Ha tenido gran difusión el elevado incremento del patrimonio del Presidente Mauricio Macri (100% en un año). La ex Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también había enfrentado críticas similares. La Justicia deberá investigar la legalidad de los hechos, pero es comprensible que su fortuna crezca a magnitudes asombrosas porque ambos mandatarios se encuentran en las cúspides de las pirámides de ingresos (flujo) y patrimonio (stock). Justamente, este aspecto particular de las economías en estado de capitalismo salvaje y financierización, constituye un tópico central al que deberán dedicar mucho tiempo y esfuerzo los politólogos, economistas, sociólogos y periodistas que deseen aportar a la causa de la construcción de una sociedades justas y equitativa.
El primer aspecto a remarcar tiene que ver con la desigualdad que existe entre diferentes estamentos de la sociedad con respecto a la acumulación patrimonial que atañe tanto a los países desarrollados como a los de ingresos medios y bajos. El best seller “El Capital en el siglo XXI” de Thomas Piketty, puso en la agenda internacional el problema de la desigualdad. Su tesis registra con datos precisos que desde 1980 la disparidad en la acumulación de riqueza se incrementó de manera alarmante tanto entre países como dentro de ellos, demostrando que los ingresos del capital trepan a un ritmo superior a la retribución de la mano de obra. En consecuencia, no sólo nuestros Presidentes más recientes sino todos los que pertenecen a las elites privilegiadas en términos de ganancias y fortuna tuvieron un crecimiento patrimonial extraordinario y muy superior a la que tienen los ciudadanos de a pie, por lo que, en consecuencia, un pedazo pequeño de la población aumenta impúdicamente su caudal articulando un proceso realimentador (+ capital + ingresos +capital + ingresos…). Atrás quedan varias leyes de la ortodoxia económica, por ejemplo la que establecía que si el capital crecía por encima del producto, la tasa de interés debería caer hasta encontrar su punto de justa medida y el equilibrio del sistema.
El segundo aspecto es que hay una sensación esparcida en la sociedad que dice que la economía argentina dejó de crecer desde el estallido de la crisis mundial. Sin embargo, las declaraciones visibles de posesión patrimonial de los más agraciados no dejaron de aumentar (a esto habría que sumarle fugas hacia cuentas off-shore o al colchón). Esta realidad no es explicada por el hecho (cierto) que mientras los de abajo gastan prácticamente todos sus ingresos para sobrevivir, los favorecidos sólo destinan una pequeña parte de sus entradas a satisfacer sus necesidades elementales y el resto lo ahorran. La explicación realista es que ello ocurre como consecuencia de transformaciones que devienen de una estructura económica que retribuye al capital muy por encima de lo que registran los ingresos de otros factores y, en especial, el trabajo directo. Los que poseen ingresos concentrados (recuerde el lector que el 1% de la población mundial acumula tanta riqueza como el 99% restante y que 62 personas poseen un patrimonio similar a los 3,5 mil millones que constituyen el 50% más pobre). El tramo superior incrementa apreciablemente su riqueza por revalorización de activos (inmuebles y acciones) y por las altas rentas obtenidas por las colocaciones financieras, mientras que las mayorías están sujetos a ingresos que, a los sumo, se aproximan al nivel de inflación (salarios formales, honorarios profesionales y rentas de micro-emprendimientos y pymes comerciales e industriales afectados por la crisis y retribuciones por changas o diligencias de la economía informal).
Relacionado con la declaración patrimonial del Presidente Macri hay un tercer punto que no debe pasar desapercibido y es el hecho que el tributo abonado fue llamativamente bajo en términos porcentuales. Esto no quiere decir que se haya evadido impuestos, sino que la mayor parte de los ingresos del capital no están alcanzados por el fisco(“el dinero llama al dinero”). Para explicarlo voy a utilizar una parábola: El contribuyente “1” posee como único ingreso un salario de 390.000 pesos anual (sueldo mensual de $30.000.- + SAC). El ciudadano “2”, en tanto, posee el mismo sueldo al que suma $900.000.- proveniente de los intereses que genera una colocación a plazo fijo de 3 millones de pesos a una tasa del 30% anual. Ingreso total $1.290.000.
Tomando las actuales alícuotas del Impuesto a las Ganancias y asumiendo deducciones similares, llama la atención que ambos contribuyentes tributen lo mismo (algo menos de $ 136.500.-). En consecuencia mientras que a “1” se le priva el 35% de su ingreso, a ”2” sólo el 10%. Esto es así porque la colocación financiera está desgravada. En el interior de países que declaman apego a la libertad de mercado, a la democracia y a la justicia hay islotes fiscales paradisíacos. Es alarmante el poder que poseen sobre los gobiernos los concentradores de la riqueza que lograron que el gobierno anterior y el actual miraran para otro lado y no contemplaran la posibilidad de realizar una reforma tributaria que aportara razonabilidad y equilibrio efectivo; y es más, se culpe a los subsidios tarifarios, los salarios de los empleados públicos y el gasto social (ayuda a los que están por debajo del nivel de pobreza, salud, educación, jubilaciones, vivienda digna…) de la inflación, con correcciones que profundizarán la brecha.
No puedo terminar mi reflexión sin dejar de denunciar otro dañino efecto de la beneficencia pública hacia la renta financiera. Mientras la situación descripta esté vigente, el capital se orientará hacia fines no productivos (depósitos financieros y especulación en acciones, bonos, tierras y hasta commodities) y evitará hacer inversiones en la economía real donde las ganancias son inferiores y el riesgo altísimo. Hay correcciones que deben hacerse en el Estado para evitar una irracional, peligrosa e inhumana distribución de la riqueza y, a la vez, favorecer la orientación del capital hacia conductas amigadas con la inversión productiva. Y esas reparaciones no son justamente las de agrandar la renta en el sector primario (por ejemplo: disminución de derechos a la minería).
