Risko pidió terminar con la “hipocresía política” sobre el aborto

Por sexta vez se presentó el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa apunta al derecho legal, seguro y gratuito.

Durante la presentación, que fue apoyada por más de cuarenta legisladores, la diputada Silvia Risko dijo que “se trata de una discusión de fondo” para  “terminar con la doble moral, con la hipocresía política, y con los discursos contradictorios, tanto políticos como institucionales”.

En resumen, según se lee en el proyecto, lo que se busca es legalizar la IVE priorizando la fijación de plazos, la voluntad de la mujer y el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos, y no de las condiciones bajo las cuales se produce un embarazo.

Risko, ante una veintena de organizaciones de derechos humanos y los diputados que apoyan el proyecto, aseguró que “ésta es la oportunidad para que cada uno se saque la careta y pelee dentro de sus sectores políticos. Ahí está la lucha para que lleguemos al recinto y pongamos a éste tema de una vez en el tapete”.

El proyecto propone que la práctica sea realizada en el sistema de salud público, privado y de obras sociales.

“De qué sirve hacer una marcha multitudinaria, todos los años, teniendo el eslogan de Ni una Menos, cuando tenemos un Estado nacional y estados provinciales en donde le cierran la puerta a las mujeres y les niegan una atención segura y gratuita. Esa no es la mayor demostración de violencia de genero a nivel institucional y político”, se preguntó la diputada misionera.

 

 

Números escalofriantes

En el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos.

No obstante, este dato no distingue entre abortos espontáneos y provocados, por lo que representa solo una fracción de los que ocurren anualmente. Según datos de estadísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la Nación sobre el sistema público de salud, en 2011 se registraron en el país 47.879 egresos hospitalarios por abortos, de los cuales el 19% correspondió a mujeres menores de 20 años.

En 2012 murieron en nuestro país 33 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. Dos de ellas eran adolescentes menores de 20 años y 7, jóvenes de entre 20 y 24 años.

 

Un proyecto inclusivo

El proyecto cuenta con el aval de más de 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas y las firmas de más de 40 diputadas y diputados pertenecientes a la mayoría de los bloques políticos.

En el artículo primero se indica que en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional. Además se estipula que toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de cinco días desde su requerimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero, y más allá del plazo establecido,

toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos: Si el embarazo fuera producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente. Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano. Y si existieren malformaciones fetales graves.

Entre los argumentos se indica que “la muerte a consecuencia de interrupciones de embarazos mal practicados, sólo pueden sufrirla las mujeres por su propia condición biológica para la reproducción, es por ello que esta ley constituye un acto de equidad y justicia reproductiva”.

 

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