La investigación por la muerte a golpes del albañil Carlos Raúl Guirula (30), ocurrida en la comisaría Decimotercera de Posadas, está agotada. Sin embargo, una serie de apelaciones presentadas por defensores de tres de los acusados impide que el expediente sea elevado a la instancia de juicio oral y público. Y como parte de esos planteos está en el Superior Tribunal de Justicia, no hay tiempo estimado en el que la causa pueda dejar la etapa instructoria para adentrarse en la de sentencia.
El sábado 19 de julio de 2014, el albañil y dos amigos entraron en el motel Park (Andresito y Santa Catalina) con dos prostitutas. Cuando ya se retiraban, el trabajador tuvo una discusión con el conserje, supuestamente porque se negaba a pagar la cuenta de lo que había consumido. Consideraba que lo que le querían cobrar era excesivo. Desde el albergue transitorio llamaron a la Policía y al rato cuatro patrulleros llegaron al lugar.
Guirula no solo fue reducido y esposado. La dieron una paliza brutal que hizo que llegara muerto en el patrullero en el que lo trasladaron a la comisaría XIII.
Los seis policías imputados como partícipes directos en la muerte del trabajador de la construcción siguen detenidos. Y permanecerán así hasta la realización del debate. Solo a uno de ellos, el oficial Carlos Alberto Sidorak, le autorizaron internarse en una clínica psiquiátrica por la profunda crisis depresiva con tendencia al suicidio que padece. Habría intentado quitarse la vida mientras estuvo preso en la seccional Tercera de la avenida Uruguay.
Sidorak está imputado del delito de “omisión funcional de evitar torturas”. De “tortura seguida de muerte”, en tanto, están acusados la oficial Lourdes Tabárez, el sargento primero Claudio Marcelo Servián, el cabo Ricardo Rafael Escobar, el cabo primero Lucas Nahuel Saravia Allosa y el agente Carlos Alberto Da Silva.
La lista de sospechosos se completa con los agentes Jorge Orlando Barrios y Jorge Marcelo Bogado y el cabo primero Sergio Damián Recalde, todos imputados de “omisión funcional de denunciar torturas”. Estos tres no están presos.
La causa es tramitada por el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, quien resolvió la situación de los sospechados en agosto de 2014.
Los respectivos defensores de los acusados apelaron, pero la Sala I de la Cámara de Apelaciones, compuesta por los jueces Ricardo Venialgo y Marina Ruth Di Laccio, avaló la decisión del magistrado de primera instancia.
Sin embargo, el entonces abogado de la oficial Tabárez, Alejandro Jabornicky, acudió en Casación del Superior Tribunal de Justicia. Además de pedir que el alto cuerpo revea la prisión preventiva, también solicitó que hiciera lugar a otros pedidos que había planteado en su momento: la excarcelación extraordinaria de su asistida y también la prisión domiciliaria para su asistida. El argumento de Tabárez para cumplir la preventiva en su casa es que tiene una hija pequeña que criar y que la separación de ambas por el arresto está provocando graves secuelas en la niña.
Actualmente la oficial es asistida por una Defensoría Oficial, ya que Jabornicky se apartó de la defensa por razones económicas y de estrategia.
Estos planteos son los que están en el STJ. Por otra parte, los defensores particulares de Jorge Orlando Barrios y Jorge Marcelo Bogado, apelaron ante la Cámara el rechazo al sobreseimiento que dispuso el juez Cardozo.
Recién cuando se resuelvan todos los recursos, el expediente podrá ser elevado a juicio. Esa elevación también puede ser apelada, por lo que, por ahora, la realización del debate para establecer las penas a quienes mataron al trabajador parece bastante lejana.
MAS
EP
