Sandra Giménez sobre la deuda pública: “Cómo lo establece la Constitución de la Nación”

Durante en el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para el pago a los holdouts y cancelación de deuda en default, se presentó un proyecto para limitar los procesos de endeudamientos futuros por parte de la Argentina. El mismo fue acompañado por varios Senadores nacionales, entre ellos, la Senadora de la Nación por Misiones, Sandra Giménez.

 

Mientras la Argentina tenía deuda en default, el país estaba muy limitado para adquirir nuevos créditos, pero una vez saldados estos, la posibilidad de endeudarse de manera desproporcionada se acrecienta.

 

La Senadora Sandra Giménez, que no quiere que se repitan errores y consecuencias del pasado, dijo que “no cuenten conmigo para endeudar nuevamente a la República Argentina sin los mecanismos constitucionales cumplidos y sin la transparencia de los modos, o los mecanismos que explicitan las leyes vigentes”, aunque reconoció  que, “eso no evitará que las mayorías lo hagan”.

 

Quedó claro que para la Senadora de la Nación, este nuevo escenario amerita que el Poder Legislativo recupere su facultad de controlar y aprobar todo proceso de endeudamiento del País tal cómo lo establece el artículo 75 de la Constitución de la Nación.

 

Giménez, aclaró que acompañó el proyecto de la mayoría como integrante de la comisión de Economía Nacional e inversiones, porque el mismo recobraba el espíritu “de buscar retomar nuestra facultad institucional de autorizar el empréstito público, el crédito público. Ese era el espíritu inicial con el cuál a mi me convocaron a acompañar el proyecto. Y del cómo hacerlo”, sostuvo.

 

Por su parte, Sandra Giménez, sostiene que es necesario que se especifiquen, en la Ley de Administración Financiera, las “Condiciones de contratación de bancos, agentes financieros, colocadores, agentes de pago, así como todo otro intermediario involucrado en la operación, sus condiciones de cálculos y pago de honorarios, comisiones, gastos administrativos y todo otro costo involucrado en la operación; identificación de la composición societaria de los intermediarios referidos, y de quienes participen en la operación”. A su vez, solicita mediante modificación del artículo 65 de la misma ley, que la prórroga de la jurisdicción extranjera, por parte de organismos del Estado nacional, sea con previa autorización del Poder Legislativo de la Nación, como así también, aquellos que quieran solicitar créditos que recaigan en las cuentas públicas, como pueden ser las empresas públicas donde el Estado tenga mayoría accionaria, los organismos descentralizados y los organismos de la seguridad social, como la Anses.

 

Según la Senadora misionera, estas herramientas, que propuso en su dictamen de minoría, hubiese ayudado a los legisladores si la tenían a mano cuando se produjeron los mayores endeudamientos del país, porque iban a estar mejor informados y la economía no hubiese dominado a la política, dominación que nos llevó a un quiebre social que nadie quiere repetir.

 

Para Sandra Giménez,“esas decisiones y esas influencias políticas no fueron casuales, sino que estaban movidas por intereses económicos muy mezquinos y ocultos, que solo quisieron organizar un sistema financiero vicioso, sesgado y que les garantizará alta rentabilidad a los prestadores de dinero que tuvieron en ese momento nombre de instituciones de prestigios: el FMI, el Banco Mundial, el BID, y la banca operacional y sus operadores financieros, donde encontramos al JP Morgan, al City Bank, al ABN Amro, etc…”.

 

Después de dar cuenta del proceso de desarrollo de la estructura financiera del país, Sandra Giménez dijo que el “sistema bancario de la República Argentina, tuvo una gran expansión en las inversiones especulativas extranjeras. Un consorcio de bancos internacionales ingresaron a la Argentina con fusiones y adquisiciones que terminaron concentrando el sistema financiero”. Cómo ejemplo, brindó información oficial donde se refleja que “a principios de los 90´ había 300 bancos en el mercado local y en el 99 habían 100, al mismo tiempo que se había ampliado la población de adquisición de créditos”.

 

El resultado de esta concentración en la estructura bancaria fue el condicionamiento en las decisiones de política financiera, motivo por el cual, “los argentinos tuvieron que asistir con los ahorros propios a estas entidades bancarias, siendo socios en las pérdidas cuando no lo habíamos sido en las ganancias”, fundamentó Giménez.

 

Para Sandra Giménez, más allá del dictamen de la mayoría que limita el proceso de endeudamiento, y que se aprobó, en la ley de Administración Financiera está “todo exceptuado en el artículo 60 y nada va a venir a pedir autorización”, porque durante el transcurso de los días de tratamiento se hicieron tantas modificaciones que se hicieron muchas salvedades.

 

Por último, la Senadora no dejó de remarcar la información que se brindó durante los días de tratamiento de la ley de normalización de la deuda, donde se manifestó que durante los últimos “30 años de asesoramiento económico y político en la Argentina, un día eran empleados de la banca privada, y nos ofrecían al Estado Argentino las mejores ofertas para tomar crédito, y otro día eran Ministros de Economía de la Nación Argentina, o Presidentes del Banco Central, como son ahora Prat Gay y Sturzenegger”.

 

De esta manera, la Senadora de la Nación por Misiones sostiene que todo nuevo proceso de endeudamiento debe pasar por el Congreso de la Nación, facultad establecida en la Constitución de la Nación.

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