El escrito fue presentado por la diputada nacional Cristina Britez ante el Juzgado Federal de la ciudad de Eldorado, en el mismo como principal medida se solicita que se retrotraigan las tarifas de Energía Eléctrica a los valores vigentes al mes de Enero previos al aumento instrumentado por el Gobierno nacional, derogando la Resolución N° 6/2016 del ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Entre los principales argumentos de la demanda, se encuentra el incumplimiento del artículo 46 de la ley 24.065 (sobre el régimen de energía eléctrica). El mismo determina textualmente que al recibir una solicitud de aumento tarifario por parte de las empresas distribuidoras, el ente regulador se encuentra obligado a dar inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público.
Otro de los puntos contenidos en el amparo presentado por Britez resalta la figura del usuario del servicio público como la parte débil de la relación de consumo, haciéndose énfasis en que no se han respetado sus intereses y el derecho a ser informados con anticipación de los aumentos tarifarios, lo único que se pretende aparentemente con el dictado de las referidas resoluciones es proteger la ecuación económico/financiera de las empresas, a expensas de los propios usuarios.
La legisladora expresó que “la medida es sumamente negativa para los sectores comerciales e industriales, que vienen soportando cada vez con más dificultad los excesivos aumentos tarifarios. Esta situación, provoca un aumento directo en los costos de operación y producción que se trasladan a los precios, con una consecuente pérdida de la competitividad lo que viene desencadenando hace unos meses que diferentes industrias deban suspender y en el peor de los casos despedir empleados poniendo en riesgo miles de fuentes de trabajos y la calidad de vida de los misioneros”.
Por otra parte, además advirtió el impacto perjudicial en las instituciones de bien público, los clubes barriales y las organizaciones comunitarias a las que con estas resoluciones se está poniendo en riesgo su propia existencia.
Estas medidas decretadas por el gobierno nacional implican un claro golpe al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, quienes están viendo afectados sus salarios comprometiendo su nivel de vida y el de sus familias.-
