Más de la mitad de los jóvenes que se encuentran detenidos en centros de todo el país están acusados de haber cometido delitos contra la propiedad, aunque sólo un 10 por ciento recibió condena, según surge de un informe conjunto realizado por Unicef y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
Los datos surgen de un relevamiento efectuado durante 2015, en el cual los especialistas coinciden en que contar con esta estadística era «una deuda pendiente», ya que las últimas cifras eran de 2008 y había una información parcial de 2011.
El informe, al que accedió Télam, también remarca que es necesario sancionar una nueva ley para niños, niñas y adolescentes que no baje la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años y con un régimen especial para jóvenes de hasta 17.
De acuerdo con los datos provistos por las autoridades de cada una de las jurisdicciones, el año pasado había 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país.
Esta cantidad representa sólo un 0,14 por ciento del total de la población de 14 a 17 años, según las proyecciones de población elaboradas para 2015.
Del total de esos jóvenes, la mayoría (el 89,5%) tiene entre 16 y 17 años, es decir que son punibles, mientras que el 10,5% tiene menos de esa edad y no puede ser juzgado.
El informe describe que en los establecimientos de privación de libertad (cerrados), el 55,1% está detenido bajo la acusación de haber cometido delitos contra la propiedad: el 69,7% por robos calificados y el 26,1% por robos simples.
En tanto, el 26,6% de los adolescentes alojados ha sido imputado por el delito de homicidio o tentativa de homicidio; el 2,3% por delitos contra la integridad sexual y el 0,5% por secuestros o privación ilegítima de la libertad.
El 2,2% de los delitos corresponde a la categoría tenencia, portación y abuso de armas, mientras que las infracciones a la ley de estupefacientes, al igual que las vinculadas al tipo lesiones se ubican en torno al 1%.
En tanto, en los establecimientos de restricción de libertad (semicerrados), la mitad de los delitos (50,6%) de los que se acusa a los jóvenes son contra la propiedad, de los cuales 64,4% corresponde a robos calificados y 31,0% a robos simples.
En tanto, el 33,1% está imputado del delito de homicidio o tentativa, el 1,7% por delitos contra la integridad sexual, el 2,9% por portación o abuso de armas y el 1,7% por infracción a la ley de estupefacientes.
Entre los jóvenes incluidos en programas de supervisión en territorio el panorama es similar, con un 67,6% imputado por robos, 5,1% por homicidio o tentativa, 4,2% por tenencia, portación y abuso de armas y 2,6% por lesiones.
Si se realiza una comparación con 2007, bajó levemente la cantidad de detenidos por robos -antes era el 70%, en tanto que subió por homicidio y tentativa, que era el 15%, estupefacientes (5%) y abuso sexual (4%).
Un dato relevante es que cerca del 10% de la población alojada en establecimientos cerrados o semicerrados y solo el 3,4% de los adolescentes incluidos en programas había recibido una condena al momento del relevamiento.
También se destaca que del total de menores, el 79,4% se encuentra incluido en programas de supervisión; 18,2% en establecimientos cerrados y 2,4% en semicerrados.
«Esto sugiere una progresiva adecuación a los estándares internacionales vigentes en materia penal juvenil que imponen a los Estados aplicar como última ratio la medida privativa de la libertad», remarca el estudio.
Consultado sobre el tema, el juez de Garantías del Joven de Berazategui, Elbio Ramos, afirmó que «estos chicos provienen de sectores sociales de alta exclusión, con bajísima instrucción primaria y muy pocos han terminado la secundaria».
Además, señaló que no tienen chances laborales y en casi todos los casos tienen problemas de drogadicción y alcohol.
Sobre cómo cometen los delitos, la mayoría robos, indicó que «van tres o más, con arma blanca, de fuego o de utilería» y la mayoría son detenidos «al momento o pocas horas después porque el adolescente sale con ánimo de robar, pero no tiene plan de escape».
Acerca de los institutos de menores, Ramos afirmó que, salvo algunas excepciones, «son sumamente deficitarios» y no se ven «programas homogéneos» para recuperar a los jóvenes.
«En el período que van a estar ahí, tienen que recibir una actualización de su educación, algún taller, si tiene problemas con las drogas, rehabilitarse. Esto no se hace como un programa de manera uniforme en todos los establecimientos, cada uno funciona según la cabeza del director», opinó.
El juez se mostró en desacuerdo con la aplicación de penas mayores a 10 años a los adolescentes porque son «sujetos en formación», recordó que el país fue condenado por aplicar perpetua a menores y pidió la sanción de una nueva ley, ya que la que rige es de la última dictadura militar.
Por su parte, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil de Moreno y General Rodríguez, Pedro MarchettI, afirmó que en la mayoría de los casos los adolescentes delinquen acompañados de un adulto y que en su distrito hay entre 70 y 80 causas por mes.
«Los fines de semanas son los días que más delitos cometen los jóvenes», afirmó el fiscal, que sostuvo que el un 60% son robos y en menor medida hay homicidios.
La mitad de los adolescentes está detenido por robo, pero sólo el 10% tiene condena
