Sin clientes

Sin clientes

Necesitamos clientes”, implora con un cartel en la puerta de entrada una de las mueblerías más grandes del NEA, que acaba de cerrar dos sucursales. Se trata de la firma correntina “El Algarrobal Santiago Muebles”, que fabrica y vende a niveles mayorista y minorista mobiliarios de pino para el hogar y aberturas, con locales comerciales en Corrientes capital, Bella Vista y en Resistencia, Chaco.

Un total de 25 trabajadores, entre los que fabrican, distribuyen y venden al público, temen perder sus fuentes de trabajo y la empresa decidió, por ahora, reubicarlos en el único local que quedará abierto desde julio en esta ciudad.

“En los últimos quince años nunca vi una situación tan fea como ésta y los trabajadores veremos cómo nos acomodamos porque al dueño ya no le da para aguantar con los costos del salario y de los alquileres, si no se vende nada”, manifestó Santiago Sánchez, uno de los empleados afectados, entrevistados por el colega correntino Hernán Álvarez, en una nota que se reprodujo en muchos medios del país.

La situación es alarmante en Corrientes, donde los madereros sufrieron una caída de la demanda de un 40 por ciento. La tradicional peatonal es testigo de decenas de comercios cerrados y el puerto de salida para los productos de toda la región, sufre una parálisis que se traduce en más de 20 despidos y salarios atrasados.

Los efectos de las políticas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri son similares en el resto de la geografía del país. Cada región tiene sus bemoles incluso después de haberle puesto “topes” a los tarifazos energéticos, como el anunciado felizmente esta semana. 500 por ciento para el gas y un descuento del 20 por ciento para las empresas electrointensivas del NEA.

Pero el retroceso del Gobierno no alcanza y el daño producido puede ser irreversible. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en la Patagonia, para una empresa de uso intensivo de gas, donde ese recurso tiene una incidencia del 20 por ciento en sus costos de producción, un aumento de 500 por ciento en la tarifa le genera una suba de 100 por ciento en sus costos totales, dejándola fuera de competencia porque no tiene posibilidad ni de absorber ese incremento ni de trasladarlo a precios. Hay muchos casos para graficar. Como el de una fábrica de cerámica de Chubut, que pasó de pagar 33.400 de gas en abril a 421.000 pesos en mayo. Aun con un tope de 500 por ciento pagaría 200.300 pesos, que, en un contexto donde sus pedidos de producción se frenaron, no tiene posibilidad de afrontar.

Peor es la situación para las empresas donde el gas representa un 30% de sus costos de producción, y un aumento del 500% le genera un ajuste de 150% en sus costos totales. Y no son casos imaginarios. Es el caso de una pequeña empresa de La Pampa, que fabrica tanques para combustibles, tiene hornos prendidos 18 horas diarias y su factura de gas se multiplicó por 15 veces; o el de una Cristalería del partido de Lanús, que con sus hornos prendidos 12 horas diarias, se plantea directamente el cierre porque sus costos subirán 150 por ciento.

En Misiones hace tiempo que se vienen notando los efectos de la política económica, con comercios cerrados, un éxodo de consumidores a Paraguay y Brasil en busca de nafta y productos más baratos. Pero dirigentes de la propia alianza gobernante sorprendieron con un informe que resulta lapidario sobre la situación de Puerto Iguazú, que padece un constante drenaje de recursos hacia Ciudad del Este y Foz de Iguazú. El estudio demostró que la devaluación y los tarifazos aplicados por Mauricio Macri acentuaron las asimetrías entre la ciudad de las Cataratas y sus vecinos: comprar comida en Iguazú cuesta el doble que en las otras dos ciudades fronterizas. Además, el dato más alarmante es que en los últimos dos meses casi un 40 por ciento de los locales comerciales de Iguazú tuvo que cerrar.

La diferencia de precios que existe entre Paraguay y Argentina es de 94,80%, mientras que entre Brasil y Argentina es de 82,46%. La encuesta revela que los productos de la Canasta Básica en Paraguay cuestan 1.086,68 pesos, en Brasil 1.249.25 y en Argentina, 2.060,50 pesos. La diferencia entre Paraguay y Argentina es del 94,80 por ciento y entre Argentina y Brasil del 82,46 por ciento.

En Posadas se da un escenario similar, con miles de consumidores cruzando diariamente a Encarnación a cargar combustible y, de paso, comprar productos variados, incluso aquellos que se consiguen aquí a precios más bajos o similares. Muchos integrantes de la Cámara de Comercio, impulsores del cambio político, están ahora paralizados. No tienen argumentos para salir a cuestionar ahora los efectos de las políticas que ellos mismos ayudaron a llegar y por eso se concentran ahora en cuestionar la política fiscal de Misiones, con la que, sin embargo, acumularon ganancias en los años de vacas gordas. También acumulan asociados con bronca y esperan el milagro del segundo semestre en el que ya nadie cree. No hay ninguna señal alentadora sobre un sorpresivo cambio que permita avizorar un mejor clima económico en el corto plazo. No hay tampoco, clientes.

