100 días

Las decisiones que se están tomando por estos días, serán recordadas por mucho tiempo y con consecuencias inestimables en el presente. Por lo menos hasta el 2046, futuras generaciones seguirán pagando la emisión de bonos que se hará para llegar a un suculento acuerdo con los Fondos Buitre, que se llevarán mucho más de lo soñado durante la pulseada con el Gobierno anterior.
Argentina se convertirá, si hay acuerdo en el Congreso, en el mayor emisor de deuda del mundo en las últimas dos décadas y hasta medios especializados que no tienen nada de «populistas», como el Financial Times, destacan las condiciones generosas de la capitulación argentina ante los «inversores de riesgo». Se emitirá nueva deuda por quince mil millones de dólares, a los que hay que sumar otros cinco mil millones ya incluidos en el presupuesto 2016. Argentina sería así el mayor emisor de bonos en mercados emergentes desde que México pidió 16 mil millones de dólares en 1996.
El acuerdo con los Buitres, necesario para que el país recupere el acceso pleno al mercado de capitales, tendrá un costo demasiado elevado y las garantías de mejores condiciones de acceso al crédito, no son equivalentes. En cambio, se retoma una senda de endeudamiento que tuvo siempre un final trágico, aquí y en cualquier parte del mundo. La Argentina de 2001 vuelve a la memoria, lo mismo que la Grecia despedazada por los acreedores. El sometimiento al que se expuso al país durante los años del neoliberalismo tiene su correlato en las imposiciones para destrabar el litigio con los carroñeros: el juez municipal de Nueva York, Thomas Griesa no sólo pone cláusulas jurídicas, sino que supedita todo a que el Congreso derogue las leyes que impedían ofrecer mejores condiciones económicas a los acreedores que no ingresaron a los canjes previos. Es decir, hay que ir y hacer lo que diga Griesa.
Lógicamente, los bonistas que confiaron en los acuerdos alcanzados durante el kirchnerismo, cuestionaron la decisión del juez y las favorables condiciones otorgadas por el gobierno de Mauricio Macri a los fondos buitre, en detrimento de sus propios intereses.
Mientras los bonistas que entraron a los canjes aceptaron quitas de hasta un 60 por ciento, Paul Singer, el Buitre más duro, cobrará hasta quince veces más por lo que invirtió comprando los bonos argentinos en default. El fondo Elliott -de Singer- recibirá u$s 2.280 millones, lo que equivale a alrededor del 369 por ciento del capital de u$s 617 millones que «invirtió» la firma.
Si el Congreso deroga las leyes Cerrojo y Pago Soberano antes del 14 de abril con la ley de «Normalización de la deuda pública y recuperación del crédito» se pondrá en marcha nuevamente la maquinaria del endeudamiento.
Sin embargo, el endeudamiento no está exento de riesgos y el primero es que el financiamiento que se obtenga sea inferior al esperado por desconfianza o falta de interés. Así, la economía tendrá una menor expansión y mayor necesidad de ajuste fiscal o seguir conviviendo con una inflación que las ambiciosas metas puestas para el corto plazo.
En el otro extremo, los especialistas advierten que un sobreendeudamiento podría volver a colocar al país en un escenario de atraso cambiario.
Si se aprueba, será la primera “gran medida” que podrá anunciar el presidente Mauricio Macri justo cuando está a punto de cumplir los cien días de su administración, signada hasta ahora por la devaluación, los despidos y el achique del Estado.
El apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa será fundamental para obedecer las órdenes de Griesa, ya que el Frente para la Victoria rechazó la posibilidad de aprobar el proyecto del Ejecutivo, mientras que algunos aliados que responden directamente a las provincias, buscarán conseguir algún beneficio a cambio de dar quórum para que el PRO logre cumplir con la promesa al juez de Nueva York.
Aunque no dio pistas sobre el voto de los misioneros, el diputado nacional Jorge Franco, recordó que «desde el año 2003 la Renovación estuvo a favor de vivir con lo nuestro, sin necesidad de endeudar al país porque las consecuencias de épocas pasadas fueron muy tristes». El ex ministro de Gobierno, quien integra junto a Axel Kicillof la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, advirtió que “dar gobernabilidad a Macri no significa hipotecar el país”.
Hasta ahora, los gobernadores no han recibido alguna señal de aliento de parte del Gobierno nacional, que, por el contrario, advierte que «no se puede desfinanciar al Estado» para cumplir con las necesidades financieras de las provincias, mientras que no hay timidez para proponer un nuevo endeudamiento que afectará más temprano que tarde al interior.
Con ingresos flacos y una economía que no levanta con la rapidez que prometía el PRO, los gobernadores rechazaron el decreto que Macri firmó para desactivar la protesta de las provincias. El Presidente propuso dejar de descontar el quince por ciento de la coparticipación en un plazo de cinco años, que comenzaría a correr recién desde 2017. Así pretendía calmar a los mandatarios que exigen alguna certeza y tener el mismo trato que Córdoba, Santa Fe y San Luis, que se ganaron la coparticipación plena en un fallo favorable de la Corte Suprema. Pero el plazo propuesto es demasiado extenso para las urgencias de las provincias que ven cómo la Nación prioriza la asignación de recursos en otras áreas, mientras que las necesidades de las provincias quedan relegadas.
El mensaje que brindó el Presidente en su primera apertura de las sesiones del Congreso no dio indicios de que la relación con los gobernadores cambiará. Después del período de tolerancia marcado por los «cien días», los mandatarios comienzan a mostrarse insatisfechos y quieren más acción que diálogo. Ya fueron como cuatro reuniones con los ministros del gabinete nacional en las que básicamente, siempre se habló de lo mismo sin demasiados avances.
Lejos de un tono conciliador, Macri atribuyó las medidas de ajuste y la necesidad de un acuerdo urgente con los Fondos Buitre a la «pesada herencia» recibida.

