VIVO: el Senado de Brasil decide el futuro de Dilma Rousseff

Estos son los fundamentos jurídicos en los que se basa el pedido de Impeachment de Dilma Rousseff, presentado el año pasado por los juristas Miguel Reale Júnior, Janaina Paschoal y Hélio Bicudo, y la respuesta que dio la defensa, realizada por el Abogado General de la República, José Eduardo Cardozo:

 

-«RUEDAS FISCALES» EN 2015-

 

ACUSACIÓN: El Tesoro Nacional retrasó el pago al Banco do Brasil de 3.500 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares) relativos al programa agrícola Plan Safra, que es una línea de crédito especial para agricultores. El banco pagó en tiempo y forma a los beneficiarios los fondos que demandaban, lo que configura un préstamo del banco estatal al gobierno. Esto está prohibido por ley. A esta retención del dinero por parte del Estado se le llama «ruedas fiscales».

DEFENSA: Las «ruedas fiscales» son simplemente atrasos en los pagos y no configuran préstamos. El Tribunal de Cuentas no se manifestó sobre la existencia de «ruedas fiscales» en este caso.

 

-APERTURA DE CRÉDITOS POR DECRETO-

 

ACUSACIÓN: La presidenta promulgó decretos autorizando la apertura de créditos complementarios por 96.000 millones de reales (unos 27.400 millones de dólares). Estos gastos extras deberían haber sido avalados por el Congreso.

DEFENSA: La Ley de Presupuesto de 2015 permite el uso de decretos para la apertura de créditos ante la necesaria agilidad para el funcionamiento del Estado. Los actos tuvieron el aval de técnicos de varios ministerios.

 

-«MAQUILLAJE» DE LOS RESULTADOS CONTABLES-

 

ACUSACIÓN: El gobierno dejó de contabilizar las «ruedas fiscales» como deuda pública, lo que generó un superávit artificial a lo largo de 2015.

DEFENSA: Fue promulgado un decreto de bloqueo de gastos públicos por un valor de 8.500 millones de reales (unos 2.400 millones de dólares), lo que permitiría al gobierno alcanzar la meta fiscal.

 

-PETROBRAS-

 

ACUSACIÓN: El cambista Alberto Youssef, uno de los principales implicados en la trama de corrupción en Petrobras, acusó a Rousseff de estar al tanto, cuando presidía el consejo de administración de la estatal, de un negocio que ocasionó millonarias pérdidas a la empresa. Se presume que el negocio estuvo vinculado a los desvíos de fondos ocurridos en Petrobras.

DEFENSA: En este punto la defensa no se manifestó porque solicitó que el proceso contra la presidenta se restrinja a actos durante el presente mandato, que comenzó en enero de 2015.

Estas últimas dos acusaciones -«maquillaje» de superávit y negocio perjudicial para Petrobras- no fueron consideradas por la comisión especial de la Cámara de Diputados que dio un primer dictamen sobre el proceso contra Rousseff. No obstante, la Cámara Baja dejó abierta la posibilidad de que el Senado, en caso de decidirse por la apertura del juicio, pueda incluirlas en los autos del proceso.