No se trata de una profecía kirchnerista, sino de voces que surgen del propio oficialismo y de economistas que hasta hace poco alababan o ponían como inevitable el ajuste y los tarifazos y ahora sostienen que se desinfla la ilusión que debía comenzar en julio.

José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina y hermano del gobernador de Salta, anticipó que “no habrá recuperación” en el período que empieza en julio, sino en los primeros meses de 2017. “El sinceramiento tarifario no colaboró mucho en termino de que son casi 7 mil establecimientos industriales que se vieron afectados”, señaló. El Indec, en su primer informe oficial, reveló que la caída en la industria fue del 6,7 por ciento en abril. A la construcción no le fue mejor. Tuvo una caída de 24,1%, en comparación con igual mes del año anterior y registró la peor parálisis de los últimos catorce años. El empleo en la construcción cayó 24% en Misiones en relación a 2015, pese a que la provincia vuelve a ser nuevamente una de las primeras en mostrar reactivación gracias a la decisión del Estado provincial de mantener activas las obras públicas, aunque sea con recursos propios.

Tampoco parece interesarle al Gobierno torcer alguna decisión. Los tarifazos energéticos fueron ratificados con un tope de 500 por ciento y algunas medidas de compensación a las empresas electrointensivas, pero por lo demás, a grandes rasgos, cada medida fue ratificada. El propio ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, aseguró que “este Gobierno no tiene miedo que se pierdan algunos puestos de trabajo”. Algunos. Algunos miles. Cien mil, para los más optimistas.

Prat Gay fue noticia nuevamente por una de sus frases que quedan marcadas. A pocos días de iniciarse el segundo semestre, también se celebrará el bicentenario de la Independencia de Argentina del yugo español. Pues el ex compañero de ruta de la izquierdista Victoria Donda, fue a España y pidió “perdón” por el maltrato que le dio el Gobierno de Cristina a los capitales españoles. Los capitales españoles manejaban YPF y Aerolíneas, ambas empresas vaciadas y sobreexplotadas. Sus ejecutivos fueron denunciados por corrupción en aquel país. Pero Prat Gay pidió disculpas.

El sobrio ministro al que no le preocupa que se pierdan “algunos puestos de trabajo”, no sólo es cuestionado desde afuera, sino desde la misma alianza. Esta semana la consultora fundada por Carlos Melconian, ahora presidente del Banco Nación, lanzó una dura advertencia sobre la “bomba fiscal” que significa la ley de pago a jubilados a financiarse con el blanqueo y la eventual venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, una de las joyas de la pesada herencia.

Melconian destrozó con sus argumentos el principal anuncio social que hizo Macri: atender las demandas de los jubilados que le hicieron juicio al Estado.

La consultora de Melconian plantea que utilizar el blanqueo para financiar el paquete previsional es desaprovechar el instrumento. En el mejor de los casos sería insuficiente y se corre el riesgo de generar una presión inmanejable sobre la deuda pública”. Proyecta que al Ejecutivo le será muy complicado cumplir con la ley y que se verá obligado a recurrir al mercado de deuda pública para conseguir los recursos. Pronostica que, como consecuencia de las últimas decisiones, el sistema previsional incrementará su peso respecto del PBI hasta llegar a un nivel de 13 puntos y pretender que el blanqueo con un ingreso por única vez financie semejante globo de gasto permanente es inconducente.

Y hace números. Si se blanquearan u$s30.000 o u$s40.000 millones, el Gobierno recaudaría u$s3.000 a u$s4.000 millones, alrededor de $40.000/$55.000 millones“, lo que alcanzaría para afrontar el costo fiscal del paquete previsional solamente en 2016. Y no mucho más.

De acuerdo al proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que establece una tasa de 10 por ciento de impuesto para la repatriación de dólares y una cotización de 12,90 pesos por dólar, el Blanqueo debería ser de U$S 45.000 millones para pagar el retroactivo a Jubilados (estimado por el Gobierno en poco más de 55.000 millones de pesos) y de U$S 100.000 millones para cubrir ese retroactivo y el ajuste de jubilaciones de 2017 (estimado en 75.000) sin apelar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.

¿Cómo se financiará el sistema después? ¿Con la venta de acciones de la Anses? Es posible, pero también de corto plazo. La otra vía es el endeudamiento, con lo que todo el sistema se pondrá en riesgo. Ya no serán unos miles de jubilados en peligro, sino un revival de los años en que los abuelos mendigaban un aumento o cobrar en tiempo y forma.

Para colmo, el mismo Estado comienza a desfinanciarse, con la eliminación paulatina del impuesto a los Bienes Personales –uno de los pocos tributos progresivos que tiene el sistema, en el que el que más tiene más paga-, los recursos que pagará a las provincias de las retenciones de coparticipación y otros cambios impositivos. Así, el Estado pierde capacidad de maniobra y eventualmente, se verá obligado a volver a endeudarse para gastos corrientes.

