La nueva secretaria para las Mujeres en Brasil, la socióloga Fátima Pelaes, es una devota evangelista y se opone al aborto incluso en casos de violación, algo permitido por la legislación brasileña, informó hoy la prensa local.
La designación de Pelaes fue realizada por el presidente interino Michel Temer, quien extinguió el Ministerio de las Mujeres de la gestión de la suspendida Dilma Rousseff y lo rebajó a secretaría dependiente de la cartera de Justicia.
La designación se dio en medio de la conmoción nacional por la violación de una adolescente de 16 años por unos 30 hombres, en Rio de Janeiro, que filmaron y divulgaron el delito en las redes sociales.
Pelaes, dirigente del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña, hasta 2002 defendía la despenalización del aborto, como todas sus antecesoras en el cargo, pero ha cambiado debido a su fe religiosa, según la agencia de noticias privada Estado.
En una reciente entrevista, dijo que desde que adhirió a la Asamblea de Dios, evangelista, conoció «a Jesús» y considera que «el derecho de vivir tiene que ser dado a todos».
Y se puso como ejemplo, ya que ella nació en la prisión producto de un abuso contra su madre, quien cumplía cárcel por un crimen pasional.
La nueva secretaria es autora de leyes que obligaron a construir secciones para embarazadas y guarderías en todas las prisiones del país.
Anoche, ante la conmoción por la vejación de la adolescente de 16 años, el Senado aprobó de urgencia y dio media sanción por unanimidad un proyecto de ley que prevé un aumento de las penas por delitos de violación colectiva.
La medida, que todavía debe ser analizada por la Cámara de los Diputados, incrementa las penas por agresiones sexuales colectivas entre uno y dos tercios, dependiendo del caso.
El Código Penal brasileño establece condenas de entre 6 a 10 años de prisión por violación y hasta 12 años y medio en caso de que la agresión sexual haya sido cometida por más de dos personas.
Con el nuevo proyecto de ley la pena por una violación colectiva aumentaría hasta poco más de los 13 años, aunque la condena podría ser todavía mayor si la víctima es menor de 14 años o fallece después de la agresión.
El gobierno interino anunció ayer la creación de un departamento de combate a los delitos contra las mujeres, el cual dependerá del Ministerio de Justicia.
La designación de Pelaes fue realizada por el presidente interino Michel Temer, quien extinguió el Ministerio de las Mujeres de la gestión de la suspendida Dilma Rousseff y lo rebajó a secretaría dependiente de la cartera de Justicia.
La designación se dio en medio de la conmoción nacional por la violación de una adolescente de 16 años por unos 30 hombres, en Rio de Janeiro, que filmaron y divulgaron el delito en las redes sociales.
Pelaes, dirigente del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña, hasta 2002 defendía la despenalización del aborto, como todas sus antecesoras en el cargo, pero ha cambiado debido a su fe religiosa, según la agencia de noticias privada Estado.
En una reciente entrevista, dijo que desde que adhirió a la Asamblea de Dios, evangelista, conoció «a Jesús» y considera que «el derecho de vivir tiene que ser dado a todos».
Y se puso como ejemplo, ya que ella nació en la prisión producto de un abuso contra su madre, quien cumplía cárcel por un crimen pasional.
La nueva secretaria es autora de leyes que obligaron a construir secciones para embarazadas y guarderías en todas las prisiones del país.
Anoche, ante la conmoción por la vejación de la adolescente de 16 años, el Senado aprobó de urgencia y dio media sanción por unanimidad un proyecto de ley que prevé un aumento de las penas por delitos de violación colectiva.
La medida, que todavía debe ser analizada por la Cámara de los Diputados, incrementa las penas por agresiones sexuales colectivas entre uno y dos tercios, dependiendo del caso.
El Código Penal brasileño establece condenas de entre 6 a 10 años de prisión por violación y hasta 12 años y medio en caso de que la agresión sexual haya sido cometida por más de dos personas.
Con el nuevo proyecto de ley la pena por una violación colectiva aumentaría hasta poco más de los 13 años, aunque la condena podría ser todavía mayor si la víctima es menor de 14 años o fallece después de la agresión.
El gobierno interino anunció ayer la creación de un departamento de combate a los delitos contra las mujeres, el cual dependerá del Ministerio de Justicia.
