La disposición del plenario se originó a partir de la presentación realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por el Dr. Guillermo Lipera, ADC y otras once Organizaciones de la Sociedad Civil, en la que solicitaron al Consejo de la Magistratura que audite el funcionamiento de los juzgados federales con competencia penal, en lo que refiere a la excesiva demora en causas de delitos de corrupción de funcionarios públicos. La presentación realizada recoge la preocupación de la sociedad, en tanto advierte la inexplicable demora en el tratamiento de causas penales en varios juzgados en los que se investigan hechos de corrupción y que, en promedio, duran 14 años, con un consecuente perjuicio económico para el sistema. En muchos de los casos, los juicios no llegan a dictaminar una condena justamente por esas demoras; si bien, cabe señalar que esas causas han comenzado a tomar, recientemente, un ritmo más adecuado del que han sabido tener en años anteriores.
Con fundamento en esta presentación, es que el Consejo de la Magistratura dispuso por unanimidad la realización de la auditoria de relevamiento, que abarcará las causas que se hayan iniciado o tramitado entre 1996 y 2016, en las cuales se investigue los delitos previstos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX bis y XIII del Título XI ‘DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA’ o en el Titulo XIII ‘DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO’ del Código Penal, por los que haya sido imputado un funcionario público.
Cabe destacar que la auditoría se enmarca dentro de las funciones previstas en el reglamento del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación y en funciones propias del Consejo de la Magistratura, por lo cual en nada afecta a la independencia judicial, pues es función del Consejo velar por el buen funcionamiento del servicio de la Justicia.