La consultora ultraortodoxa Fiel fue lapidaria en su visión. El último informe sostiene que el costo fiscal del aumento en los pagos de jubilaciones ascendería a 0.8% del PIB en lo que resta de este año, 1.4% del PIB en 2017 y 1.7% en 2018. “Una primera consecuencia macroeconómica de los anuncios es que complican seriamente la posibilidad de cumplir con la meta de reducción gradual del déficit fiscal primario nacional a 3.3% del PIB en 2017”, advierte.

“Puede justificarse el uso de herramientas anticíclicas que permitan reducir la brecha que existe entre el producto actual y el potencial, pero Keynes alertaba sobre la necesidad de que esos mayores gastos fueran transitorios. Es claro que las propuestas del gobierno en materia previsional no pasan ese test tan elemental”, apunta.

El crédito que todavía mantiene abierto el Presidente con su electorado evita exponer estos argumentos. La oposición sigue haciendo el juego. Sergio Massa como espejo progre, el peronismo buscando su lugar y el kirchnerismo intentando recomponerse mientras asiste por un lado a la persecución judicial de sus principales dirigentes y por el otro, el papelón de algunos de sus referentes en los shows televisivos. Hasta Lilita Carrió es más punzante desde dentro con sus críticas a algunas medidas del Gobierno.

El Gobierno sabe que por ahora la oposición no está en condiciones de hacer demasiado daño y se concentra en explotar al máximo las diferencias con el kirchnerismo. La pesada herencia es el argumento que justifica cualquier medida. El manual presentado en las últimas horas es fundamental para que los medios sigan sosteniendo el contrarelato. El estado del Estado es el título elegido para una compilación que llega después de seis meses de Gobierno, en el que el macrismo detalla supuestos desmanejos de todas las áreas de la administración kirchnerista.

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El manual recuerda al Libro Negro de la Segunda Tirania, con el que la “Revolución Libertadora” buscó desprestigiar al gobierno de Juan Domingo Perón al que derrocaron en 1955 y busca el mismo objetivo. Sirve para el convencido, pero poco aporta para el que vive el día a día y que necesita respuestas urgentes. El que vivía la ilusión de poder llenar el changuito del supermercado hoy se choca con la triste realidad de que no le alcanza el dinero. A ese, poco le importa lo que ya pasó.

Las urgencias son de los Gobiernos provinciales, que tienen que resolver los problemas más acuciantes de la economía. El Gobierno provincial mantiene la premisa del diálogo y los acuerdos con la Nación para obtener soluciones a las demandas más urgentes, como el tema de la energía.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán llevó los reclamos de Misiones a los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y de Energía, Juan José Aranguren en un encuentro considerado como “positivo” porque por lo menos quedaron planteadas las inquietudes.

“A pedido expreso del gobernador Hugo Passalacqua se plantearon los cuatro puntos acordados para gestionar beneficios para Misiones. Aranguren se comprometió a revisar los intereses que percibe Cammesa a las distribuidoras cuando por la deuda de convergencia no genera intereses a favor de las distribuidoras y en cuanto a la tarifa estacional para el periodo estival asumieron el compromiso de trabajar una propuesta, sabiendo que disponen de tiempo para esto”, explicó Safrán, quien destacó que Misiones se diferenció del resto de las provincias al subsidiar la energía para el sector empresario lo que evitó una crisis más profunda.
El secretario de Hacienda indicó que las empresas electrointensivas y otras actividades en las cuales el costo energético sea relevante tendrán una bonificación del 20 por ciento del total de la tarifa, lo que es una suma relevante. “Las provincias quedamos en enviar propuestas de sectores económicos comprendidos en esta situación”, adelantó.
“El balance es positivo. Habrá una próxima reunión la semana que viene para avanzar en una tarifa especial para Pymes electrointensivas y sectores especiales y otros temas”, adelantó.
El titular de la cartera económica señaló que “el único tema que quedó en analizarse más adelante son las inversiones que pueda financiar Nación”. También el ITC diferenciado está en carpeta y podría ser uno de los anuncios de Mauricio Macri cuando vuelva a Misiones a mediados de este mes.

El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, ratificó que los diputados y senadores misioneros acompañarán las leyes que el Gobierno nacional considere necesarias y por eso habrá respaldo para el blanqueo y el pago a los jubilados. El megapaquete incluye la devolución de los recursos de coparticipación que fue pactada con las provincias.

Sin embargo, el misionerismo también marca diferencias. El futuro de la reserva San Juan, unas cinco mil hectáreas en Candelaria que fueron compradas por la Entidad Binacional Yacyretá a modo de compensación por los daños ambientales, significó un contrapunto entre la Provincia y el titular de la Entidad Binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni. Es que el presidente del PRO quiere ceder esas tierras a Parques Nacionales para que sean “bien administradas”.

El propio gobernador Hugo Passalacqua se puso al frente de la defensa de los recursos naturales que son potestad de la Provincia y pidió “reflexión” a las autoridades de la EBY para que las tierras sean entregadas a los misioneros. Ese pedido fue respaldado por la Legislatura, salvo dos diputados macristas –que en la misma noche del jueves impulsaron un insólito homenaje a Héctor Magnetto, el CEO de Clarín-, y se espera que finalmente haya un acuerdo. En el Gobierno confían en que las tierras quedarán en manos misioneras.



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