El golpe institucional que derrocó a Dilma Rousseff reconfigura el mapa político de todo el sur del continente con Brasil y Argentina como puntas de lanza para el resurgimiento del neoliberalismo impuesto por las burguesías aliadas a los poderes económicos transnacionales. Después de poco más de una década de gobiernos progrepopulistas en la región, hay olor a revancha y especialmente de retroceso en derechos sociales y conquistas económicas. La judicialización de la política está en su apogeo, a la caza de actos de corrupción que opaquen el “populismo” de Dilma –o de Cristina-.
Michel Temer encarna el “triunfo” de los sectores que venían siendo derrotados desde la irrupción del PT de la mano de Lula Da Silva. Pero también refleja la incapacidad de los gobiernos “populistas” de blindar esas conquistas sociales y que a su vez sean la palanca para mayores transformaciones. Dilma comienza a caer no en el circense impeachment, sino cuando decidió seguir recetas de ajuste que no tenían nada que ver con la plataforma del PT. Cristina llegó al final del mandato con lo justo pero ahora su nombre es vapuleado por jueces alineados al nuevo poder que hasta juzgan las decisiones de política económica que, extrañamente, hicieron un poco más ricos a varios de los funcionarios del actual gobierno.
No es casual que Argentina haya reconocido inmediatamente al Cobos brasileño como el líder de un “proceso institucional” que debe apenas pone a prueba la “solidez de la democracia”. El gobierno de Mauricio Macri ya da por sentado que Dilma será finalmente condenada y Temer seguirá hasta las nuevas elecciones con un plan muy similar y sin ambages: ajuste y despidos para recuperar la economía.
Por eso el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay consideró la caída de Dilma como una posibilidad de “refundar” el Mercosur en base a los principios de Temer y del macrismo.
Es cierto que el Mercosur no terminó nunca de consolidarse como bloque común del sur y en buena parte, los gobiernos previos de Argentina y Brasil son responsables. En los papeles y para San Pablo o Buenos Aires, los mecanismos estaban aceitados pero en el llano, por las trabas burocráticas, Misiones no puede mejorar la fluidez de sus fronteras con Encarnación o con el Estado de Santa Catarina. El bloque debe ser mucho más que el intercambio de autos entre las grandes marcas.
La refundación a la que aspira Prat Gay se basa en un giro en la política regional a pedido de Estados Unidos con la Alianza del Pacífico y de Europa, con acuerdos de libre comercio. Nada que la región no haya experimentado en los 90 durante las relaciones carnales, cuyas consecuencias fueron el crecimiento de la desigualdad y la pobreza contada por millones.
“El viaje de Obama a Argentina y su identificación con el proyecto neoliberal del gobierno Macri revelan los objetivos centrales de Estados Unidos en la región. El silencio cómplice de Obama respecto al golpe en Brasil confirma el regocijo de Washington con esa posibilidad”, destaca Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro.
Aunque no son procesos idénticos y cada uno tuvo sus matices, con el liderazgo de Brasil y de Argentina, en buena parte de los países del sur del continente en la última década se dio un proceso inverso en el que millones de personas lograron salir de la pobreza y emerger como nuevos actores sociales cuyas demandas, sin embargo, terminaron por convertirse en un boomerang que puso en jaque a Dilma con las protestas por el transporte o que derivó en la elección del cambio representado por el PRO.
El cambio, de todos modos, no garantiza que esas nuevas demandas sean satisfechas. Pasaron los primeros cinco meses del gobierno de Mauricio Macri y las únicas definiciones fueron medidas de ajuste que significaron miles de despidos y una brutal caída del consumo, que arrastra incluso a aquellos que hasta hace poco tiempo se consideraban en la punta de la pirámide económica, que ahora se suman a las hordas que buscan precios más baratos en una feria.
Macri se muestra blindado ante el impacto de las políticas aplicadas y todavía cuenta con la cobertura mediática y el respaldo aliado de actores como Sergio Massa y algunos dentro del peronismo. Durante los últimos meses negó que haya una crisis de empleo, hasta que, ante la inminencia de una ley que frene los despidos, juntó de urgencia a un grupo de empresarios para firmar un pacto que permita “no reducir” sus planteles por 90 días. Esa movida logró neutralizar, con la complicidad de Massa, la ley antidespidos. Pero apenas salieron de la Casa Rosada, varios de los empresarios siguieron con las notificaciones de suspensiones y despidos. La realidad no se puede ocultar. Sin consumo, sin inversiones y con promesas de más ajuste, lo inevitable, es despedir.
