La absoluta certeza con la que el jefe de Gabinete admite que no hay plan B si no se aprueba la capitulación ante los Buitres genera escalofríos. El argumento expresado por Marcos Peña y repetido por diversos economistas del oficialismo y sus aliados, es el mismo que utilizaba Fernando De la Rúa mientras que hacía equilibrio antes de la caída definitiva de la Alianza.
El blindaje primero y el megacanje después fueron presentados como las únicas tablas salvadoras del país que estaba hundido en el desempleo y la pobreza.
No es casualidad que el ex presidente radical haya defendido ahora el pago a los Buitres comparando la situación con las dos operaciones financieras que avaló y que implicaron el aumento de la deuda en unos 50 mil millones de dólares.
El megacanje consistió en un canje de bonos con el fin de retrasar los plazos de pago de la deuda a cambio de un importante incremento en los intereses y en el monto del capital adeudado, y además, abonando a los bancos colocadores comisiones millonarias. Por esa operación hubo varios funcionarios procesados, entre los que se encuentran Federico Sturzenegger -ex Secretario de Política Económica-, hoy a cargo del Banco Central.
El contexto era bastante parecido. El gobierno de la Alianza también buscaba el déficit cero, con recortes en el presupuesto y en los recursos destinados a las provincias o los salarios. El ajuste había sido enorme, pero siempre insuficiente a ojos de los organismos financieros que exigían más y más. La historia terminó mal para De la Rúa.
El blindaje y el megacanje no sólo no sirvieron siquiera para salvar a la Alianza, sino que acentuaron la crisis y prolongaron la agonía del endeudamiento.
Paradoja del destino, la deuda asumida entonces, es parte de la que quedó en default tras el paso fugaz de Adolfo Rodríguez Saá en la semana de los cinco presidentes. Esos bonos fueron «comprados» por los Fondos Buitres a un precio de baratija para después conseguir el fallo del juez Thomas Griesa que reconoce el valor nominal de los papeles. Es la misma deuda por la que ahora la Argentina asumirá un nuevo endeudamiento, estimado en no menos de 15 mil millones de dólares. No es la deuda externa, sino la deuda eterna.
Plantear que no hay plan B no sólo implica «esto o el abismo», sino la ausencia de una planificación alternativa ante un escenario financiero volátil.
No hay garantías de que el acuerdo con los Fondos Buitre genere una lluvia de inversiones y mucho menos, que no haya una catarata de nuevas demandas de los acreedores que cobraron en condiciones menos favorables. Las apelaciones que se están sumando en estos últimos días permiten avizorar que el camino no estará libre de espinas aún pagando al contado lo que dice Griesa que hay que pagar.
De hecho, en plenas negociaciones, la Corte de Apelaciones de Nueva York congeló una orden de Griesa que levantaba el embargo contra Argentina hasta que pueda escuchar una apelación de los acreedores que se oponen al levantamiento de las medidas cautelares que le impiden a la Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010.
El Gobierno no se opuso al requerimiento de los acreedores de dejar la orden en espera. Previamente, se había asegurado una apelación acelerada, con el argumento de que «sin una rápida resolución, el arreglo de las reclamaciones más grandes en este largo litigio se ponen en peligro
El mercado financiero tampoco está «regalando» dólares para inversiones con economías sin crecimiento y los precios de commodities bastante bajos y sin señales nítidas de recuperación.
La crisis extendida en Brasil por el incesante acoso de la derecha a Dilma y a Lula Da Silva tampoco puede ser una buena noticia para la economía argentina.
“Si Brasil estornuda, Argentina tiene neumonía”, definió con claridad la canciller Susana Malcorra.
La derecha brasileña acorrala a Dilma pese a que la mandataria ya aplicó una receta que se parece más a los dictados del establishment que a la plataforma del PT. Para forzar su caída, el nuevo paso es la estigmatización de Lula, en una réplica mediática de lo que sucede con el kirchnerismo.
Curtido, Lula resiste las embestidas y aunque ahora insisten en ponerlo tras las rejas, al mismo tiempo su imagen se fortalece y se potencia como posible candidato presidencial para suceder a la propia Dilma.
Su derrota, en cambio, significaría un golpe mortal para la continuidad de los proyectos “progresistas” en Latinoamérica tras la derrota del kirchnerismo en la Argentina.
Lo más probable es que el Gobierno consiga los votos necesarios para aprobar el nuevo endeudamiento con el respaldo de los aliados, las escisiones del kirchnerismo y el apoyo de gobernadores, urgidos por la necesidad de financiamiento, que llegará a través de la Nación.
Más allá de los argumentos que pueda exponer el kirchnerismo, Sergio Massa y el neoperonismo del galán de novelas Juan Manuel Urtubey y el renegado Diego Bossio sumarán lo suficiente para avalar el pedido del oficialismo. Los gobernadores no pondrán trabas en el Senado no sólo por la promesa de financiación, sino porque saben que si la estrategia fracasa, la culpa en última instancia, será de Macri.
Hasta ahora, las penas son compartidas por las provincias sin obtener ningún rédito.
