La Agencia de Administración de Bienes del Estado fue la que adoptó la decisión de revocar la cesión en comodato. La respuesta de la madre de Marita Verón a las acusaciones.
El Gobierno Nacional intimó a la Fundación María de los Ángeles que lucha contra la trata de personas y es presidida por Susana Trimarco -madre de Marita Verón- para que desocupe y restituya dos predios que se le habían concedido a la organización durante la gestión de Cristina Kirchner.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fue la que adoptó la decisión de revocar la cesión en comodato de los terrenos y emitió un comunicado en donde señala que la entidad «desocupe y restituya los inmuebles en un término de diez días a contar desde la notificación de la medida, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes».
La resolución se dictó tras conocerse un informe de la secretaria de Vivienda y Hábitat, que dirige el ex intendente de la capital tucumana Domingo Amaya. El escrito indicaba que se necesitarían $ 22,4 millones para las obras, y que a principios de diciembre del año pasado se había hecho el primer pago por $ 5,6 millones.
“A la fecha, dicho pago no ha sido rendido ni se ha presentado el certificado de inicio de obra”, denunciaba el documento.
Uno de esos terrenos, ubicado en calle Italia al 2800, en San Miguel de Tucumán, pertenecía al Ejército Argentino e iba a ser destinado para la construcción de un centro materno infantil que brindaría contención a mujeres víctimas de la trata de personas y de la violencia de género y sus hijos.
El otro predio, ubicado sobre la ruta nacional 9, en la localidad de Las Talitas, departamento Tafí Viejo, iba a ser utilizado para la construcción de viviendas sociales para personas afectadas por esos flagelos. En total, la superficie que la Fundación presidida por la madre de Marita Verón deberá devolverle al Estado es de casi 119.000 metros cuadrados.
La senadora radical, Silvia Elias de Perez, dijo al sitio Cadena 3: “En los primeros años la fundación vivía del aporte privado pero en los últimos dos sus ingresos eran netamente del arca pública. Mi pregunta es, ¿cuál es el motivo para que el Estado se haga cargo?”.
Y agregó: “Estoy investigando el uso de esos fondos. No me atrevo a hablar de corrupción, pero si creo que hubo un mal manejo de fondos y cooptación de la propia fundación, que se transformó en una unidad básica kirchnerista”.
“Es una fundación que tiene una lucha loable y que en su momento tuvo el apoyo de todo el mundo, pero que luego el gobierno kirchnerismo la hizo parte de una acción partidaria”, expresó.
En la nota que publica Perfil señalan que Trimarco negó que hubiera algún mal manejo y aseguró que “fui yo misma quien informó al secretario de Vivienda, Domingo Amaya, que la Nación nos había enviado ese dinero antes de que finalice la anterior gestión. Viajé en enero, tras solicitarle una audiencia, para comentarle sobre esa situación y para pedirle su opinión sobre qué hacer con los recursos. Continúan en la cuenta, porque lo enviado era insuficiente para comenzar y garantizar la continuidad de la obra”.
Además, manifestó tranquilidad con respecto a la decisión del gobierno: «Estamos a total disposición del Gobierno Nacional. De hecho, es una muy buena noticia que el Estado se haga cargo de llevar adelante esas obras que íbamos a encarar desde la Fundación. Porque los beneficiarios de esas acciones son las víctimas de trata, las mujeres víctimas de violencia, los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y la sociedad en su conjunto».
En un comunicado que publicó la Fundación vía Facebook, indicaron que «los proyectos de viviendas sociales y el Master Plan que contemplábamos concretar en el predio del ex hospital militar que incluía un jardín maternal para 400, un albergue para víctimas, una escuela de capacitación en oficios, una Casa de Educación Terapéutica para tratar a jóvenes con problemas de adicciones y un polideportivo abierto a la comunidad, van a estar a disposición como una idea de lo que en esas tierras se puede concretar».
Por su parte, el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, aclaró en diálogo con radio Mitre que los «plazos» para la presentación de los papeles y el plano de trabajo para comenzar la obra habían «vencido».
«Como no se había cumplido y tenemos otros planes para esos terrenos, intimamos a que devuelvan, a revocar la resolución en la cual se le había dado originalmente esos terrenos» en comodato a 30 años, explicó.
En este sentido, aseguró que «no hay una motivación política detrás de esto. Hay una fundación que había recibido unos terrenos con unos compromisos, no se cumplieron los compromisos previstos en el convenio y estamos revirtiendo la decisión original. Creemos que es lo correcto, creemos que los bienes del Estado tienen que estar al servicio de todos y no de algunos».
Al respecto, alertó que al asumir se encontró con un «inventario de bienes del Estado muy defectuoso, con muchas oportunidades de mejora y con mucha desinformación respecto de que ocurre en cada uno de los bienes inmuebles del Estado».
