Allanado el camino en el Senado, la Argentina tiene todo listo para cancelar las deudas con los Fondos Buitre. El presidente Mauricio Macri exhibe así su primer triunfo político en los primeros cuatro meses de gestión al dividir a la oposición para conseguir el respaldo necesario para volver a la emisión de deuda y acordar con los capitales especulativos.
Con la ley en la mano y una gira por Estados Unidos que incluirá un nuevo encuentro con Obama y una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, el mandatario argentino espera seducir a inversores para que vuelvan a la Argentina necesitada de dólares que le pongan equilibrio a la etapa de ajustes iniciada el día uno de la gestión.
Macri espera que la bendición que le dio Obama para transformarse en el “líder regional” surta efecto y Argentina pueda “reinsertarse” rápidamente en los mercados financieros.
La inestabilidad política en Brasil, con Dilma al borde del precipicio, efectivamente le abre las puertas a la Argentina para ser referencia en el cono sur, aunque mucho dependerá de la confianza que pueda generar y de la propia situación interna, que ya dejó atrás los cien días de idilio con el nuevo gobierno.
Si la economía no mejora y el ajuste sigue profundizándose, la bendición de Obama puede ser apenas una anécdota en poco tiempo, ya que el presidente de Estados Unidos está en el tramo final de su mandato y el que llegue, tiene sus propias expectativas. Históricamente, América Latina y Argentina no son las prioridades de la agenda, salvo que sirvan a sus propios intereses.
La aprobación de la ley para pagarle a los Fondos Buitre tuvo en el Senado menos trabas de las esperadas. El Frente para la Victoria que ya votó dividido en Diputados, terminó de exhibir sus diferencias en la Cámara alta, donde están los representantes provinciales más vinculados a los gobernadores, que más allá de pertenencias políticas, necesitan con urgencia que el Gobierno nacional libere recursos para el interior.
Y esa fue una trampa tácita puesta por la administración de la alianza Cambiemos.
Días antes del debate en el Congreso, Macri dijo que si no se aprobaba el acuerdo con los buitres habrá (más) “ajuste o hiperinflación”, pateando la responsabilidad de la crisis a la mayoría opositora.
Los gobiernos provinciales y muchos legisladores tomaron nota. La Renovación en pleno decidió ratificar su respaldo a la gobernabilidad, puesto de manifiesto apenas conocido el resultado del balotaje de noviembre pasado y votó, tanto en Diputados como en Senadores, por acompañar la propuesta del Gobierno.
La ley de acuerdo con los Buitres contempla pagos en efectivo de los bonos reclamados y hasta los gastos en abogados de los fondos especulativos.
El Gobierno emitirá deuda para obtener los dólares, que serán girados directamente a las cuentas de los acreedores carroñeros. Será apenas un asiento contable, con una enorme deuda nueva generada, estimada en 12.500 millones de dólares.
“Es una ley fea, mala, que es el símbolo de la derrota” política y judicial, consideró el diputado nacional Maurice Closs, quien cuestionó las visiones “muy extremas” de algunos de sus pares del Frente para la Victoria.
En la Cámara alta, la senadora Sandra Giménez ratificó la misma línea a la hora de argumentar el voto favorable de Misiones a la anulación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que permitirán pagarle prácticamente lo que querían los Fondos Buitre.
“Tenemos la certeza de que la gobernabilidad con gobernabilidad se paga, y tenemos la responsabilidad de hacerlo nosotros que debemos dar respuestas todos los días a cada uno de nuestros comprovincianos”, aseguró Giménez, quien no dejó pasar la oportunidad de expresar su rechazo a todas las políticas del gobierno nacional que “que solamente han generado dolor, tristeza, frustración, impotencia”.
La gobernabilidad reclamada por el Gobierno nacional y ofrecida por los representantes del oficialismo misionero, no se condice, sin embargo, con la actitud de los partidos que conforman la alianza opositora local, todos mezclados en Cambiemos.
El año pasado, los diputados del PRO y la UCR, por caso, votaron en contra de la ley de Presupuesto, que es la herramienta fundamental para llevar adelante la gestión.