 

Por primera vez en años, la derecha latinoamericana tiene en la Argentina un espejo en el que mirarse esperanzada

Es una estrategia válida para la política la de cargar las tintas sobre el adversario, pero lo cierto es que la herencia no puede analizarse en abstracto únicamente desde 2003. Los últimos 20 años de la política argentina estuvieron condicionados por el sobreendeudamiento que tuvo el país desde el gobierno de Carlos Menem hasta el mal recuerdo de la Alianza.

 

Proponer que los doce años de kirchnerismo conforman un elemento aislado es partir de una premisa falsa. Los bonos de deuda comprados por los Fondos Buitres fueron parte del enorme default decretado por Adolfo Rodríguez Saá como salida a la encrucijada que tenía el país después de la huida de Fernando De la Rúa y los frustrados blindaje y megacanje. Prat Gay y el mismo Struzeneger no tuvieran que ver con la deuda en litigio cuando formaban parte del gobierno de la Alianza. Prat Gay fue vicepresidente del Banco Central en momentos del megacanje, mientras que Federico Sturzenegger, ahora presidente del Banco Central, era Secretario de Política Económica y todavía hoy sigue procesado por esa operación que consistió en un canje con el fin de retrasar los plazos de pago de la deuda a cambio de un importante incremento en los intereses y en el monto del capital adeudado, y además, abonando a los bancos colocadores comisiones millonarias. Según expertos, el «Megacanje» aumentó (de acuerdo a las proyecciones) el monto de la deuda en 53 mil millones de dólares sumado capital e intereses.
Sin dudas, la polarización con el kirchnerismo, le sirve a Macri como le sirvió antes a Cristina. Se elige al enemigo como reflejo.
Hablar de la herencia sirve por ahora para que se hable poco de la propia gestión.
Si todo lo recibido está mal, entonces, por comparación, lo mínimo que se haga será un avance. O la quietud, un signo de relativa estabilidad.
El ataque a la «herencia» en la Argentina, es una batalla frontal contra el «populismo» de América Latina. Por primera vez en mucho tiempo, la derecha política tiene en Macri a un líder dispuesto a marcar el camino. No son aislados ni están fuera de contexto los embates contra Lula y Dilma en Brasil o Evo Morales en Bolivia, sumadas a la tradicional demonización de la Venezuela chavista.
El PRO representa el regreso de las políticas (neo) liberales que fueron aplicadas con mayor o menor intensidad en todo el continente hasta hace poco más de una década. Lula, Evo, Chávez, Correa, Néstor Kirchner, entre otros, rompieron esa lógica con una unidad latinoamericana inédita en la historia.
Desacreditar ese momento de la historia es vital para volver a imponer el discurso dominante del inevitable ajuste. La detención de Lula y la frase de Macri -«El modelo de inclusión y crecimiento del que tanto habló el gobierno anterior, nos llevó a la pobreza y la exclusión»-, tienen una misma génesis, que es la de ubicar al «populismo» como sinónimo de corrupción e ineficacia. La derecha, por caso, también tiene a una innumerable cantidad de funcionarios denunciados por hechos de corrupción.
La persecusión, tiene, sin embargo, su costado riesgoso. Charliton Machado, dirigente del PT, definió la situación política de este modo: Desde ontem a direita vive um conflito trágico: “Lula preso vira herói. Morto, vira mito. Solto, vira presidente”. La misma situación puede repetirse en otros países de América Latina.
Nadie duda que la corrupción debe ser penada aquí o en Brasil, pero la eventual condena a algún dirigente no debe invalidar el análisis de las políticas aplicadas.