El recorte de la coparticipación que se extendió a casi todas las provincias después del fallo a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba, no es el único padecimiento.
A eso hay que sumarle la casi nula financiación para obras públicas que se traduce en la parálisis del empleo.
Pasaron tres meses de gestión y no han aparecido medidas que busquen solucionar los problemas más acuciantes para el argentino de a pie, como la inflación que está disparándose más allá de cualquier herencia y que ya comienza a mostrar los primeros efectos colaterales. La caída del empleo, el consumo y la paralización de diversos sectores económicos se suman en una ecuación dolorosa que conspira contra la promesa de «pobreza cero».
Por eso, más allá de los Buitres, los gobernadores necesitan una estabilidad en el flujo de recursos que se perdió en los últimos meses, incluso antes de las elecciones.
Para el interior es vital que lleguen a buen puerto las negociaciones del programa que le pondrá fin al recorte del quince por ciento de la coparticipación.
Macri había propuesto un esquema a cinco años que recién se iniciaría en 2017.
Los gobernadores se mantuvieron firmes y lograron torcer la voluntad del Presidente, que, enfocado en el acuerdo con los Buitres, no puede mantener otro frente de batalla abierto.
La nueva oferta es mucho más favorable a los intereses del interior.
Este año se dejará de descontar un tres por ciento de la coparticipación a lo que se sumará otro tres por ciento a través de un bono o una refinanciación de deudas de las provincias con la misma Nación.
El año que viene se sumará otro tres por ciento y el esquema seguirá hasta ponerle fin a los recortes iniciados en 1992.
De todos modos, esto no implica que las provincias tendrán más recursos automáticamente.
De hecho, en el caso de Misiones, se trata prácticamente de un empate ya que la coparticipación se anticipaba diluida a raíz de los cambios en Ganancias, la reducción de las retenciones y la quita del IVA a la canasta básica que prometió Macri poner en marcha en los próximos meses.
Esa suma anualizada, indica que Misiones perdería 60 millones de pesos mensuales promedio a raíz de la reducción del impuesto a las Ganancias, la baja del IVA a los productos de la canasta básica y la reducción del Fondo de la Soja, dado que son impuestos que se coparticipan a las provincias.
Esos 60 millones mensuales promedio, representan casi el 6 por ciento de la coparticipación actual de recursos federales que recibe Misiones.
La nueva propuesta alternativa presentada por la Nación consiste en dejar de detraer el 3 por ciento del 15 por ciento desde este año, más otro 3 por ciento que sería reconocido como deuda de la Nación mediante algún instrumento financiero (títulos, letras o bonos), que equipara a lo que la provincia va a dejar de percibir por las medidas impositivas que se adoptaron y adoptarán en los próximos meses.
En el Gobierno consideran, no obstante, que es una buena noticia, porque plantea un escenario de corto y mediano plazo para recuperar fondos federales, generando una situación de igualdad con otras provincias (Córdoba, Santa Fe y San Luis que recuperaron fondos a través de la Corte).
Passalacqua celebró la nueva propuesta como «mejorada y con intención de dar un paso adelante», al tiempo que vaticinó que «si bien tiene que pasar por la Legislatura provincial, en el caso de Misiones se va aceptar ya que es parte de dinero líquido y de un próximo instrumento legal para poner letras en el Tesoro o mediante algún documento que permita cancelar la deuda en cuatro años».
Passalacqua afirmó que «es un gran avance que a partir del fallo de la Corte podamos tener acceso a la devolución del 15 por ciento del Anses en los próximos cuatro años, según lo pautado».
El mandatario informó que «se va a elaborar un nuevo decreto donde los acuerdos serán bilaterales de Nación con cada una de las provincias para llegar a un acuerdo genérico y a beneficios comunes».
Asimismo, se pautó que en próximas reuniones, las cuales serán mensuales ya sea con los mandatarios provinciales como con los ministros de Economía, se tratará la devolución del 1,9 por ciento de la Afip que, en diciembre de 2000, se dispuso por decreto destinar este porcentaje de la masa coparticipable para el financiamiento de la entidad fiscal.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien hace de enlace entre Macri y los gobernadores, reiteró que «nuestro compromiso es tener una nueva ley de coparticipación».
El ministro expresó su confianza «en que el diálogo y la negociación política son los instrumentos para solucionar problemas que generó la política, y esto siempre debería ser mucho más beneficios que la vía judicial, que muchas provincias han encarado».
«Planteamos que teníamos la obligación de ponernos como meta, aunque sea en este mandato, cumplir con lo que dice la Constitución y tener una nueva ley de Coparticipación», insistió.
Al respecto, Passalacqua también destacó que «es un punto con muchas intenciones de tratar en el próximo encuentro ya que es un monto importante para beneficiar a Misiones».
Este «empate» y la recuperación de los recursos plenos permite planificar con mejor perspectiva a futuro y eventualmente, tomar decisiones financieras que hoy son más complejas por el escenario incierto generado por la nueva política económica que todavía no ha logrado corregir indicadores clave como la inflación.
