Brasil vivió una serie de sucesos que grafican la exponencial crisis política que atraviesa el país, que se inició con la jura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil del Gobierno encabezado por Dilma Rousseff y continuó cuando la justicia suspendió la asunción, 40 minutos después, al entender que puede obstaculizar el proceso de corrupción por el que se lo investiga.
Tras conocerse la medida cautelar presentada contra el nombramiento de Lula, la Cámara de Diputados eligió hoy a los 65 miembros de una comisión especial que determinará si existen argumentos jurídicos para la apertura de un juicio político con miras a la destitución de Rousseff.
Si bien durante toda la jornada medios de prensa difundieron la anulación del nombramiento del ex presidente, hacia la tarde el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo, aclaró que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) ya es ministro de la Casa Civil pero no podrá ejercer las funciones de su cargo hasta que la Corte Suprema resuelva sobre la decisión judicial que suspendió su nombramiento.
«Lula está con un impedimento en el ejercicio de los actos, pero está investido», señaló Cardozo durante una rueda de prensa en Brasilia, tras asegurar que el Gobierno apelará la decisión de Itagiba Catta Preta Neto, el magistrado de la Corte Federal 4 de Brasilia que pidió la cautelar.
El abogado del Estado y ex ministro de Justicia declaró que el ministerio de la Casa Civil «no está vacante» y precisó que solo «hubo una suspensión de los efectos de la investidura del cargo».
El ejercicio del cargo que Lula acababa de asumir fue suspendido por Catta Preta Neto quien consideró que Rousseff incurrió en «improbidad administrativa», pues su intención fue que el nuevo ministro tenga foro privilegiado ante las denuncias que lo comprometen.
El juez, que según medios locales publicó tweet y posteos en redes sociales contra el gobierno de Rousseff y del que circularon fotos participando en la marcha del domingo que pidió la destitución de la mandataria, sostiene que la situación es «compleja y grave», ya que el ex mandatario, indicó, al parecer fue designado por Rousseff para dotarlo de foro y escapar de la jurisdicción del juez Moro, que investiga el caso Petrobras.
Como antesala a la asunción, el juez Moro dio a conocer un audio grabado en el que Lula y Rousseff hablaban de la firma para el nombramiento del cargo, lo que despertó protestas en las calles contra el gobierno y la toma de cargo de Lula.
Este jueves, la presidenta cuando encabezó la ceremonia de asunción a eso de las 11 de la mañana y rodeada de militantes y funcionarios, le dedicó, sin mencionarlo, un apartado a Moro y prometió la «más rigurosa investigación (porque) convulsionó a la sociedad lo cual viola garantías constitucionales y abre un precedente gravísimo». “Repudio, total e íntegramente, todas las versiones contra ese hecho”, agregó y advirtió: “Los golpes de estado comienzan así”.
Paralelo a la medida presentada por el juez de Brasilia, el ministro Teori Zavaski, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte) recibió otro pedido de medida cautelar del opositor Partido Socialista (PSB) contra el nombramiento de Lula.
La tensión que despertó la cautelar tras la asunción en el Palacio de Planalto quedó graficada en los enfrentamientos que se desataron frente de la sede de gobierno entre militantes del PT y opositores.
En este marco, la Cámara de Diputados eligió a los 65 miembros de una comisión especial que determinará si existen argumentos jurídicos para la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Rouseeff.
La elección de los miembros de la comisión fue el primer paso de un engorroso proceso que definirá si la mandataria será sometida a un juicio con miras a su destitución por irregularidades contables en las que el Gobierno supuestamente incurrió en sus balances de 2014 y 2015.
Las formaciones con mayor participación en la comisión serán el PT de Rousseff, y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer -primero en la línea sucesoria en caso de una destitución- y que alberga alas disidentes que apoyan el juicio político.
La elección de los miembros de la comisión se dio en medio de un constante alboroto, con la bancada opositora entonando «Fuera Dilma» y el oficialismo acusándolos de «golpistas».
El anuncio de la elección de la comisión, hecho por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien responde ante el Tribunal Supremo a un proceso por presunta corrupción vinculada a la estatal Petrobras, fue festejado por los opositores, que entonaron el himno nacional entre las protestas de los legisladores del oficialismo.
La comisión ahora deberá elegir a su directiva y al diputado que actuará como instructor y notificar oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones para presentar su defensa.
El proceso inició en diciembre pasado, pero fue interrumpido por una decisión de la Corte que identificó «errores de procedimiento». El Supremo esclareció el trámite ayer y hoy, al calor de la profunda crisis política que mantiene acorralada a Rousseff, la Cámara baja decidió retomar de inmediato el trámite para un eventual juicio político.
Tras la anulación de la asunción de Lula, la oposición acelera el juicio político a Rousseff
