La senadora Sandra Giménez se sumó a la ola de iniciativas para aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, pero redobló la apuesta. La misionera pide la ampliación de la Corte a 24 miembros, uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “en un acto de estricta responsabilidad institucional y federalismo concreto en la administración de justicia en la república Argentina”.
Para Giménez hay que resaltar la oportunidad de poder pensar una nueva Corte sin caer solamente en un debate en relación al número y se pregunta «¿Por qué no puede haber un Poder de la Justicia con 24 miembros?».
Para la legisladora nacional, “la ampliación de la representación desencadenaría en mayor democracia, con una consecuente estructura más fortalecida del poder Judicial hacia abajo, aumentando jurisdicciones y sus formas de administrar justicia en todas las circunscripciones federales que se irían complementando con las provinciales”.
La propuesta de la legisladora tiene como condición ser originario de cada provincia, tiene que haber vivido en la provincia en los últimos ocho años y tiene que haber ejercido los últimos seis años en la jurisdicción que pretende representar.
La designación seguirá siendo como lo establece la Constitución y la renovación de los miembros se produce por fallecimiento o renuncia del titular, siempre en el mismo sentido de cada provincia. De esta manera, cada provincia propondría un juez que debería ser considerado por el Poder Ejecutivo de la Nación, del Presidente de turno, y seguir los pasos correspondientes cómo hasta ahora.
Giménez sostiene que ante la situación de crisis socioeconómica del país, sumada a la instancia que vive la Corte con varias vacantes luego de las renuncias de Eugenio Zaffaroni, Carlos Fayt, y el fallecimiento de Carmen Argibay, se presenta la posibilidad de pensar otra realidad para nuestra Corte Suprema con otros mecanismo y otras representaciones, generando una instancia de diálogo con perspectiva más federal.
La idea de la senadora misionera es escapar a la mera cuestión numérica, porque sino vamos a quedar entrampados en la discusión sobre los partidos políticos y las representaciones presidenciales legitimadas que toman la decisión de qué abogado va a asumir como ministro de la Corte Suprema según el género, según la especialidad, si es penalista, si es del ámbito del derecho civil, tributario, comercial (…) y pensé en las Provincias, que más allá de lo que me toca representar por voluntad de los misioneros en el Senado argentino, estuvimos antes y que seguimos estando, y que cuando hay vaivenes de la política y de la voluntad de los hombres y las mujeres en los acuerdos políticos, la UCR se transforma en UCRI, el PJ se transforma en FREJULI, después la UCR se transforma en Alianza, en Cambiemos, el FREJULI se transforma en Frente para la Victoria y, sin embargo, la totalidad de las provincias argentinas siguen estando de pie, es nuestra fortaleza, son nuestras jurisdicciones a las que les debemos esa devolución de haber convertido la tierra del Plata en Argentina, en habernos planteado como Nación”.
Para la senadora esta es una oportunidad histórica, igual a la que se presentó en 1816, en 1916 y ahora en el 2016, “cuando el tema de la designación de los jueces de la Corte dispara una gran oportunidad para que el federalismo esté en su más absoluta expresión concretada en el último de los 3 poderes del Estado Democrático, Representativo y Federal, y que establece nuestra forma de Gobierno, que es el Poder Judicial. Si logramos llevar adelante el desafío de pensar entre todos, que es realmente una gran oportunidad, una gran discusión, a lo mejor habremos cumplido también con ese Poder al que todos les exigimos que cuando lo político no puede resolver los problemas, lo resuelvan desde el ámbito del derecho. .
La intención del proyecto es considerar la realidad de cada una de las provincias de la Argentina, ya que estas son preexistentes a la Nación, y en varias ocasiones no se tienen en cuenta las realidades que existen en todo el territorio nacional al momento de considerar los actos de justicia.
La pretensión de una Justicia Unitaria
Para la Senadora un ejemplo son los procesos judiciales que se dispararon en distintas provincias y municipios a partir de los aumentos de tarifas en los servicios esenciales de la población, que se hicieron posibles gracias a la decisión del ministro Juan José Aranguren de aumentar más del 500% las tarifas de gas, luz, combustibles etc sin el debido proceso de audiencias públicas como lo establece la ley. A la judicialización de la decisión política de aumentar tarifas hay que sumar la posible violación a la ley de ética pública, ya que Aranguren posee acciones de Shell, José Luis Sureda, Secretario de Recursos Hidrocarburíferos, es directivo de Panamerican Energy; David Tezanos era director de venta de gas natural de YPF y presidente del directorio de Metrogas, y pasó a ser interventor de ENARGAS; el sub-interventor es Daniel Perrone, y era directivo de Transportista de Gas del Sur.
“A los intendentes y gobernadores no les quedó otra estrategia que ampararse en la Justicia. Esta estrategia también la tomó el Gobierno Nacional pero solicitando pedidos de inhibitorias a los jueces de las distintas jurisdicciones para que todos los reclamos del País se concentren en una sola jueza del plano federal con asiento en CABA de donde salió la medida”, aseguró Giménez.
Esta situación demuestra que la institución competente del Poder Ejecutivo no va a dar respuestas a la cuestión, y la realidad de los sectores más vulnerables, como de los productivos, es que no se puede esperar seis meses con prórroga de otros 6 meses, sin saber si van a pedir otros seis meses. “Las Pymes están cerrando ahora, los trabajadores están desempleados en estos momentos y necesitan llevar comida a sus mesas familiares”, indicó.
La solicitud del Gobierno Nacional de unificar los reclamos judiciales es una muestra más de la concepción unitaria de la política que tienen y del total desconocimiento de la realidad de las distintas provincias.