Fue en esa misma noche que el presidente del cuerpo y conductor de la Renovación había revelado que sugirió a los representantes nacionales que apoyen “por lo menos durante un año las leyes que proponga el nuevo Presidente”.
En la primera ley clave, la recomendación se cumplió, primero en Diputados y ahora en Senadores, aunque no por eso haya habido un corrimiento hacia el oficialismo nacional, como bien aclaró Closs.
A la hora de votar en la madrugada del jueves, la ex vicegobernadora de Misiones se despachó a gusto y aconsejó a Macri cambiar todo su equipo económico ya que todos sus economistas “han participado de los errores de la economía Argentina”.
“Depende sólo de ustedes, es su responsabilidad. Eso de estar contando que se despide gente en vez de generar trabajo, que no se puede bajar los precios de la canasta básica, de andar contando que hay aumento de luz, de agua, de teléfono, todos los días, es simplemente el mensaje más claro y contundente, de que la sociedad que los votó a ustedes se equivocó y lo está pagando muy caro”, advirtió Giménez.
La frase de la senadora misionera resume parte de la situación política.
La pelota queda en la cancha del Gobierno y la responsabilidad de lo que suceda es únicamente suya.
La oposición aporta gobernabilidad y no puede ser acusada de incidir en que al Gobierno lo vaya mal. Los votos necesarios para una decisión considerada medular, aparecieron a la hora señalada más allá de las críticas que se siguen sosteniendo.
Por el contrario, es el propio Presidente el que está ahora “comprometido” a devolver la gobernabilidad, especialmente a las provincias que sumaron desde el primer momento.
La gobernabilidad se traduce en recursos, que por ahora no aparecen o son girados a cuentagotas, apenas para sostener algunos proyectos en marcha.
En cambio, el ajuste encuentra cada vez críticos, desde el Frente Renovador de Sergio Massa hasta las centrales sindicales y, obviamente, diversas voces del Frente para la Victoria. El radicalismo, en cambio, avala con su silencio.
Pero en el ajuste –o su exceso- radica el primer problema político de la alianza gobernante. Se sabía cuáles iban a ser las primeras medidas y el ajuste estaba entre las prioridades, pero pasan los días y no aparece más que eso y la campaña ya terminó hace rato. Aunque son muchos en el PRO los que admiten que el ala economicista está imponiéndose a la política, nadie había reconocido públicamente los excesos, hasta la irrupción de Lilita Carrió. La cofundadora de Cambiemos, ha hecho de la frontalidad su forma de vida y esta vez no fue diferente: “No comparto ajustes brutales de agua, gas, transporte en medio de tan alta inflación, no se puede ahogar a la sociedad q nos apoya en el cambio”, advirtió a través de una red social.
“Es cierto que hay que salir de los subsidios pero no de ésta forma, sin pensar en la sociedad que el solo título del aumento la angustia!”, disparó apuntando al corazón de las políticas emanadas del Gobierno.
Como es tradición, Lilita dinamita el espacio que ella misma ayudó a conformar. Hizo lo mismo en la Alianza y en partidos que ella misma lideraba. Ahora parece intentar despegarse de las consecuencias de las políticas que se siguen aplicando diariamente.
Pero no es la única que cuestiona el avance del Gobierno. El senador Alfredo De Angeli, verborrágico promotor del cambio, reconoció que «tenemos un compromiso de empezar a resolver los problemas del campo» para que “el gran motor arranque”.
Las políticas de ajuste también lograron juntar a los representantes de las tres CGT, que anunciaron la reunificación definitiva y pidieron frenar los despidos, al mismo tiempo que insistieron en la suba del mínimo no imponible de Ganancias, hoy mucho más desactualizado que cuando era promesa frecuente en la campaña electoral.
Vale decir que hasta ahora los aumentos afectaron especialmente a los votantes directos del macrismo, en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, acostumbrados a tarifas subsidiadas durante los años del kirchnerismo y mucho más bajas que en el interior del país.
Pero hay una delgada línea entre el ajuste “político” y el daño irreversible en la economía y el retroceso del Estado a los tiempos de la ausencia total.
