marcha del cobro electrónico les permite ahora tener certeza en relación a la cantidad mensual de viajes gratuitos. “Hoy sabemos cuántos beneficiarios viajan por día y exigimos que se nos pague lo que corresponde”, afirmaron.
JRC EP
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