El Gobierno obtuvo anoche otro triunfo legislativo ya que el Senado aprobó por amplia mayoría el megaproyecto de ley de blanqueo de capitales, pago a jubilados, moratoria fiscal y previsional y acuerdo con las provincias por la coparticipación.
Los proyectos están relacionados entre sí para el Gobierno, que siempre sostuvo que el financiamiento para pagarle a los jubilados las sentencias (y los jubilados en juicio sin sentencia firme) saldrá, al menos en parte, de lo que se recaude por el blanqueo de capitales.
El proyecto fue aprobado por 55 votos a favor, 11 negativos y una abstención, la del senador de Proyecto Sur Fernando «Pino» Solanas, aunque en la votación en particular los números en algunos artículos fueron más ajustados.
El sector kirchnerista dentro del bloque FpV se opuso a la sanción. En esta lista se anotan la correntina Ana Almirón, la representante del MPN Carmen Crexell, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el neuquino Marcelo Fuentes, la santacruceña Virginia García, la represente del uni-bloque Misiones, Sandra Giménez; el peronista sanjuanino Ruperto Godoy, la chubutense Nancy González, la santacruceña María Ester Labado, la chaqueña María Pilatti de Vergara y la santafesina María de los Angeles Sacnún.
El oficialismo contó con el respaldo del sector del PJ-FpV, que encabeza el rionegrino Miguel Pichetto y se referencia en los gobernadores provinciales de ese color político. Los mandatarios provinciales pujaron por aprobar este gigantesco proyecto ya que incluía el acuerdo de coparticipación por la devolución del 15% que retenía la ANsES.
En la votación en particular, el capítulo del blanqueo fue el que más resistencias generó, ya que allí hubo 49 votos afirmativos contra 18 negativos.
Entre las quejas al megaproyecto se alertó sobre un intento de abrir la puerta a «desfinanciar el sistema previsional argentino» y que beneficia a quienes todavía no tienen una sentencia firme judicial e incluso a aquellos que ni iniciaron juicio en lugar de los «50 mil o 60 mil que tienen sentencia firme» (Giménez), así como «una extorsión al federalismo» (Fernández Sagasti), al incluir en una ley previsional el pago a las provincias.
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