Por el contrario, la aceleración de la inflación ya no puede atribuirse a la herencia recibida, sino a los efectos de una devaluación cercana al 60 por ciento y al levantamiento de las restricciones cambiarias que favorecieron directamente a los exportadores, que dejaron de estar interesados en vender a un precio en pesos en el mercado interno.
En promedio, según los indicadores que admite el propio Gobierno ante la parálisis del Indec, la suba de precios fue de 8,3 por ciento en el primer bimestre, con un incremento por encima del 4 por ciento en el mes de febrero, producto del tarifazo eléctrico de hasta en un 500 por ciento. Ese tarifazo se multiplicará en los precios de toda la cadena de productos, alquileres e insumos, por lo que no debería sorprender que los índices de inflación sean los mismos durante este mes.
También tiene derivaciones políticas, como las marchas en contra del Gobierno provincial que tuvieron una fuerte adhesión en el sector comercial del centro posadeño y en algunas ciudades del interior.
Lo llamativo es que muchos de los protagonistas de las manifestaciones en contra de la empresa eléctrica provincial, son los mismos que estuvieron enrolados en la campaña por el «cambio» que llevó a Macri al poder.
Más allá de las muchas culpas que se le pueden atribuir a Emsa, no se puede escindir el aumento local de la quita de subsidios y el tarifazo nacional que decidió el Presidente.
Con su estrategia «misionerista», la Renovación genera en sus rivales el doble juego político de ser «opositor» local y oficialista nacional.
Ahora es el PRO y sus partidos satélites como la UCR y otras expresiones menores, pero antes fue el peronismo «kirchnerista» y antirenovador.
Muchos de los que se sumaron a las marchas e incluso irrumpieron violentamente en el canal estatal para «escrachar» al secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, fueron protagonistas de la campaña del PRO en Misiones y algunos, incluso candidatos.
No pueden desconocer que las medidas del ahora Presidente fueron reveladas con mucha anticipación en plena campaña.
Los empresarios y comerciantes aducen que el aumento de la tarifa eléctrica se trasladará a los precios y a las ventas. Lógico.
Pero aunque es innegable el impacto de la suba de las tarifas en la actividad económica, muchos de quienes ahora salen a protestar, son los mismos que desde hace tiempo remarcan sin cesar alimentando el proceso inflacionario en detrimento del consumidor. Los precios se remarcan siempre por las dudas, ante un incremento salarial o ante la promesa de una devaluación. El dólar a 16 pesos con el que se especulaba en la campaña fue la marca para la remarcación en noviembre y ahora el nuevo piso para pensar los precios a futuro. Nunca pierde el comerciante.
La inflación se convirtió en un problema que excede la billetera del comprador y alcanza a los propios empresarios y al empleo.
En el primer bimestre del año en Posadas se cerró un comercio por día y por primera vez en años, la Cámara de Inmobiliarios analiza «congelar» los alquileres de los locales comerciales para sostener a los clientes.
De hecho, con algunas grandes cadenas que pagan sin atrasos, las tarifas ya fueron congeladas, porque los dueños prefieren plata en mano antes que locales vacíos.
Los precios de los alquileres tienen una incidencia fenomenal en la inflación y, vale reconocerlo, muchas veces las subas obedecen más a la especulación de los dueños que a cuestiones objetivas. Pretender que la tarifa eléctrica o la política fiscal son las máximas responsables de los aumentos no se condice con la realidad ni con las ganancias de algunos empresarios.
Sin embargo, la menor actividad se está sintiendo también en los números de la recaudación. Según fuentes oficiales, hasta noviembre se recaudaban unos 20 millones de pesos al mes en los puestos de control en las rutas de acceso a Misiones. En enero se recaudaron 13,5 y en febrero 14 millones. El año pasado se registraban diariamente entre 1000 y 1200 camiones. Ahora no pasan más de 700.
De cualquiera manera, las manifestaciones, que se repetirán en las próximas horas, le sirven a los dirigentes de la oposición para encontrar visibilidad en un escenario en el que, pese a tirar todos para el mismo lado, los únicos que están conformes, son los del PRO.
El resto de los partidos que hicieron de colectora para Macri quedaron fuera del reparto de cargos pasados tres meses de la asunción. El radicalismo que apostaba a recuperar espacios después de una ardua tarea de seducción, sufre en carne viva el desprecio del macrismo.
No hay consuelo en la UCR y mucho menos en los jóvenes radicales que pusieron el alma en la campaña para alzar la bandera amarilla.
El PRO no solo no cumplió con las perspectivas de inclusión sino que prácticamente dejó de atender a los radicales misioneros que siguen buscando cobijo. El desencanto es tal que los dirigentes juveniles anticipan que para las legislativas del año próximo, el radicalismo debería ir con lista propia para conseguir más legisladores aunque siga la alianza nacional.
En el PRO no se hacen mucho problema. Por el contrario, consideran que las legislativas son una excelente oportunidad para fortalecerse como partido pensando en 2019.
Planes alternativos