La generación de empleo que para Macri es prioridad, no se registra y cada vez son más los sectores de la economía que comienzan a suspender o despedir. Los madereros de Misiones, agobiados por la apertura de importaciones y la caída de las ventas, comienzan a extrañar a Guillermo Moreno y advierten que no encuentran ninguna respuesta del Gobierno nacional para revertir el proceso.
El empleo de calidad que promete el Gobierno para contrastarlo con los ñoquis y la grasa militante desechada del Estado no solo no se registra. En cambio, se ofertan cinco mil puestos para cubrir vacantes en McDonald’s. A los jóvenes de 18 a 23 años se les pagará por 30 horas semanales, 4.500 pesos, de los cuáles mil serán aportados por el propio Estado -el salario mínimo es de 6.060 pesos mensuales-. El subsidio irá a cubrir los costos de la multinacional de la comida chatarra que pagará en la Argentina un salario bastante por debajo de lo que le permiten en Estados Unidos. Allá McDonald’s tuvo que aumentar a 9.90 dólares la hora, conquista que no alcanzó a las franquicias, que son el 90 por ciento de la visibilidad de la marca. Un hamburguesero de Estados Unidos cobra por estos días 1188 dólares como salario mínimo. En Argentina, recibirá 241, apenas por encima del salario mínimo de la década de los 90.
McDonald’s no es considerado empleo de calidad siquiera en Estados Unidos.
Hace tres años un misionero fue protagonista de una gran rebelión de los explotados por la firma global. Javier Ríos lideró una huelga en Pennsylvania, respaldado por trabajadores estadounidenses y líderes sindicales de ese país, a causa de una serie de abusos laborales ejercidos en contra de trabajadores latinoamericanos y asiáticos que participan de una experiencia laboral, que está avalada por el departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ríos no era apenas un joven en busca de experiencias, sino un profesor de inglés y estudiante universitario de Comunicación.
Junto a otros estudiantes de Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Chile, Malasia y China, pagaron un promedio de 3.000 dólares cada uno para participar en el programa “Summer Work and Travel” bajo la visa J-1 del Departamento de Estado de Estados Unidos, catalogado como de “intercambio cultural”.
A los pocos días de llegar el empleador no cumplió con las 40 horas semanales de trabajo que figuraban en el contrato (a razón de 7,25 dólares la hora) y le asignó una cantidad menor, variable, que redundó en la imposibilidad de mantenerse y que lo puso en una situación de vulnerabilidad y dependencia. Fue alojado en un sótano y tenía que pagar por su comida. Era un esclavo, víctima de los mensúes de la globalización. Lejos de un ejemplo de calidad. Ríos logró un triunfo a medias. McDonald’s le retiró la franquicia a su empleador, pero las condiciones laborales no cambiaron demasiado en la misma compañía, aunque tuvieron que aumentar en dos o tres dólares la hora trabajada.
Está claro que una ley no impedirá que haya despidos. En el fondo, lo que está en discusión es el modelo económico que no cesa de expulsar trabajadores y en paralelo, no incorpora. Un empleo en McDonald’s que en Estados Unidos está reservado para aquellos que no tienen otra oportunidad, no puede ser considerado de calidad.
Sin embargo, en el Gobierno no parecen preocuparse demasiado y el número de despedidos es sólo eso, un número. El diario Clarín reveló que el propio Macri minimizó los reclamos gremiales minutos antes de firmar el acuerdo con los empresarios “De qué te quejás (Omar) Maturana –líder del gremio de los ferroviarios-, que un peón de limpieza en un tren gana 20.000 pesos, mucho más que un obrero metalúrgico calificado”, reflejó el diario. Al titular de una de las CGT, el metalúrgico Antonio Caló el Presidente lo cruzó “indignado”: “Tenés solo tres mil desocupados en el gremio, con la crisis de Brasil. ¿Y eso para vos es desocupación?”, cuenta que dijo el Presidente.
Es una visión del problema que es compartida en la alianza gobernante. El radical PRO Luis Pastori, con extrema sinceridad, opinó que “prohibir los despidos no tiene sentido en un mundo en donde las cosas cambian muy rápidamente” y más allá de los casos particulares, “está claro que lo normal es que el último en entrar es el primero en salir, porque es el más fácil de remplazar y porque al tener menos antigüedad es el más barato para despedir. Y esos puestos más reemplazables hacen de válvula de ajuste en tiempos complejos. El problema de los circuitos sin válvulas de escape es que juntan presión hasta que estallan”. La flexibilidad laboral en su máxima expresión.
