Villalonga: “Hay que determinar por ley los estándares ambientales para las fábricas de celulosa y papel en la Argentina”

El diputado nacional por Buenos Aires (Cambiemos), ex directivo de Greenpeace Argentina y miembro del movimiento político y social Los Verdes, Juan Carlos Villalonga, se refirió en una entrevista exclusiva con ArgentinaForestal.com a su compromiso de retomar en el Congreso Nacional el debate por una ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Industria de Celulosa y Papel. Entre 2007 y 2014 fueron varias las iniciativas presentadas pero ninguna prosperó.

El conflicto bilateral más polémico de los últimos años entre la Argentina y Uruguay se desarrolló entre 2002 y 2010 como consecuencia de la posible instalación de dos plantas de celulosa de papel en la zona de Fray Bentos, a unos 30 kilómetros de Gualeguaychú. Finalmente, se instaló una: la finlandesa Botnia, hoy UPM. La comunidad local entrerriana inició desde entonces una lucha ciudadana en rechazo de su instalación y su preocupación, hasta la fecha, es la contaminación ambiental que pudiera producir la planta industrial finlandesa.

 

AF: Ud. fue protagonista del polémico debate ambiental entre la Argentina y Uruguay generado por la instalación de Botnia. A casi 10 años de la puesta en marcha de la fábrica (2007) siguen en Gualeguaychú con las movilizaciones ciudadanas en rechazo de la misma y la gente mantiene su temor por la contaminación. Por otra parte, hay un nuevo escenario político económico en la Argentina que se manifiesta a favor de las inversiones en la industria forestal y promueven un mejor clima de negocio en este aspecto, incluso en Corrientes están avanzando en un estudio de pre-factibilidad de un proyecto concreto para la instalación de una fabrica de papeles marrones a menor escala (350 mil toneladas año). Sin embargo, en materia de legislación ambiental en el país no hubo avances para marcar un piso en los estándares ambientales y garantizar a la sociedad la política que regirá en este sector.

¿Cuál es su visión de todo lo sucedido y frente a la situación actual de que se concreten posibles inversiones de industrias de celulosa y papel en el país?

JCV: Creo que después de aquella loca campaña, y digo loca porque fue bastante irracional en muchos sentidos y fue bastante improductiva, finalmente la Argentina no mejoró en nada sus estándares ambientales para con el sector.

Fue improductiva porque después de todo, no se formalizó esto que sucedió en una normativa superadora que brinde tranquilidad a la sociedad, que la población entienda que el sector cumple normas técnicas y que el Estado las hace cumplir (el control es la única manera que se le puede dar tranquilidad a la gente). Todo esto no pasó.

La verdad, desde ese entonces, entre 2005-2006, el país estuvo fuera del radar de cualquier tipo de inversión. Argentina no estaba en la mirada de los inversores.

En la actualidad, si todo sale bien, el país podría tener nuevamente elementos o atributos que la hagan atractiva para las inversiones. Obviamente, si esto es así, una de las inversiones potenciales es en el sector de celulosa y papel para la región de la Mesopotamia con la instalación de nuevas fábricas, como sucedió en esta última década en países vecinos como Brasil y Uruguay, ya que la región es apta para ese tipo de industrias.

Brasil recibió muchas inversiones desde hace un tiempo, Uruguay recibió bastante, Argentina tuvo “nada”.

Estos países vecinos tenían las mismas condiciones naturales y productivas que la Argentina, y un clima de negocio favorable. Pero la Argentina no.

En la actualidad, si el clima de negocio en el país fuera más positivo y hace posible que se instalen estas inversiones en celulosa y papel, se hace más necesario que nunca tener una normativa que establezcan cuáles son los Presupuestos Mínimos para los estándares ambientales a cumplir en este sector . Hay que determinar la línea base para que ninguna planta industrial que quiera instalarse en la Argentina pueda estar por debajo de este estándar.

