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En el mismo lodo

En el mismo lodo

Los Panamá Papers abrieron una enorme caja de Pandora que golpea de lleno al presidente Mauricio Macri. Las dos sociedades off shore no declaradas desnudan mucho más que el patrimonio presidencial. Dañan el principal valor simbólico con el que el PRO hizo campaña y Macri ganó las elecciones: la transparencia.
Fue la promesa de transparencia lo que hizo frente a la campaña del «miedo» con la que el kirchnerismo revelaba las consecuencias de las medidas económicas que está tomando el nuevo gobierno.
Sin muchos resultados ni medidas positivas que mostrar en los primeros cuatro meses de gestión, la transparencia servía de refugio para el Presidente y sus ministros y como consuelo a los ciudadanos que prefirieron el cambio.
El «affaire Panamá» rompe esa red de contención y el espejo ya no devuelve una imagen tan impoluta. De repente, Macri es, como los otros, los detestados.
Las cuentas off shore, son, en definitiva, una manera elegante de contar dinero en una financiera sin cámaras filmando.
Los estudios contables y de abogados de Panamá sirven para eludir o pagar menos impuestos y en algunos casos, para realizar inversiones. Pero son, por definición, poco transparentes.
Las explicaciones del Presidente tampoco estuvieron a la altura. Se esperaba mucho más claridad que un simple “olvido” o echarle la culpa al padre. Macri no es un empresario desde hace bastante tiempo y las cuentas nunca fueron declaradas, ni cuando era jefe de Gobierno porteño.
El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) que investigó los Panamá Paper reveló que era vicepresidente de la empresa Fleg Trading, cuyo presidente era Franco Macri.
Supuestamente la empresa fue cerrada y Macri hijo nunca recibió un peso pese a que fue director. La segunda empresa de la que Macri participó (o participa) es Kagemusha, radicada en Panamá.
En este caso, el mandatario también figura como vicepresidente, según consta en el Registro Público de Panamá. Sobre esta segunda compañía el Gobierno no ofreció ninguna explicación.
Además del Presidente argentino hay una serie de dirigentes mundiales que invierten su dinero en Panamá. El premier inglés David Cameron vive su peor momento político tras confesar que sacó provecho de las cuentas creadas por su padre. La oposición laborista está aprovechando el momento e incluso piden la dimisión del primer ministro por haber negado en los primeros días tener participación alguna en el escándalo.

 

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En Argentina, en cambio, la fiscal ad hoc Lilita Carrió ya dictaminó que está «tudo bom, tudo legal» y los medios se regodean con la ruta del dinero K en cadenas nacionales perpetuas, mientras que desdeñan el escándalo político internacional. ¿Es distinta la corrupción elegante e institucionalizada a la de los políticos de pies de barro? ¿Se mide con otra vara la evasión de miles de millones de dólares?
Afuera del país, el ruido generado por las cuentas off shore de políticos y empresas, crece sin cesar y las revelaciones hacen tambalear reputaciones.
En el PRO pretendieron dar por terminada la cuestión con un comunicado y los papeles del Presidente a la Oficina Anticorrupción, dirigida por Laurita Alonso, una confesa enamorada de Macri y que salió a defenderlo incluso antes de que trasciendan detalles de su situación.
Cuando estaban en la oposición acostumbraban a cuestionar «cómo nos veían» en el exterior. Ahora en el Gobierno, la imagen está por el suelo ya no solo por las medidas impopulares que tomó en los primeros días de gestión.
Los principales diarios del mundo hacen foco en Macri. El New York Times advirtió que es uno de los casos más graves de políticos que esconden su fortuna.
Además de Macri, aparecen el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, el ahora exprimer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, el Rey Salman de Arabia Saudita, el antiguo emir de Qatar, Hamad bin Khalifa al- Thani y su ex primer ministro, Hamad bin Jassim bin Jaber al- Thani.
En Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, Austria, Suecia y Holanda ya comenzaron investigaciones contra los líderes y funcionarios salpicados por los documentos que demuestran la propiedad de este tipo de sociedades evasoras. En Argentina, apenas hubo tímidos avances.
Expertos de la Universidad de Michigan señalan que los Panamá Papers revelan cómo «políticos, criminales y jugadores de fútbol han usado paraísos fiscales para ocultar su dinero» a través de la firma panameña Mossack Fonseca.
“Si los países esperan para erradicar la corrupción, es importante que los líderes actúen con integridad y no se escondan detrás de empresas fantasmas”, dijo Cindy Schipani, profesora de ley de negocios en la Escuela de Negocios Ross Business School.
“El secreto de las transacciones -en la creación de empresas ficticias que ocultan de manera efectiva la identidad de los propietarios- sin duda da lugar a preocupaciones de corrupción, incluso si ésta no existe», agregó.
Ahí radica el fondo de la discusión. El principio de inocencia, en este caso, se invierte. Macri, como los otros dirigentes y empresarios mencionados en la investigación, debe demostrar que no hubo actos de corrupción. De otro modo, queda la sospecha abierta.
Pese a los esfuerzos de funcionarios y voceros PRO, no es lo más normal del mundo invertir en sociedades secretas en un paraíso fiscal diseñado generalmente para evadir impuestos. Si es verdad que el Presidente solo fue un prestanombres a una empresa de su padre, cabe preguntarse en definitiva si avaló negocios turbios en la familia.
Lo mismo cabe para varios funcionarios del Gabinete nacional que también tienen cuentas off shore, en una práctica bastante extendida.
También hay un ex secretario de Néstor Kirchner. Pero al kirchnerismo este escándalo no lo golpea, sino que se regodea en la comparación.
En definitiva, quieran o no, los ex funcionarios, saben que su imagen ya está manchada. Hasta Cristina fue imputada por lavado de dinero sin necesidad de ir a Panamá.
La ex Presidenta y el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fueron imputados en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de activos a través de la financiera SGI, establecida en un departamento de Puerto Madero y conocida como La Rosadita, por la que también se investiga a Lázaro Báez.
La decisión de imputar a la ex mandataria, al ex ministro kirchnerista y a otras 13 personas -entre las que se encuentra el financista Ernesto Clarens, fue tomada ayer por el fiscal Guillermo Marijuán, tras escuchar la declaración indagatoria que prestó el valijero Leonardo Fariña, famoso por ser el entrevistado estrella de Jorge Lanata que después desmintió todo lo que había dicho.
En la Justicia deslizan que la situación de Cristina es compleja y que puede ser imputada en otra causa, por el juez Bonadío, célebre antikirchnerista, quien investiga la causa de dólares a futuro, en la que extrañamente se iguala una decisión de política económica con un delito.
Es muy probable que la ex Presidenta termine presa. Al menos por unas horas.
La foto de ese momento es un trofeo de valor inapreciable en términos políticos y será el goce de antikirchneristas rabiosos que piden su cabeza desde hace mucho tiempo. No importa que hasta ahora en la Justicia no hallen elementos firmes que la conecten directamente con algún ilícito. Lo importante es el momento en que la ex Jefa de Estado caiga en desgracia.
Pero así como su cabeza puede ser exhibida en la punta de la lanza en la plaza, también puede haber un efecto contrario. Los fieles kirchneristas y cristinistas se mantuvieron en estos meses en un cauteloso silencio soportando la sed de venganza. ¿Qué pasaría con su líder tras las rejas?
En el macrismo parecen entender que cuanto más «complicada» esté Cristina y su entorno con casos de corrupción, menos presión habrá sobre su propia gestión. Esa unidad de medida servía mientras duró el romance de los cien días, en los que se perdona todo. Pero en algún momento deberán comenzar a gobernar con algo más que el ajuste.
