Pasaron apenas cuatro meses desde que abandonó el Gobierno para que Cristina vuelva a hacer uso y abuso de la cadena nacional. Más de una hora de discurso en todas las pantallas con un fuerte mensaje ante miles de militantes que la esperaron bajo la lluvia.
Podría ser parte del guión de un documental homenaje, pero es parte de la realidad argentina. Pasaron más de 120 días de que dejó el poder, pero la Presidenta sigue ocupando la centralidad de la política nacional. Los propios la extrañaban y los contrarios… también.
Aunque su discurso desnudó los retrocesos del nuevo Gobierno y llamó a crear un frente cívico para defender «derechos conquistados», su reaparición también le quita presión a su sucesor Mauricio Macri. Sus votantes, los que lo llevaron al poder, detestan a Cristina y el retorno sirve como pararrayos para olvidar decepciones con el proyecto amarillo que no termina de consolidarse.
«Estuvo muy ausente estos cuatro meses», reconoció el propio Macri.
Es cierto. La Presidenta se llamó a silencio y solo apareció cuando fue llamada a declarar por un juez -y un sistema judicial- que pretende poner en el banquillo de los acusados a la política misma.
La indagatoria de Cristina es un mensaje que la excede. Es una advertencia al sistema político que revela que, en realidad, la corporación económica y la judicial tienen un poder mucho más profundo que el que dan los votos. Pueden juzgar y condenar decisiones políticas y equipararlas al nivel de un delito. Las operaciones de dólar a futuro, utilizadas para contener la inflación que afecta a los de menores recursos, son, antes que nada, una decisión política.
«Pueden meterme presa, pero no me van a callar», advirtió Cristina, quien no perdió un ápice de sus dotes de oradora y aprovechó cada instante para marcar el territorio y recordar a todos que para hacer política no se necesita ni de fueros ni de un cargo.
Cristina no habló únicamente para quienes la votaron y lanzó un mensaje que va más allá del propio partido Justicialista, donde abundan quienes se mantienen cerca del poder.
La ex mandataria planteó la necesidad de recrear un «frente ciudadano» organizado y participativo. «Que no les vengan con reglas, cada uno es un dirigente en sí mismo, cada compatriota no les tienen que dictar catedra, sí es bueno para el que no sea anárquico y sean solo voluntades individuales, pero que piensen de una forma organizativa, la comparten, con ese grupo… pero todos, con una consigna: preguntarles a todos y cada uno de los que se acerquen a ustedes «¿cómo estabas antes del 10 de diciembre?«.
Un observador misionero que conoce las entrañas del poder advirtió que la irrupción de Cristina responde a «un enorme error» del juez Claudio Bonadío y «muestra los costos políticos que paga Macri por dejar que su agenda la manejen corporaciones mediáticas o judiciales».
La fuente consultada insiste en que “Macri deja hacer, pero es hora que se de cuenta que todo esto le termina causando daños a su imagen y a su Gobierno”.
El error de Bonadío, para opositores e incluso algunos oficialistas, es haber llamado a indagatoria a Cristina por un hecho que ni siquiera se sabe si es delito.
Los especialistas coinciden en que la venta de dólar podrá ser un grave error de gestión -que se juzga por votos- pero lejos esta de constituir un delito.
«Esto impacta en la política y es muy negativo para Macri porque puso los ojos del país en Cristina que estuvo cuatro meses en silencio y ahora le regalaron un escenario para que critique al Gobierno desde los ajustes hasta el Panamá Papers», describe el observador misionero que conoce a la Presidenta y destaca su «valentía».
Sin embargo, no cree que Cristina haya sumado más de lo que ya tenía como capital político. Solo ratificó su poderío y su permanencia en el escenario político.
La irrupción de la Presidenta -nadie se acostumbra a llamarla ex- despertó la ira del votante macrista y de muchos dirigentes PRO. Pero vista desde la altura de la política, su aparición sirve para desviar, por unos días, la atención sobre los Panamá Papers, la ola de despidos, la inflación desbocada o el desventajoso acuerdo con los Fondos Buitre. Hace unos meses, era Cristina la que elegía a Macri como enemigo. Ahora, a Macri le conviene mantener viva la rivalidad.