Una cosa es deshacerse de “grasa militante”, como alegremente pregona el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Quien trabaja de la política sabe que cuando pierde, lo lógico es que deje el lugar. Pero los despidos parecen ir mucho más allá de cuestiones militantes y pueden generar una parálisis en la economía que va a contramano de lo que se pregona.
En paralelo, hay retrocesos como la pérdida de soberanía energética con la paralización de Atucha o la cancelación de inversiones en el desarrollo del satélite Arsat.
De ahí a mandar a los científicos a lavar los platos hay apenas un paso y las consecuencias de ese proceso son nefastas, irrecuperables de un día para el otro.
Más allá de preferencias políticas, la continuidad de esas inversiones sensibles, debería ser –para aquellos que gustan de repetir las palabras institucionalidad y políticas de Estado- una prioridad y no un gasto. Rodrigo De Loredo, el nuevo presidente de la compañía satelital, afirmó que no seguirán con el plan satelital hasta que puedan vender el Arsat II y “autofinanciarse”. La visión privatista pone en juego 600 puestos de trabajo directo, la mayoría ingenieros y técnicos.
Desde la campaña, uno de los argumentos más utilizados para justificar las políticas de ajuste es que el Estado no puede sostener el empleo y debe utilizar esos recursos para otras prioridades, más aún en tiempos de parálisis económica.
Sin embargo, el Indec macrista tuvo que reconocer que la economía argentina lejos estuvo de detenerse durante el año pasado, a diferencia de lo que sucede ahora, cuando no hay inversiones y las empresas privadas, ahogadas por los tarifazos, comienzan a despedir trabajadores o directamente, bajar sus persianas.
El organismo conducido por Jorge Tudesca tuvo que admitir que la economía creció 2,1 por ciento durante el año anterior, mientras que en el cuarto trimestre, en plena decisión presidencial, la actividad mejoró 0,9 por ciento. Los sectores productivos de bienes aumentaron 1,7 por ciento y la actividad de servicios mejoró 2 por ciento en términos interanuales.
Los datos parciales de los primeros cuatro meses de gestión PRO marcan un camino inverso. En Semana Santa la Confederación Argentina de Mediana Empresa reveló que las ventas cayeron casi cinco por ciento en relación al mismo feriado largo del año pasado.
La consultora FIEL, en las antípodas de las políticas “populistas”, advirtió que el Índice de Producción Industrial (IPI) registró en febrero un retroceso del 0.2 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Al mismo tiempo, la producción industrial del mes resultó 1.9 por ciento superior a la de enero incluyendo factores estacionales, mientras que si estos se corrigen, la actividad se contrajo 2.1 por ciento. Según los datos estimados por FIEL, en el acumulado para el primer bimestre del año, y en la comparación interanual, la actividad industrial se muestra estancada con un avance del 0.1% respecto de lo observado en el mismo periodo de 2015.
La Fundación Mediterránea, muy cercana a las ideas de los economistas del Gobierno, cuestiona que, a contramano de lo que se piensa, se amplió el déficit fiscal, ya que la eliminación de retenciones implicó sacrificar ingresos por unos 45 mil millones de pesos, a lo que hay que sumar otras medidas a punto de ser implementadas o ya en vigencia que entre mayores gastos y menor recaudación agregan unos 70 mil millones al rojo presupuestario (modificación del mínimo no imponible de Ganancias, ampliación del alcance de la Asignación Universal por Hijo, devolución del IVA en canasta básica, así como el cumplimiento del fallo que benefició a Cordoba, San Luis y Santa Fe por el tema de la retención de coparticipación a favor de la Anses).
“Ese desnivel obliga a esperar aumentos adicionales de tarifas en lo que resta del año, ya que la fuerte contención del gasto ejecutada en enero y febrero, congruente con el objetivo de evitar una espiralización de la inflación, no luce sostenible para el resto del año”, sostienen los analistas de la fundación.
Recomiendan incluso más ajuste, especialmente en tarifas “donde queda margen”, mientras se espera el ingreso de inversiones.
Para cubrir el rojo otra posibilidad abierta con el acuerdo con los Buitres es el endeudamiento directo. El economista Miguel Ángel Broda calculó que la Argentina necesitaría colocar deuda por 35 mil millones de dólares, la misma cifra que toda América Latina durante el 2015.