Siempre mencionábamos el ejemplo de las mejores tecnologías disponibles (MTD) que se utilizaban en la Unión Europea, que hace que una planta de este tipo que se instale en Portugal sea igual que la que se instala en Finlandia. Esto lo menciono porque en aquel momento del debate, uno de los argumentos que preocupaba era que se pensaba que los inversores venían con una tecnología del tercer mundo, cosa que no era así.

Pero además, no era así porque el inversor trabajaba con las MTD y no porque el Estado aquí lo exigiera. Hasta hoy estamos indefensos en ese sentido. Es decir, dependíamos más de que el inversor llegara con una planta moderna que otra cosa.

Entonces, creo que hay que recuperar el tiempo perdido y hay que tener una normativa para ordenar las nuevas inversiones que lleguen, y más aún, ordenar las plantas existentes, que si bien son de menor escala,  algunas de ellas no calificarían con los estándares que una ley de PM obligaría. Pero en buena hora.

Por supuesto que hay que darles un tiempo de adaptación a las empresas argentinas, pero todo lo que se instale en el país tiene que ser de un estándar ambiental básico, en primer lugar para dar tranquilidad a la gente, en segundo lugar tiene que ser un estándar nacional que regule en todo el país el piso, y en todo caso que las provincias eleven a partir de allí las exigencias.

Pero no puede tener una normativa de Presupuestos Mínimos para el sector la provincia de Corrientes, diferente a la que se establezca en Entre Ríos u otra en Misiones porque de esta manera se constituye una competencia perversa para ver quien exige menos y quien recibe más inversiones.

Es fundamental que avancemos en una línea de base nacional con una ley de Presupuestos Mínimos de exigencias ambientales para la industria de celulosa y papel.

Después, si alguna provincia quiere exigir más, que exija más. De lo contrario, lo que sucederá es que aquella provincia que no legisla sobre este tema, será la provincia que más inversiones reciba.

 

Vista desde Gualeguaychú de la planta de UPM-Botnia, en Fray Bentos (Uruguay). Foto: ArgentinaForestal.com

 

AF: ¿Desde el ámbito legislativo trabajará en este aspecto, tienen en agenda reactivar este proyecto de ley para el sector?

JCV: Yo estoy comprometido en hacerlo. Lo propuse, lo prometí, solo que en estos primeros meses la agenda parlamentaria estuvo muy focalizada en los temas económicos muy urgentes, desde los holdouts hasta la polémica actual por la doble indemnización, todo eso ha llevado a que en estos casi tres meses de agenda parlamentaria estuviera con otros debates.

Pero pronto voy a presentar un proyecto de PM. Fue una de las cosas en las que cuando estuve  involucrado y siguiendo el tema lo propuse. Nunca propuse ni que se fueran ni que no se instalen, siempre dije que se tienen que fijar los estándares ambientales mínimos básicos, ya que de esta manera sabremos que tipo de pastera o papelera queremos tener.

Si se establece un buen ordenamiento territorial, lo podemos definir. Hay que planificar la capacidad de carga que pueda soportar una provincia, o el Río Uruguay, por ejemplo. Pautas básicas ¿cuántas plantas? ¿Dónde?¿Una pastera, dos, 10, 20, 30?.Tiene que haber una planificación en este sentido.

Creo que de aquel conflicto generado por Botnia, lo bueno fue que no se cometiera la locura de instalar dos plantas enfrente de Gualeguaychú. Dos plantas era una tremenda estupidez. De hecho, Ence se retiró. Todo lo demás, lo de ir a la Corte de La Haya, todo eso fue una gran puesta en escena típica de los Kirchner.

 

AF: ¿Desde el punto de vista ambiental, hubo un crecimiento  de la sociedad en defensa de lo ambiental, hay mayor conciencia?

JCV: Si. Hay mayor percepción, mayor sensibilidad, mayor nivel de información. Prácticamente no hay potencial conflicto ambiental que no genere su debida reacción. Después esta en la política, en las propias fuerzas sociales encauzar ese conflicto adecuadamente o no, lo interesante es que la reacción aparece. Ya no hay tema que pase desapercibido.

 

Por Patricia Escobar 

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