José López declara en la carcel de Ezeiza

José López declara en la carcel de Ezeiza

Los médicos lo declararon apto al ex secretario de Obras Públicas. Es la causa por portación ilegal de armas, la carabina que llevaba el día que fue detenido.

 

A las 17.40 José López, el ex secretario de Obras Públicas (2003-2015), era trasladado desde el pabellón para reclusos con alguna patología psiquiátrica del penal de Ezeiza hasta una sala contigua para la declaración indagatoria sobre su responsabilidad en el delito de portación ilegal de arma civil atenuada que le imputa la fiscal Alejandra Rodríguez. Es la imputación menor del episodio donde López fue detenido in fraganti intentando esconder el equivalente a 9 millones de dólares en el monasterio «Nuestra Señora de Fátima», en General Rodríguez.

 

Por esa secuencia de madrugada el ex funcionario debe responder, en el juzgado de Daniel Rafecas, por el «enriquecimiento ilícito» que precedió al revoleo de bolsos con la valiosa carga al interior del predio utilizado para el retiro espiritual.

Ahora, cumplido el trámite en la mesa de entrada del presidio federal, la fiscal intenta determinar por qué López cargaba el rifle calibre 22-con el permiso vencido- a bordo de la Meriva.

La abogada Fernanda Herrera, pasado el mediodía, aún sostenía la posibilidad de exceptuar a su defendido de la declaración por la falta de aptitud médica del preso. Esa presunción fue desestimada por los forenses, López continúa bajo el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma). Así se denomina al área de pacientes con problemas psiquiátricos o de adicciones dentro del penal de Ezeiza.

 

A ese lugar fue trasladado después de la fallida declaración de la semana pasada en Comodoro Py, cuando el comportamiento del detenido provocó una presunción de inestabilidad emocional que, en definitiva, imposibilitó su presencia ante el juez Rafecas.

Este momento, la abogada Herrera y López evalúan la conveniencia de prestarse a la indagatoria de Rodríguez. Aunque es considerado apto para ese trámite procesal puede ampararse en el derecho constitucional de no declarar.



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