De todos modos, el ajuste en las tarifas y el virtual congelamiento de la economía no está generando un efecto visible en la inflación. Es que en paralelo al recorte de tarifas o despidos, se anuncian permanentemente nuevos aumentos que se sorprenden por su volumen. Para este mes, al menos los usuarios de Capital Federal ya saben que tendrán subas de tarifas en colectivos, trenes, agua -500 por ciento-, teléfono y gas. Los servicios de agua y gas sufrirán una quita de subsidios, mientras que la tarifa del tren y colectivo, un notorio incremento. Esos incrementos sin dudas, tendrán un efecto rebote en los precios de los supermercados y en el consumo. Para el Gobierno, según el ministro de Producción, Francisco Cabrera, “solo tienen impacto el primer mes”.
Aunque en público minimizan el efecto inflación, el Gobierno decidió utilizar para actualizar bonos y plazos fijos el Índice de Precios al Consumidor de San Luis en lugar del de Capital Federal porque midió menos durante marzo. De este modo, se calculó a la baja el CER y los intereses de algunos bonos. En el ministerio que conduce Prat Gay niegan que se trate de una “manipulación” como en los tiempos del Indek, y aseguran que ambos indicadores son “alternativas apropiadas” para medir la inflación. San Luis informó una inflación de 2,7 por ciento en febrero, la Ciudad registró para el mismo periodo una suba de precios de 4 por ciento. Pero en enero pasado, cuando el Gobierno decidió usar por primera vez el índice de Ciudad de Buenos Aires para calcular el CER y no el de San Luis, el resultado había sido el inverso. El IPC de la Ciudad había dado en diciembre de una inflación de 4,2%, contra el 6,3% de San Luis.
En el Gobierno se esperanzan en que después de que se digieran todos los ajustes y tarifazos, a mediados de año la inflación comience a bajar y la economía a reactivarse. La pobreza cero, como ya anticiparon, pasó a ser un “objetivo de largo plazo”.
El presidente Mauricio Macri vendrá a Misiones por primera vez desde que inició su gestión. Será el próximo jueves y traerá a buena parte de su gabinete para “conocer” la realidad de la provincia y los planteos del Gobierno y cámaras empresariales.
Buena parte de la expectativa está en el anuncio de la reactivación del flujo de dinero para obras de infraestructura y viviendas, paralizado desde fines del año pasado. Obviamente está en carpeta la negociación abierta por los recursos de la coparticipación federal. La oferta que hizo la Nación de dejar de descontar parte de lo que se le recorta a las provincias para financiar la Anses sedujo a los gobernadores. Sería un tres por ciento automático y otro tres por ciento a través de un bono o mecanismo financiero de refinanciación de deudas mutuas, opción viable para Misiones.
También se pondrá en discusión el plan Belgrano, pensado para desarrollar infraestructura en el norte argentino. Hasta ahora el programa ha sido enunciado pero no puesto en ejecución. Misiones pretende fundamentalmente la continuidad de las autovías, pero también propondría la compensación del transporte para la producción misionera, alejada de los principales puertos de exportación, como mecanismo para achicar los costos de logística, que afectan esencialmente a las zonas más alejadas. Esa posibilidad está contemplada en el plan, para las economías regionales por fuera de los 700 kilómetros de radio de los puertos de exportación… pero sólo para la soja. El objetivo de los funcionarios provinciales es que se incluya en el subsidio a productos como el tabaco o el té, en los que la incidencia del transporte es muy alta en relación al precio que reciben los productores primarios.
En las últimas horas, los hermanos Schiavoni, referentes del PRO en Misiones mantuvieron intensas reuniones con los dirigentes partidarios y emisarios del Gobierno para poner en común los temas de agenda.
Misiones quedó en una buena posición para hacer los reclamos necesarios y espera una reciprocidad del Gobierno nacional después del respaldo en el Congreso a las leyes fundacionales de la gestión PRO. Gobernabilidad con gobernabilidad se paga, insisten en la Renovación, más allá de la rivalidad política. Para sostener el timón de la gestión, el condimento necesario es, ineludiblemente, contar con recursos.
En cancha propia