La “honestidad” era una cualidad valorada por el votante PRO e incluso aquel que no votó a Macri, soportaba el discurso permanente. Pero si el Gobierno pide a los trabajadores “poner el hombro” para bancarse el ajuste y en paralelo se conocen los negocios del Presidente, la carga no parece estar bien equilibrada.
Según la Cepal, la evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de US$320.000 millones al año, es decir 6,3% del PIB.
En estas transacciones irregulares participan no sólo los millonarios que buscan ocultar su fortuna para pagar menos al fisco, sino también multinacionales que, según Global Financial Integrity, son las principales causantes de estos flujos, por medio de la subfacturación de sus exportaciones (declaración contable fiscal menor que el pago real).
Esas operaciones impactan en una menor recaudación impositiva y en el déficit fiscal que se resuelve con menos inversión en salud, educación o programas sociales.
La Argentina es el mejor ejemplo del ajuste. Gran cantidad de despidos, cierre de programas estatales o el fin de los descuentos a remedios para los jubilados. Al mismo tiempo, se eliminaron subsidios, con los consecuentes tarifazos en electricidad, agua o transporte.
Poner el hombro en ese contexto no parece ser posible de soportar por demasiado tiempo. A fin de cuentas, más allá del cambio, se elige a un gobernante para estar mejor, no peor.
Hasta ahora todas las medidas que ha tomado el Gobierno fueron en detrimento del trabajador, la clase media y hasta incrementaron la pobreza, mientras que en el discurso oficial se mantiene la promesa lejana de la «pobreza cero».
Hasta los informes de la UCA, utilizados por Macri para medir la pobreza, revelan que durante los primeros meses de su mandato, la pobreza tuvo un crecimiento exponencial.
Según la UCA, la pobreza en 2015 alcanzó el 29 por ciento y saltó en el primer trimestre de este año a 34,5 por ciento. La tasa de indigencia habría pasado de 5,3 por ciento a fines de 2015 a 6,9 por ciento en marzo de este año, y afectaría a no menos del 6,2% de la población al principio de abril de 2016; lo cual en este caso daría cuenta de un aumento de por lo menos 350 mil personas en situación de indigencia (acumulando 2,3 millones de personas indigentes al final del tercer trimestre del año).
En cuanto a la tasa de pobreza, esta habría pasado de 29 por ciento, a fines de 2015, a 34,5 por ciento en marzo de este año, y tendría como piso un 32,6 por ciento en la primera parte de abril de 2016; lo cual significaría aproximadamente 1,4 millón más de pobres (casi 13 millones de personas en situación de pobreza).
Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda de la UCA, consideró que «hay un problema social» y que «los correcciones y la devaluación tienen impacto». «Una devaluación con ajuste de precios produce un aumento de la pobreza», enfatizó el académico.
En apenas tres meses, 1,4 millón de personas cayeron en la pobreza en el país, a partir «de la devaluación y el ajuste de precios», alertó Salvia.
El informe agrega, por si hiciera falta aclarar, que “estas proyecciones no toman en cuenta otros factores de riesgo sobre la indigencia y la pobreza como son las cesantías o pérdidas de empleo ocurridas en el marco de una economía inflacionaria y afectada por ajustes macroeconómicos, ni los recientes anuncios de incremento en materia de transporte y servicios domiciliarios”.
Macri vino a Misiones por primera vez desde que es Presidente.
No hizo mención ni al ajuste ni a la pobreza, pero admitió que las decisiones que toma le causan «dolor».
Lo mismo reconoció el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien llegó unas horas antes para discutir algunos puntos que el Gobierno provincial tiene como prioridades, como conseguir una tarifa eléctrica diferencial que atenúe el impacto del tarifazo nacional que se suma a los mayores costos que ya paga Misiones.
