Según su DDJJ presentada ante la Oficina Anticorrupción por el período 2015, Abad reconoce poseer acciones y Obligaciones Negociables de las empresas Pan American Energy, IRSA y Arcor entre otros. Pero entre los títulos públicos con cotización en el país señalan que al inicio del año poseía un monto equivalente $ 85.525 invertido en Molinos Río de la Plata. Al cierre de ese período, el valor de esos títulos trepó, según lo declarado, a $ 121.540. Sin que el monto sea significativo en el patrimonio total del funcionario, su declaración puede traer aparejada un posible conflicto de intereses, según las normas que rigen el funcionamiento interno de AFIP.
En el acápite «b», la norma establece que nadie en AFIP «debe entablar relaciones personales o profesionales, ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo». En 2015, la AFIP inició un proceso de determinación en el cual le reclamó a la empresa el pago de Ganancias de $ 220,9 millones por el ejercicio 2006 y de $ 919 millones por el de 2007. Objetó esos pagos atrasados que habrían sido generados por precios de transferencia en transacciones internacionales entre firmas pertenecientes al mismo grupo empresario. El reclamo por la deuda coincide con el período en el que Abad fue el administrador federal: dejó su cargo en 2008. Según declaró, en 2013, esos títulos fueron incorporados a su patrimonio. De avanzar el proceso -más allá de las apelaciones planteadas por la empresa- se podría dar la paradójica situación en la que Abad debiera cobrarle a la firma en la que posee sus inversiones personales, publicó el diario Ámbito Financiero.
En ese marco, también resaltan dos deudas reconocidas con el Banco Santander Río (por $ 720.000 cada una) y con Prisma Medios de Pago ($ 85.950), que agrupa servicios de pago electrónico como Pago Mis Cuentas y Monedero, entre otras. De ambas Abad fue director titular en las sociedades controlantes. Esas dos empresas están incluidas en los procesos de fiscalización del organismo. En 2014, el kirchnerista Norberto Berner había sido denunciado por haber declarado una deuda con una telefónica que debía ser controlada por la Secretaría de Telecomunicaciones a su cargo.
Abad está imputado por presunta violación de secretos en una causa que investiga l-a divulgación de datos bajo secreto fiscal con objetivos políticos. En medio de un clima enrarecido dentro de la AFIP, hizo circular un memo interno en el cual exhortó a la unidad del personal, conmocionado por las denuncias contra funcionarios del organismo recaudador. «Se han realizado importantes acciones legales en contra de grupos económicos que intentan defraudar al Estado, evadiendo impuestos o aprovechando indebidamente beneficios fiscales»,sostuvo el descargo en el que resaltó las acciones penales llevadas adelantes por AFIP.