Rousseff aseguró ser blanco de un proceso golpista

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que es blanco de un «proceso golpista» y consideró sin base legal el juicio político que se le sigue en la Cámara de Diputados, donde los juristas que la acusan de violar la ley de responsabilidad fiscal defendieron sus argumentos, en una jornada marcada por una clara división en el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), cuya conducción salió del oficialismo aunque 5 ministros mantienen fidelidad a la mandataria.
En vísperas de una marcha «Contra el Golpe» de Rousseff que se prepara en 25 ciudades, con el ex presidente Luiz Lula da Silva como orador en Brasilia, a 42 años del inicio de la última dictadura militar (1964-1985), Rousseff dio un guiño hacia la izquierda y los movimientos sociales durante el anuncio de la construcción de 2 millones de viviendas populares hasta 2018.
Entre tanto, Lula -que aguarda que el Supremo Tribunal Federal le apruebe su designación como jefe de ministros- y otros negociadores del gobierno buscaban nuevas alianzas en el Congreso para relanzar el gabinete, tras la salida del PMDB del vicepresidente Michel Temer, lo cual debilitó a Rousseff que necesita votos para intentar evitar el ‘impeachment’.
Al final del día, el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) presentó en la Comisión de Juicio a los autores de la denuncia del juicio político por violar la ley de responsabilidad fiscal, los juristas Miguel Reale Junior y Janaina Paschoal, quien negaron que no exista delito ya que la mandataria autorizó gastos extras sabiendo que no podrían ser cumplido en el presupuesto y entonces pidió préstamos a los bancos públicos.
Pero en la vorágine de los acontecimientos de este mes de marzo en la política brasileña, Rousseff reunió a movimientos sociales y, sin el vicepresidente Michel Temer, ofreció su primer discurso desde que ayer el PMDB dedició desembarcar del gobierno y subirse al proyecto impeachment.
Al decir que no hay «base legal» para ser juzgada por un «delito de responsabilidad», sostuvo: «Si hacen esto conmigo, imaginen con el resto del pueblo brasileño», afirmó la mandataria en un acto de lanzamiento de la tercera fase del plan de viviendas sociales Mi Casa Mi Vida.
El Palacio del Planalto se «tiñó» de rojo, con el color de los movimientos sociales de izquierda como el MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo), además de que el evento se transformó en un acto de repudio al «impeachment’ que lleva adelante la Cámara de Diputados.
«El impeachment es un instrumento constitucional, pero el impeachment sin crimen de responsabilidad, como está ocurriendo ahora, es un proceso golpista que no se condice con el camino democrático de Brasil», afirmó Rousseff, que defendió que «hacer ajustes en la economía no significa cortar planes sociales».
La mandataria explicó que el delito de que se le acusa, hacer maniobras fiscales en el presupuesto 2015, carece de sustento porque el gobierno aún no presentó las cuentas del año pasado a los tribunales de cuentas.
En ese sentido, destacó que una parte de quienes respaldan el juicio político están en contra de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) por el enfrentamiento a «problemas que vienen desde la época de la esclavitud», por haber sacado a 36 millones de brasileños de la pobreza y logrado el acceso de la población a la universidad mediante políticas afirmativas.
«Quien no tiene razón para sacar al gobierno que tiene su base en la Constitución quiere sacar al gobierno para cortar estos derechos garantizados. Si hacen esto conmigo, imaginen con el resto del pueblo brasileño», declaró ante el aplauso de la platea que gritaba «No Habrá Golpe» y «Fuera Temer».
La mandataria acusó a los impulsores del juicio político de ser «responsables por retrasar el reinicio del crecimiento económico y la generación de empleos», al vincular la crisis política con la recesión económica en la que se encuentra la mayor economía de América Latina.
Envió un recado a la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), que financió publicidad a favor del impeachment con el lema «no queremos pagar el pato», al rechazar el aumento de impuestos a las transacciones financieras que impulsa el gobierno.
«Si no hay tributos para generar igualdad mediante la intervención del Estado, el pato lo paga el pueblo. Hay cosas, como la vivienda popular, que no tiene solución de mercado; por eso es necesario el subsidio», respondió Rousseff al lado de los beneficiarios del plan Mi Casa Mi Vida.
En el corazón del poder político, los planes de PMDB que preside el vice Temer para vaciar al gobierno se atascaron en cinco ministros que hasta el momento se mantienen leales a la presidenta.
«Continuaremos en el gobierno y en el PMDB. Al lado de Brasil, enfrentaremos la crisis», dijo la ministra de Agricultura, Katia Abreu.
La reconstrucción de la base de apoyo comenzó a realizarse, tal había afirmado el jefe de asesores de Rousseff, ministro Jacques Wagner, con el tercer partido más populoso en la cámara baja, el Partido Progresista (PP), que cuenta con 51 escaños, y otros partidos menores, considerados clave para que no se llegue a los 342 votos de los 513 que se necesita para aprobar el impeachment.
El ultraopositor y procesado por corrupción presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, del PMDB, quien por no encontrar refugio en el gobierno de Rousseff en diciembre aceptó el pedido de juicio político, fustigó la intención del gobierno de «cooptar con cargos y recursos» a parlamentarios para que se sumen al oficialismo.
Cunha está procesado por el Supremo Tribunal Federal (STF), que debe decidir sobre un pedido de destitución del cargo debido a que la fiscalía suiza le descubrió cuentas sin declarar en ese país con 5 millones de dólares, sospechosos de formar parte de una coima de la red de corrupción dentro de los contratos de Petrobras.

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