«A nosotros nos duele profundamente tener que aumentarle las tarifas a la gente», expresó Frigerio y admitió que «uno de cada tres argentinos es pobre y esa es nuestra principal responsabilidad y nuestro principal objetivo: bajar la pobreza». De bajar las tarifas, ni hablar.
El gobernador Hugo Passalacqua, quien hasta aquí se había mostrado diplomático y con ganas de aportar a la gobernabilidad, respondió con crudeza: “Para nosotros el aumento de la luz es doblemente doloroso porque no tenemos el plan B del gas”.
«Ellos dicen que están trabajándolo, y yo tengo esa aspiración y no voy bajar la lucha que no es la mía personal, sino de todos los misioneros. Acá nosotros hicimos un enorme esfuerzo de subsidiar aquellos que dan fuentes de trabajo para que se sostenga el empleo, para que no tenga que despedir gente porque la luz le subió. Y esa fue nuestra manera de aguantar hasta que se acomode todo, el aumento es nacional nosotros poco podemos hacer», explicó Passalacqua después de analizar la visita de Macri.
El paso del Presidente de Posadas fue breve, como también lo fueron sus declaraciones.
Anoticiado en vuelo de su imputación por los Panamá Papers, no quiso hablar con la prensa y en sus dos discursos no dio precisiones sobre las demandas de los misioneros.
Tampoco hubo demasiadas respuestas de Frigerio, encargado del vínculo con las provincias.
El ministro del Interior, en cambio, sorprendió con la revelación de que la Nación tiene un fuerte interés en reactivar los proyectos de Corpus y Garabí, las represas hidroeléctricas que tienen a Misiones como escenario natural.
El objetivo es tener más energía -y ahí si, barata para la provincia- y generar mano de obra en el mediano plazo.
En la Provincia las palabras de Frigerio no sorprendieron. Hay interés en activar las represas siempre y cuando Misiones obtenga un beneficio directo.
Especialmente interesa Corpus por su ubicación geográfica y el menor impacto ambiental. Primero hay que superar, eso si, un plebiscito y que los misioneros den su aval explícito.
Mientras tanto, a seguir esperando una tarifa eléctrica diferenciada.
La presión del Gobierno provincial hasta ahora no tiene un correlato en los referentes locales de la alianza Cambiemos. Apenas hubo un proyecto del radical Luis Pastori en sintonía con la idea de lograr alguna compensación por las tarifas, pero pese a que es «oficialista», no tuvo mayores respaldos en el Congreso.
En realidad, durante la visita presidencial quedó en evidencia que son pocos los que tienen verdadera llegada al centro del poder. Los referentes del radicalismo, Trabajo y Progreso y hasta el PRO estuvieron lejos del Presidente.
En el macrismo local trascendió que el mismísimo Humberto Schiavoni, presidente del PRO nacional está molesto con el ministro de Modernización que le exigió un ajuste inmediato en Yacyretá.
En el recorte, se cerraría la sede de Posadas y los programas sociales serían transferidos a la Provincia.
Schiavoni no quiere quedar como el que “desmanteló” a la EBY en Misiones, mientras que su antecesor transformó la ciudad con las obras financiadas por la hidroeléctrica, como parte de las obras complementarias.
Por lo pronto, la alianza Cambiemos local no parece estar demasiado interesada en los tarifazos ni gestiones nacionales.
En momentos en que la preocupación de la sociedad pasa por el ajuste que vive a diario y los problemas para llegar a fin de mes, la agenda «política» del PRO, la UCR, el partido Agrario, el Socialismo, el peronismo massista y otros partidos menores, pasa por una reforma para eliminar la ley de Lemas, ocupar las PASO para definiciones intra partidarias a nivel municipal y provincial; evitar la re-elección indefinida de los intendentes y avanzar hacia la boleta única. Para estos partidos, despreciados en las urnas, parece mejor cambiar el sistema que sus prácticas. Claramente esas reformas solo pueden interesar a quienes hacen política de escritorio.

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