Hasta ahora, el Gobierno nacional avanzó con una agenda de ajuste, recortes y medidas que beneficiaron fundamentalmente al sector de mejores ingresos de la Argentina. El único motivo de festejo fue el pacto con los Buitres que se sellará con la emisión de deuda por quince mil millones de dólares con la banca internacional. Se trata de Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan y Santander. Mientras que como colocadores conjuntos fueron designados el BBVA, Citigroup y UBS. Los elegidos tienen algunas particularidades: el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay fue empleado de la JP Morgan y Luis Caputo del Deutsche Bank. La mayoría de los bancos ya participó de las emisiones de deuda anteriores y en algunos casos son acreedores. El HSBC tiene decenas de expedientes abiertos por lavado de dinero en la Argentina. Todos los bancos cobrarán una jugosa comisión por la emisión de la deuda que servirá para acordar con los Buitres, aunque no necesariamente esto dé por terminado el conflicto ya que se sigue admitiendo el litigio en la Corte de Nueva York, que además reconoció expresamente que no tiene el poder de forzar a los demandantes a aceptar un acuerdo. Es decir que los acreedores que no queden conformes con la oferta que se le hizo a los Buitres, podrán volver a litigar contra la Argentina.
De todos modos, el Gobierno está esperanzado en que la clausura de la pelea con los Buitres genere una lluvia de inversiones que permita mitigar el impacto del ajuste. Después se viene otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que se le abrirá las puertas para nuevos “monitoreos” de la economía del país. ¿Se aceptarán nuevamente las recetas de ajuste?
El problema es que las inversiones demoran mucho más de lo que las necesidades están dispuestas a tolerar. La falta de empleo y la caída del poder adquisitivo son cada día más visibles, tanto que empieza a ser evidente el descontento de los propios integrantes de la alianza o sus socios externos.
“Salimos del realismo mágico hacia la ortodoxia neoliberal más absoluta”, dijo el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. «Yo hubiera preferido más gradualismo», disparó el radical Luis Pastori, quien parece haber perdido el entusiasmo con el que hizo campaña por Macri.
Es que la apelación a la herencia comienza a perder efecto. El tiempo pasa y el Gobierno se va en anuncios que no se concretan en la realidad de las miles de personas que van quedando atrapadas en niveles de pobreza que sólo se asemejan a lo peor de la crisis iniciada a fines del siglo pasado.
El Presidente eligió el sábado para anunciar medidas de «protección social a los más necesitados«. Anunció la universalización de la Asignación Universal por Hijo y la devolución del IVA a jubilados.
Macri afirmó que desde el inicio de su gobierno “está para ayudar y acompañar” desde el Estado a quienes más lo necesitan, al leer mensajes de ciudadanos que por las redes sociales le manifestaban su difícil situación y pedían ayuda.
Sin embargo, esas medidas, en soledad, no tienen un impacto demasiado relevante ni, por lo que se aprecia, de corto plazo en el objetivo de cumplir la promesa de “Pobreza Cero”.
La devolución del IVA alcanza a quienes tienen tarjeta de débito. Primera traba. No todos los rincones del país tienen acceso. Y, peor aún, lograr una devolución de 300 pesos -puestos como tope-, representa una compra mínima de 1.428 pesos, lo que es apenas una modesta compra en un supermercado, que verá, eso si, un repunte en sus ventas.
Pero en paralelo, se afectará esencialmente a los pequeños comercios y almacenes que son los que históricamente se nutren de las compras de los vecinos con la tradicional “libreta”. Tener un posnet no es barato para un pequeño comerciante que prefiere vender en efectivo.