La política laboral del Gobierno marcha en ese sentido. El ministro Jorge Triaca anunció que en el Consejo Nacional del Salario se analizará la aplicación de descuentos para quien realice huelgas, lo que va en contra de un derecho constitucional. «Lo que creemos es que en el marco del Consejo del Salario, sería bueno sumar temas pendientes de debate, como la caída en la producción, el alto nivel de ausentismo y las adicciones», blanqueó.
La pérdida de empleo claramente no está en el radar de prioridades del Gobierno, pese al impacto directo en la pobreza, por la combinación de tarifazos y quitas de subsidios.
Por eso no extrañó el fuerte mensaje de los obispos titulado «Bicentenario de la Independencia: tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos». «No hay plena democracia sin inclusión e integración y esto requiere el compromiso de todos», señalaron. Después, hicieron referencia a la necesidad de asegurar las tres «T» como pregona el papa Francisco: «El derecho al trabajo, la propiedad de la tierra y un techo habitable», lo cual «está muy lejos de un protagonismo economicista devastador, que impone sin ninguna ética su dominio absoluto».
La visión economicista es justamente la que domina el Gobierno. Las principales medidas tomadas en los primeros cinco meses de gestión apuntaron a la salida del Cepo, mejorar la rentabilidad de los exportadores y eliminar subsidios para reducir el déficit fiscal. Las primeras beneficiaron directamente a un sector concentrado de la economía.
El fin del cepo al dólar no se tradujo en lluvia de inversiones, sino en un crecimiento exponencial de la fuga de capitales. Cerca de 6.200 millones de dólares salieron del país en los primeros meses.
Las segundas medidas se tradujeron en pérdida de empleo y una fuerte caída del poder adquisitivo que generó no menos de un millón y medio de nuevos pobres, según los datos de la Universidad Católica Argentina, fuente confiable del propio macrismo.
La masiva protesta de la comunidad universitaria también es una muestra de que la visión economicista puede causar daños irreversibles. El desfinanciamiento universitario y la oferta salarial escasa, unieron a docentes y estudiantes en una marcha cuyo último antecedente se remonta a cuando Ricardo López Murphy proponía que la educación era un gasto y por ende, recortable.
Con las provincias la relación sigue siendo tirante. Por un lado se promueve el diálogo, pero por el otro, no hay avances en los acuerdos que necesitan los gobernadores para sostener la actividad en cada una de las provincias. La obra pública todavía no muestra signos de recuperación y los recursos federales están mostrando síntomas de enfermedad. La caída del consumo impacta en los recursos coparticipables y una medida tomada para mejorar la actividad de las Pymes, puede agravar el cuadro. Las pequeñas empresas, para hacer caja, podrán liquidar IVA cada 90 días, pero eso provocará una merma en lo que se reparte con las provincias. Habrá que ver cómo se sostienen las provincias con una caída pronunciada de la coparticipación.
El Gobierno nacional prepara una nueva oferta para los gobernadores con los que habrá una nueva cumbre esta semana. Sin embargo, incluye una cláusula que genera interrogantes: dejar de descontar un porcentaje de recursos para la Anses y la Afip, a cambio de un endeudamiento a tasas bajas. Es decir, para recuperar los recursos, las Provincias deberían asumir una nueva deuda con la Nación, aunque a una tasa más baja que la del mercado financiero.
La nueva propuesta del ministerio del Interior consiste en una devolución en efectivo de 3 de los 15 puntos porcentuales que retiene la Nación. Junto a eso, la Nación le girará un 6 por ciento extra, bajo la forma de un préstamo. Las provincias -también muy necesitadas de dinero en efectivo- estarían recibiendo de esta forma 9 por ciento en efectivo, de un total de 15 por ciento que se les retiene.
Pero las provincias como Misiones que tengan deuda con la Nación, deberán “aplicar” la mitad de ese dinero para compensar deuda con la Nación.
La oferta no convence demasiado porque no es generosa en la medida de las necesidades de las provincias, aunque la intención de Misiones sigue siendo firmar un acuerdo.
El gobernador Hugo Passalacqua mantiene firme la idea de mantener abierto el canal de diálogo y garantizar la gobernabilidad de la Nación. Esa premisa fue ratificada en un encuentro que mantuvieron Passalacqua, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, el ex gobernador y ahora diputado nacional, Maurice Closs, los ministros del gabinete y el resto de los diputados nacionales. El jefe de Gabinete, Adolfo Pischik, quien ofició como vocero del encuentro, señaló que “este es un momento difícil en donde tenemos que tratar de colaborar entre todos, superar los debates abstractos y alcanzar las buenas relaciones”.
Sin embargo, advirtió que “los fondos vienen a cuenta gota, los recursos que llegan no alcanzan para cubrir la inflación y los que deberían llegar para programas específicos están tardando y eso reciente la economía”.
