El Tribunal Federal de Posadas fijó el 6 de septiembre como fecha de inicio para el juicio por “defraudación contra la administración pública, defraudación y malversación de caudales públicos” en contra de un comandante de la Gendarmería Nacional, a quien denunciaron dos subalternos en 2000.
El acusado es el oficial jefe Francisco Ramón González, quien al momento de la acusación era jefe del Centro Regional de Reunión de Información “Misiones” (Cereumis). Actualmente ya se halla retirado.
Las acusaciones las impulsaron los sargentos Alejandro Héctor Cerquetti y Tomás José Rojas, quienes fueron pasados a retiro en 2001. Recién en 2006, el entonces juez Federal de Posadas, Ramón Chávez, procesó al comandante principal González sin prisión preventiva y le trabó un embargo de 50 mil pesos.
Para Chávez, hubo indicios suficientes que demostraban que el imputado, en su condición de máxima autoridad del Cereumis, habría utilizado asignaciones del Estado Nacional para su beneficio particular.
Entre las irregularidades detectadas figura la entrega de combustible -aportado por la Nación y distintos municipios de la provincia para tareas propias de la institución- a los suboficiales del Cereumis.
El combustible era cedido bajo la forma de entrega de vales o a través de la carga directa de tambores y bidones, indica el auto de procesamiento. Según pudo determinar el juez, luego el porcentaje retirado por los subordinados de González era descontado de los haberes de cada uno de los uniformados.
“Cereumis poseía fondos para cubrir los gastos de funcionamiento del mismo, sin embargo al personal se le descontaba de sus haberes según declaración de todos los suboficiales. Esos descuentos correspondían a rubros como gastos de casino, los que comprendían elementos y servicios abonados por el Estado (artículos de limpieza, gas, diarios entre otros ejemplos). Además, se habría detectado recibos de erogaciones por servicios que, en definitiva, le correspondían al mismo personal del Centro Regional de Reunión de Información Misiones”, indica la resolución de Chávez.
Además se detectó en órbita de González la “rendición de servicios no prestados como ser el mantenimiento de computadoras”.
El Tribunal citó a 18 testigos para el proceso, que tendrá en la Fiscalía a Vivian Barboza, en la defensa a los abogados particulares José Luis Rey y Eduardo Paredes y a la representante de la querella, Mirta Quiroz.
El proceso empezará el martes 6 de septiembre, a las 8.30, en la sala de audiencias ubicada en Félix de Azara casi Catamarca.
16 años después de la denuncia, juzgarán a un comandante de Gendarmería acusado de malversación de caudales públicos