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En la última década, cuando coincidieron la mayoría de los gobiernos de «izquierda», millones de latinoamericanos salieron de la pobreza extrema con políticas de inclusión que fueron desde el Hambre Cero en Brasil hasta la Asignación Universal por Hijo en la Argentina. Una madre que reciba la AUH para su hijo, difícilmente se sienta más pobre o excluida que hace una década.
Durante su discurso leído ante la Asamblea Legislativa, Macri trazó un panorama dramático de la herencia recibida y la supuesta postración del país, como justificación de cada medida económica tomada por su Gobierno con la promesa de salir a flote.
El ajuste, no sería más que un “ordenamiento” de los gastos del Estado, aunque sus consecuencias directas sean la pérdida de puestos de trabajo y caída del consumo. Las subas de tarifas también sirven como paliativo para cubrir déficits.
Sin embargo, los primeros cien días no han alcanzado ni para frenar la inflación que pegó un salto en los últimos meses después de la promocionada devaluación que a ojos de los exportadores, ha sido insuficiente.

 

El dólar oficial superó esta semana los 16 pesos -el precio de la mala administración como definía Prat Gay en campaña- y nada indica que vaya a bajar, sino que, por el contrario, los sojeros y exportadores presionan por una nueva suba que potencie sus ganancias. A diferencia de lo que decían en campaña, el precio del dólar oficial sí incide en los valores de la canasta básica, que se han disparado al mismo ritmo de la devaluación. No falta carne, como pronosticaban hace algunos años, pero por decisión de Macri, Argentina importará ganado desde Uruguay en un intento de contener los aumentos que no se detienen y que a su vez son alimentados por otras decisiones oficiales, como el incremento de las tarifas de los peajes -150 por ciento en Misiones- o de los combustibles.
Por eso el financiamiento externo es fundamental para sostener la actividad, ya que con una economía deprimida, la única forma de tener control sobre la macroeconomía es con dólares prestados.
Muchos analistas pusieron el foco en el tono utilizado por Macri en su mensaje, dirigido especialmente al enemigo íntimo representado por el kirchnerismo. Sin embargo, hay que analizar lo que subyace en el discurso. El Presidente condiciona la ayuda a las provincias a que se logre un acuerdo con los Fondos Buitre que destrabe financiamiento para obras todavía en la nebulosa.

