Resistencia: pidieron juicio oral para un ex juez, un ex fiscal y un ex penitenciario por crímenes de lesa humanidad

Resistencia: pidieron juicio oral para un ex juez, un ex fiscal y un ex penitenciario por crímenes de lesa humanidad

Los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorrismo de Estado en la jurisdicción de Resistencia, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay, pidieron la elevación a juicio de la causa que tiene acusados al ex juez federal Luis Ángel Córdoba (78 años), al ex fiscal federal Roberto Domingo Mazzoni (69) y al ex jefe de guardia de la Unidad Penal N°7, Pablo César Casco (71).
Los ex funcionarios judiciales fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y de tormentos y subsidiariamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento, todos considerados crímenes de lesa humanidad. Los hechos tuvieron como víctima a una decena de detenidos políticos que fueron confinados en el centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la capital chaqueña, el más grande del nordeste, y que siguieron su periplo en otros lugares de encierro.
A Casco, en tanto, se lo acusa en dos casos de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos. El escenario de los crímenes fue la cárcel federal de Resistencia, la U7.
Esta será la primera causa que llegue a juicio oral y público en esa jurisdicción con ex funcionarios del Poder Judicial imputados por su participación en crímenes contra la humanidad. En este caso, las conductas de los ex magistrados consistieron en no investigar los delitos que cometieron las fuerzas represivas contra los prisioneros políticos, pese a que llegaron a su conocimiento. Se trataba de detenidos cuya persecución fue camuflada en las violaciones a la ley 20.840, denominada “antisubversiva”, norma que sirvió para penar actividades relacionadas con la militancia política.

Hacer y dejar hacer
Los testimonios de los sobrevivivientes ubican a Córdoba y a Mazzoni en los lugares de encierro, visitando a los detenidos, tanto en la Brigada de Investigaciones como en cárceles del servicio penitenciario. En esos contextos les fueron denunciadas las torturas, que en ningún caso fueron investigadas.
La forma de actuar de los magistrados, asimismo, era consecuente con la de los miembros de las fuerzas de seguridad. Una detenida, que estaba embarazada, narró entonces en tribunales las torturas que sufrió junto a su esposo en el centro clandestino y contó que, al preguntar por el cuidado de su embarazo y por el lugar donde daría a luz, Mazzoni levantó el teléfono: “Brigada ¿a la Sra. S… es necesario preguntarle algo más?”. Meses después, el 13 de diciembre de 1976, su esposo fue asesinado en la Masacre de Margarita Belén. Su hijo nació y no pudo amamantarlo como consecuencia de las torturas, y tampoco recibió asistencia cuando le solicitó a Córdoba que la comunicara con una jueza civil para gestionar alimentos, ropa y pañales. “Le dijo también que tenían hambre, que no los dejaban entrar alimentos, ni dinero, que las mujeres no tenían artículos de limpieza, ni papel higiénico, que las mujeres menstruaban y no tenían algodón, que necesitaban lo básico, a lo que Córdoba contestó que eso no le competía a él”, narraron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio.
Otra víctima contó cómo Mazzoni se puso a revisar un arma mientras le tomaba declaración y que, incluso, la apuntó. La gravedad de la situación asustó a un guardia que le advirtió al fiscal: “cuidado Doctor que está cargada”.
Los testimonios que involucran a Córdoba y Mazzoni también mencionan la participación del fallecido Carlos Eduardo Flores Leyes, secretario del Juzgado Federal de Resistencia y ex fiscal federal en el período constitucional, y de Domingo Reska, escribiente. “Canten porque los otros ya cantaron todo, sino te van a agarrar los federicos, con ellos no se jode…”, advirtió Flores Leyes, según el relato de una de las víctimas, a los detenidos que estaban en la Alcaidía. La referencia de los “federicos” aludía a la Policía Federal.

“Hechos que tuvieron ante sus ojos”
En la acusación los fiscales señalaron que “el cumplimiento de los deberes de los funcionarios judiciales conferido a través del mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, les era exigible aún frente a la ocupación del poder por parte de las fuerzas armadas; ello en tanto las normas penales que sancionaban los hechos que tuvieron ante sus ojos los operadores judiciales, y que constituían una violación estatal masiva y sistemática de derechos humanos, no habían sido derogadas”.
En ese sentido, Amad, Sabadini y Vigay remarcaron que “ante la sistematicidad y masividad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el accionar represivo, se tornaba aún más ineludible la protección de la persona por parte del órgano destinado exclusivamente a garantizar la vigencia irrestricta de los derechos elementales y universales de los habitantes de la Nación”.
Los fiscales ejemplificaron las acciones de Mazzoni y Córdoba: “El juez que recibe una denuncia y no investiga diligentemente el secuestro puesto en su conocimiento, con ese comportamiento está realizando un aporte –participación- al hecho ‘principal’ cometido por las fuerzas de seguridad, además de quebrantando el deber de investigar que tiene, debiendo en consecuencia responder en razón de lo dispuesto por el artículo 274 del Código Penal [denegación y retardo de justicia]. Luego, obviamente, el autor material de los hechos también deberá responder como autor del delito de privación ilegítima de la libertad”.

Pedido de celeridad
En su presentación, los fiscales reclamaron “imprimir celeridad al procedimiento” y recordaron el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal del 13 de mayo pasado, que ratificó la prórroga de las prisiones preventivas de Mazzoni y Córdoba y dispuso “exhortar al Juzgado Federal de Resistencia Nº1 a que extreme las medidas necesarias a los efectos de otorgar celeridad al trámite del proceso”.
En efecto, en el requerimiento la Fiscalía señaló que “tanto los imputados –que se encuentran detenidos– como las víctimas -en todos los casos de avanzada edad– esperan expectantes desde hace ya cuatro años la posibilidad de un juicio justo donde quienes están acusados puedan ejercer plenamente sus defensas, las víctimas relatar sus testimonios de lo sufrido y la acusación desplegar los fundamentos de la imputación en los casos que corresponda”.
Mientras este caso llega a juicio, continúa en la etapa de instrucción la investigación sobre el delito de asociación ilícita que la Fiscalía le imputa a los ex magistrados, por el que la Cámara Federal les había dictado la falta de mérito.



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