Fue una de las operatorias delictivas más recordadas de la última década: la extracción ilegal de fondos bajo custodia judicial con oficios firmados por funcionarios judiciales que estaban en connivencia con abogados del foro local. Se cree que entre dos y cinco millones de pesos fueron a parar adonde no debían por la operatoria, que pasó a la historia como la “megaestafa”. Los principales sospechosos del entramado criminal están acusados del delito de asociación ilícita. Con el correr del tiempo, ninguno continuó tras las rejas. Los cinco imputados que probablemente vayan al banquillo este año, llegarán al debate en libertad.
El voluminoso expediente por la megaestafa está en el Tribunal Penal Dos de Posadas. Como los camaristas originales de ese cuerpo juzgador y los del Tribunal Penal Uno se han inhibido por cuestiones personales o participación en su momento de la investigación, el triunvirato se conformó con subrogantes. Los magistrados que juzgarán a los acusados son Marcelo Cardozo (Instrucción Uno), Carlos Jorge Giménez (Instrucción Siete) y Carmen Carbone (Civil y Comercial 6).
Actualmente, el Tribunal está notificando a las partes (Fiscalía y defensores de los imputados) del ofrecimiento de pruebas para el juicio oral y público. Esto es avisarles que se abrirá el período para que hagan saber qué pruebas quiere cada parte que los camaristas analicen durante el debate.
Una vez que se pase esa instancia, viene la de fijación de la fecha. Y posteriormente, la citación de los testigos. Como el listado se estima que será extenso, el debate durará varias jornadas.
Cardozo será quien presida el proceso. Los cinco acusados que se sentarán en el banquillo son la ex jueza Civil y Comercial 1, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo, sindicada como la cabeza de la banda que integraban también empleados judiciales y abogados que extraían dinero de depósitos judiciales; la ex jefa de despacho de ese juzgado, Nora Castelli; el hermano de esta, Cayetano “Nani” Castelli; y los abogados Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández. Este último trabajaba en una reconocida entidad bancaria de donde se sacaba el dinero; se cree que él facilitaba las operaciones.
La causa, que se inició en 2003, es compleja y cuenta con al menos 30 cuerpos y más de seis mil fojas. Las penas que oscilan acusaciones como asociación ilícita son de 3 a 10 años de prisión.
Salvado de Sotelo fue destituida en un juicio político y estuvo en calidad de detenida, como los otros cuatro sospechosos, hasta mediados de 2007.
Otros dos abogados, un contador, un empresario de la construcción y la ex secretaria del Civil Nº 1, Miriam Saidman, también fueron procesados en su momento pero nunca estuvieron entre rejas. Todos ellos quedaron fuera de la acusación de asociación ilícita.
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