Los gobernadores ya quieren
dejar atrás los buenos gestos de cordialidad con
el Presidente a quien le exigen pasar a la acción

Los mandatarios, más pragmáticos, saben que el endeudamiento no garantiza recursos para el interior y por eso presionan por algo más firme, como la devolución del recorte del quince por ciento de la coparticipación en un plazo más breve que los cinco años prometidos por el Gobierno nacional, a contar desde el año que viene. Esa detracción utilizada para financiar la Anses y el funcionamiento de la Afip, no sólo le quita recursos genuinos a las provincias, sino que mantiene una desigualdad con las provincias que ganaron la devolución en la Corte Suprema.
Por eso no extrañó la firmeza de los mandatarios que, en un nuevo encuentro en el Consejo Federal de Inversiones, donde Misiones estuvo representada por el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, exigieron un nuevo encuentro con Nación para rediscutir el sistema de reparto de los fondos federales.
De urgencia tuvo que salir la convocatoria del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El próximo martes volverán a verse las caras, pero en las gobernaciones no hay demasiadas esperanzas de que haya un cambio de políticas hacia las provincias que hasta ahora padecen el impacto negativo de las medidas tomadas por la Nación, pero poco y nada de positivo.
Cada medida que toma la Nación tiene un impacto directo en las finanzas provinciales y en el humor de la sociedad. El tarifazo eléctrico que decretó Macri se tradujo en un aumento de tarifas en Misiones que acentuó aún más las asimetrías con lo que pagan los usuarios del país central.
Por eso el gobernador Hugo Passalacqua buscó minimizar el impacto en los misioneros y ordenó empezar a cobrar la tarifa con aumento recién desde el 1 de febrero. No quiso saber nada de tecnicismos cuando se supo que algunos usuarios habían recibido en tarifas con aumentos desde enero. En la empresa eléctrica provincial explicaron que las facturaciones se toman por períodos y no por mes calendario, por lo que algunas boletas tuvieron el aumento incluido. Passalacqua ordenó una solución salomónica y que se acredite en la futura facturación, el monto cobrado «de más» en enero.
De todos modos, llamó la atención la sobreactuada crítica de la oposición a los aumentos aplicados por Emsa, cuando el tarifazo llegó desde la Nación. La empresa eléctrica pagaba un promedio de entre 15 y 17 millones de pesos mensuales por la energía comprada al sistema interconectado nacional. Con la caída de los subsidios y el incremento de las tarifas, ahora paga 55 millones. Las tarifas no cubren esos costos.
Pero los diputados enrolados en la alianza Cambiemos quieren «determinar» si los aumentos obedecen al tarifazo nacional que, en cambio, nunca cuestionaron.
Passalacqua sabe que la situación económica de la Provincia está atada a la Nación. Por eso sostiene la diplomacia mientras por lo bajo realiza permanentes reclamos a través del vice o el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, quien mantiene una activa agenda de reuniones con funcionarios nacionales.
Hasta ahora el humor político en Misiones no ha sufrido grandes cambios. Las clases se iniciaron con normalidad con un acuerdo inédito entre el Gobierno y los gremios, que incluyó un aumento del 25 por ciento en blanco que se cobrará desde el mes de marzo. Con un gran esfuerzo de la Provincia, se llegó al mínimo de 7800 pesos que aumentará a 8500 en julio, con una mesa de negociación abierta y en sesión permanente.
Mientras que negocia con policías y empleados de la Salud, el Gobierno de la provincia acordó un incremento salarial del 25 por ciento para los empleados públicos provinciales agremiados en la Unión del Personal Civil de la Nación. El 21 por ciento será liquidado en abril y el cuatro por ciento restante a partir del mes de mayo. El aumento será destinado al básico y como adicional remunerativo.
La gran apuesta ahora es la reactivación de la obra pública. Antes del encuentro con la UPCN, el Gobernador recibió en su despacho al secretario general de la UOCRA, Héctor Vallejos, con quien analizó el estado de situación de la obra pública y el impacto sobre la mano de obra. En este sentido, Passalacqua expresó su optimismo en cuanto a ir logrando el desembolso de acreencias por parte de la Nación, que tienen directa relación con la construcción de viviendas. Vallejos, en tanto, manifestó la voluntad de acompañamiento del movimiento de trabajadores al cual representa a las gestiones que viene realizando el mandatario misionero ante las autoridades nacionales. La obra pública a pleno absorbe más de quince mil puestos de trabajo permanentes, con un enorme efecto derrame en toda la economía.

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