La mujer acusada de pagar para que mataran a su marido quedó a un paso del juicio oral

La mujer acusada de pagar para que mataran a su marido quedó a un paso del juicio oral

El juez de Instrucción subrogante de San Vicente, Horacio Alarcón, le dictó la prisión preventiva a Claudia Rosa Pereyra Da Costa (40) acusada de haber pagado para que mataran a su marido. Tanto ella como el otro imputado, “Lobi” Ferreira, quedaron a un paso del juicio oral y público.
Ambos están acusados del delito de “homicidio calificado”. Los demás sospechosos que tuvo el caso, Jorge Dos Santos y Sergio Molinari, fueron desligados. No se pudo probar que participaron en el hecho.

Ferreira había apelado la preventiva, pero la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional, con los votos de los jueces José Alberto López y José Jacobo Mass, rechazó el planteo. El argumento fue la gravedad del delito endilgado y el riesgo de fuga.
El hecho sucedió la noche del 21 de junio de 2013. Ángel Altísimo (44) recibió tres balazos en el tórax. Ese sábado, estaba en su chacra del paraje Campín Largo, en El Soberbio, cuando lo atacaron. Murió el lunes siguiente, en el Samic de Oberá.
El caso es complejo, porque tiene un relato autoincriminatorio de Pereyra Da Costa, en la que admite haber contratado a sicarios para que eliminaran a su marido. Y luego un testimonio de la misma mujer en el que se desdice.
Se cree que Ferreira era amante de la mujer y que ambos tramaron el homicidio.
Dos Santos, Ferreira y Molinari fueron apuntados como los sicarios. Cuando empezaron a investigarlos gozaban de salidas transitorias de la cárcel donde estaban alojados por un delito en contra de la propiedad. De inmediato se les cortó el beneficio. De los tres, sólo Lobi continúa ligado a la causa.
El día siguiente del ataque a balazos, la Policía inspeccionaba la escena del hecho, cuando una de las hijas de Altísimo, de 20 años, se acercó y confesó que horas después de los disparos, su madre la había convocado para que limpiara el sitio exacto donde su padre había sido acribillado. Para los detectives quedó en claro que la pareja del chacarero quería borrar evidencia. Y consolidaron todavía más esta idea cuando la chica les entregó un revólver calibre 38 “Amadeo Rossi”, apuntada como el arma homicida y supuestamente escondida por su madre.
Los uniformados también hallaron en un cenicero vainas servidas del mismo calibre. Todo dejaba entrever que Pereyra Da Costa había participado activamente en el atentado.
El arma homicida había desaparecido de la casa de los Altísimo en Semana Santa de 2013, junto con 14 mil reales. Sólo Ángel y su mujer sabían que ese dinero estaba en la vivienda.
Testigos que declararon en la causa indicaron que en una ocasión Pereyra Da Costa amenazó de muerte a su marido durante una discusión. Y una pericia de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial detectó llamadas entre ella y uno de los supuestos sicarios.
En 2014, el entonces juez de Instrucción subrogante de San Vicente, Demetrio Cuenca, decidió excarcelar a la mujer, porque entendió que no entorpecería la investigación. El fiscal Rodolfo Andrés Cáceres rechazó la medida y la Cámara de Apelaciones le dio la razón. Entonces volvieron a pedir la captura de la sospechosa. Sin embargo, cuando fueron a buscarla, se había esfumado. Recién en octubre de 2015, la Saic la ubicó y atrapó. La presunta instigadora del asesinato de Altísimo estaba en Luján, provincia de Buenos Aires. Paraba en un camping, a 200 metros de la conocida basílica y trabajaba en una casa de familia.
Había hecho a creer a sus vecinos y amigos que estaba residiendo en Brasil. Y que solo volvía a la provincia para cobrar su pensión. Entonces, los pesquisas siguieron los movimientos que hacía en los cajeros. Así, detectaron extracciones en El Soberbio, Colonia Aurora y Aristóbulo del Valle. Esto, en principio, hizo presumir que ella estaba en la zona. Sin embargo, la SAIC fue más allá. Analizó las filmaciones de las cámaras de seguridad de los cajeros y determinó que cada extracción la hacía un familiar diferente y que luego remitían el dinero por encomienda a la prófuga.
A este análisis, los funcionarios judiciales le sumaron un entrecruzamiento de llamadas telefónicas, que permitieron determinar que Pereyra Da Costa se encontraba en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Luján, adonde le despachaban en encomienda el dinero de su pensión.

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EP



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