Según un estudio de la Fundación Mediterránea -muy crítica del kirchnerismo- la devolución del IVA podría lograr que unas 481 mil personas logren salir de la pobreza, y otras 355 mil abandonen la condición de indigencia, pero persistan por debajo de la línea de la pobreza. La reducción de la pobreza y la indigencia sería de 1,1 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente, claramente insuficientes para contrarrestar la magnitud y profundidad del problema. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina -utilizada por el macrismo- la pobreza creció durante los primeros meses PRO del 29 al 34,5 por ciento. En apenas tres meses, 1,4 millón de personas cayeron en la pobreza a partir «de la devaluación y el ajuste de precios». Eso sin contar con la inflación incesante, de la que, de todos modos, no habrá datos oficiales hasta 2017.
También vale anticipar que la suba de precios y la quita de subsidios afecta con severidad a muchas de las familias de clase media que inevitablemente bajarán un escalón en su modo de vida. Para ellos, no hay ninguna medida.
El mejor equipo de los últimos 50 años funciona a prueba y error. Se hizo campaña en contra del Indek, pero ahora ni siquiera hay datos oficiales o se usa el más conveniente de acuerdo a la ocasión. Pero cualquier indicador, da una inflación mensual superior al 3 por ciento. Además, no se descartan nuevos tarifazos, especialmente en el área de energía, aunque Macri insista en que «este es el camino». ¿Alcanza que el Presidente pida disculpas y apele a su propio dolor? ¿Y el dolor de los otros? La vicepresidenta Gabriela Michetti pidió “que sepan aguantar hasta que dentro de dos tres o cinco años podamos salir adelante«. ¿Se podrá tanto?
En el camino, errores e idas y vueltas son «comunes». Esta semana se conoció la noticia de que el titular de la AFIP, Alberto Abad ordenaba «eliminar» la delegación Oberá del organismo tributario con la excusa de que no se justificaban los gastos. Hace un año se creó esa oficina en la segunda ciudad en importancia de la Provincia, a la que acuden miles de contribuyentes locales y de otros municipios de la zona centro. Pero en la lógica del ajuste, no cumplía con los «parámetros».
Recién después de una intensa queja de los empresarios y dirigentes políticos de distintas extracciones, alguien en alguna oficina de Buenos Aires, notó el fallido y ordenó frenar el cierre, aunque de todos modos, bajará de categoría. Apenas un dirigente del PRO de segunda línea se atrevió en Misiones a defender el cierre, mientras que socios políticos del macrismo salieron a cuestionarlo.
Lo mismo sucedió con el sainete de las represas. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio sondeó el ambiente a favor de la construcción de Corpus y Garabí y cuando vio que la cosecha era sumamente negativa, el presidente del PRO y titular de Yacyretá, Humberto Schiavoni, trató de poner paños fríos.
Schiavoni negó que Macri quiera darle impulso a las represas y aseguró que la política energética para el NEA se basará en el gasoducto. Y, por supuesto, dijo que Frigerio no dijo lo que dijo. Pero el titular de la cartera de Interior dejó en claro que la inversión en represas es «estratégica» para el Gobierno nacional.
Las palabras de Frigerio desataron el rechazo primero del radicalismo y después de otros socios de la alianza nacional y obviamente, de las organizaciones antirepresas que esta semana celebraron los 20 años del NO a Corpus. Los referentes de la UCR fueron los más duros en contra de las represas, pero el énfasis parece tener que ver con un distanciamiento del PRO.
En medio del escándalo por los Panamá Papers, que revelaron negocios off shore del Presidente, Ariel Pianesi, el concejal misionero que preside la Juventud Radical nacional le pidió a Macri que no se esconda y blanquee su participación en las empresas radicadas en paraísos fiscales.
En cuanto a las represas, el propio gobernador Hugo Passalacqua salió al cruce del entusiasmo de Frigerio y recordó que en Misiones ya hubo un plebiscito que le dijo NO a Corpus y no hubo nada que cambie las condiciones. La Provincia tiene también una ley de Soberanía Energética que garantiza la opinión popular ante cualquier emprendimiento hidroenergético.
El Gobierno provincial busca, con sus herramientas, hacer frente a un escenario nacional que está más complicado de lo que se esperaba. La recaudación cayó en términos reales y la coparticipación crece casi al mismo ritmo que la inflación.
Sin embargo, el Gobernador sostiene como una de sus prioridades el cuidado de lo social con lo que el Estado tenga al alcance.