Esa gobernabilidad que ofrece Misiones no tiene contraparte visible en la Nación. Hasta ahora han sido buenas intenciones pero poca efectividad y hay problemas que demandan una solución urgente, como el reclamo por el regreso del ITC diferenciado para los combustibles. Es que la fuga de dinero por las fronteras misioneras se acentúa con el paso de los días en la búsqueda de nafta más barata en Encarnación, donde se duplicó la venta, y en Foz de Iguazú, donde creció 80 por ciento la demanda de compradores argentinos. Como contracara, la venta de combustible en Posadas según las estaciones de servicio, cayó por lo menos 35 por ciento. El problema es que quien cruza la frontera no sólo carga combustible, sino que de paso, compra ropa o alimentos. Eso es dinero que se deja de gastar en Misiones.
Según un estudio oficial del Gobierno provincial, si se reimplanta el ITC diferenciado el precio de las naftas podría retroceder a 15.78 pesos sin un mayor costo fiscal para la Nación, ya que se compensaría con un mayor volumen de ventas.
La propuesta por parte de Pasalaccqua para salvar tales diferencias seria reducir al 50% ITC el cual de acuerdo a la Ley 26.028 en su artículo 5º establece que la alícuota del impuesto será del 22 por ciento y además ajustar el cluster en 2 pesos, extendiéndolo a toda la provincia. Así, se alcanzaría un precio de 15,78 pesos de nafta, en un valor intermedio, más cercano en términos comparativos a Brasil y Paraguay.
Si el Gobierno Nacional redujera el ITC en Misiones para compensar las asimetrías adversas en un 50 por ciento, implicaría un costo fiscal mensual aproximado de 38 millones, los cuales se compensarían con un mayor volumen de ventas en la provincia (por precios aproximadamente equivalente con los de Paraguay y Brasil) que implicarían una mejora en la recaudación del ITC de 19 millones, como así también en el IVA por 13,4 millones, Ingresos Brutos por 2,5 millones y demás tributos por 0,6 millones aproximadamente. Por ende, la reducción en la recaudación neta sería de 2,6 millones. Prat Gay solo hizo acuse de recibo del reclamo misionero, pero no dio ninguna señal de que lo vaya a atender.
La pulseada por la definición del precio de la yerba mate también desnuda una pasividad pasmosa de los funcionarios nacionales. El laudo que fijó la Nación está por debajo de los costos estimados por el propio Instituto Nacional de la Yerba Mate y no cubre los gastos de los productores. El último tarifazo en los combustibles acentuó aún más la diferencia entre los costos y el valor del producto. Pasaron las dos semanas de tregua pedidas por la Nación y no hubo demasiados avances ni una oferta superadora. Solo se acordó avanzar en créditos por 300 millones a tasas subsidiadas y un fondo de garantías para que los secaderos paguen el precio acordado. Todo está en los papeles. Pero la actualización de precios parece estar lejos. Incluso mucho más del precio que sugirió el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira: «Nunca puede valer menos que 50 centavos de dólar, que es lo que históricamente, más allá de las fluctuaciones, lo que ha ocurrido. Esto es más de siete pesos. El productor yerbatero sabe la importancia de ese valor base y por debajo está plagado de sufrimiento”, expresó el conductor de la Renovación, quien pidió que todas las bancadas políticas en Misiones confluyan en proyectos que apunten a defender la producción misionera. Llamativamente, consiguió que incluso los integrantes de la alianza UCR-PRO, acompañaran un pedido de subsidio a la Nación.
Lo mismo sucede con el sector maderero. Empresarios y trabajadores comienzan a extrañar a Guillermo Moreno. La apertura de las importaciones provocó el ingreso irrestricto de madera de menor calidad y menor precio desde Uruguay y Brasil. A eso se suma la caída de la demanda. Ambos elementos impactaron directamente en los aserraderos de la zona norte que lentamente comienzan a aplicar suspensiones y advierten que habrá despidos. Los trabajadores piden un aumento del 35 por ciento y solo les ofrecieron 20. Por ahora hay entendimiento entre obreros y empresarios, que incluso quisieron acompañar en la protesta sobre la ruta nacional 12, pero ninguno puede garantizar que el conflicto no vaya in crescendo.
El secretario general del Sindicato Obrero de la Industria maderera de Eldorado (Soime) Aureliano Sánchez fue tajante: “Esta película ya la vivimos. Esperamos que tenga otro final, no el que tuvimos en la década del ´90 cuando se cerraron decenas de empresas madereras dejando a cientos de trabajadores en la calle”.