El viernes anunció un incremento del 25 por ciento las jubilaciones estatales -los activos ya tuvieron sus paritarias- a pagar entre abril y mayo. El contraste con el Gobierno nacional es ineludible: Macri dio un aumento de apenas el 15,35 por ciento.
Passalacqua apela al ingenio de sus ministros para que cada uno avance a pesar de todo.
En esa línea, el ministro del Agro, José Luis Garay, anunció la creación de un Centro de Transacciones de Productos Agrícolas Misioneros para garantizar el cumplimiento de los precios fijados para los productos primarios y sostener la rentabilidad del trabajo en la chacra.
El centro abarcará a todas las actividades, pero en principio buscará financiar a la producción de yerba mate y té, las dos actividades más complicadas en materia de precios, la primera con valores por debajo de lo esperado -la Nación confirmó 4,80 pesos para la hoja verde cuando se esperaba más de cinco pesos- y la segunda, con una desigualdad de la renta acentuada por la devaluación.
El CTPAM será una versión mejorada de un Centro de Transacciones que se puso en marcha en 2008 pero fracasó por el poco esmero puesto en su momento. Para no repetir frustraciones, organismos como el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que se resisten a ceder recursos, también deben comprometerse en la defensa de la producción que atraviesa un momento complejo en el que solo la presencia del Estado puede poner equilibrio.
El precio de la yerba fijado por la Nación no conforma a nadie y garantiza rentabilidad apenas para los supermercados. Los mejores valores en dólares del té, beneficiado por la devaluación, se reparten en pocas manos y hay incertidumbre sobre lo que sucederá con el Fondo Especial del Tabaco y la modificación de un impuesto que determina su recaudación.
Durante la inauguración de una escuela en Garupá, Passalacqua deslizó de lo que quiere de sus ministros.
“Estar cerca es una clave del misionerismo. Estar cerca de la gente codo a codo, mirándonos a los ojos, sabiendo lo que nos falta, esa es una clave de la política de hoy, quien quiera hacer política debe estar cerca de la gente», aseguró.
En tiempos difíciles, lo que quiere es que cada ministro sea un ejemplo. A nadie puede alegrarle que más chicos tengan que concurrir a los comedores comunitarios, pero esa es la consecuencia de las políticas de ajuste que llegan desde la Nación. Por eso, el Estado debe estar atento y en acción. Para eso se requiere a funcionarios muy comprometidos con la tarea y menos preocupados por las apariciones en los medios o las fotos casi cholulas en las redes sociales.
La cercanía es clave, sobre todo porque es una consigna de la que se quiere apoderar la oposición.
El viernes por la noche hubo una reunión política en la Casa Paraguaya que permite anticipar algunos movimientos.
El diputado nacional Alex Ziegler lanzó la campaña de afiliaciones a su partido Libertad, Valores y Cambio, con el que pretende jugar en las elecciones de 2017. El diputado, uno de los grandes ausentes durante la visita presidencial, quiere reeditar el arco opositor en Misiones en una alianza con el radicalismo -ponderó especialmente a Luis Pastori con quien trabaja en equipo- que «sea una alternativa seria» para el 2019.
El eldoradense prometió «unidad» en esa alianza opositora en la que garantizó que no habrá «trabajadores de la política» sino «algo nuevo», categoría, que, de todos modos, no le cabe al propio Pastori.
Esa sociedad puede complicar las proyecciones de los referentes de Macri en Misiones, encabezados por los hermanos Schiavoni y dirigentes como Martín Göerling.
En el PRO reservaban la candidatura a senador para ese núcleo duro, por lo que la competencia interna puede ser perjudicial. Tanto Ziegler como los radicales se sienten ninguneados por el PRO que no repartió los espacios acordados -pese a que todavía hay oficinas sin funcionarios como la Anses, organismo fundamental en el trabajo social- y se maneja sin consultar con los socios. En el macrismo consideran, en cambio, que ni el diputado nacional ni la UCR aportan contenido que valga la pena retener y no dejarán pasar las críticas veladas que recibe Macri por parte de la alianza.
