La trama es intrincada, como todo lo que tiene que ver con la mano del narcotráfico. Se mezclan supuestas delaciones, presuntas “mejicaneadas” de cargas de droga y la sangre fría de gente del hampa que ante una situación que pone en riesgo sus negocios puede ser implacable, letal. Fuentes judiciales confirmaron que se libró otra orden de detención, la segunda, en el marco de la causa que investiga el doble crimen que sucedió en Posadas y que tuvo como víctimas a Sebastián Vega (35) y a su amigo paraguayo Rodrigo Ibarra (37), en el barrio Tacurú de Posadas en diciembre del año pasado.
Los detectives tienen en carpeta los nombres y apellidos de los supuestos sicarios. Se trata de dos paraguayos de entre 30 y 40 años, con antecedentes en el oscuro mundo del narcotráfico y escurridizos para las fuerzas de seguridad. Se cree que están en Itapúa o en Alto Paraná, ambos departamentos paraguayos fronterizos con Misiones.
Los buscados no serían los únicos protagonistas de la macabra historia. Otros personajes, entre ellos el dueño de un cargamento de marihuana que nunca llegó a destino y que estaría en Argentina, están en la mira. Y en este punto es clave una localidad cercana a Posadas: Gobernador Virasoro, Corrientes. Quien se ocupó de acabar con la vida de Vega e Ibarra llamó a esa ciudad la noche del doble homicidio y con celular del propio Vega. Habría anunciado el inminente final del dúo de amigos.
La Justicia primero ordenó la captura de uno y luego la del segundo tras una serie de testimonios y pericias que llevaron a cabo en conjunto la División Homicidios de la Policía provincial y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC). Ha sido importante el intercambio de información y la consulta constante. Fuentes judiciales han destacado la colaboración de la fuerza de seguridad y la buena predisposición del nuevo conductor de la institución, el comisario general Manuel Mártires Céspedes.
Igual de clave fue el material aportado por el Juzgado Federal de Zárate-Campana (provincia de Buenos Aires), que había ordenado escuchar las conversaciones de Vega, porque tenía indicios de que estaba relacionado con el narcotráfico. Precisamente, este seguimiento permitió a los pesquisas armar el círculo de contactos que tenía el posadeño ejecutado a balazos.
Las escuchas, por ejemplo, determinaron que Vega y presumiblemente Ibarra conocían a al menos dos o tres de los personajes que ordenaron su abrupto final.
Fuentes judiciales remarcaron que hay datos que señalan que las víctimas tenían contacto con el mundo narco y que una de sus actividades habituales era el “mejicaneo” de cargas. En la jerga delictiva, “mejicanear” es quedarse con parte de algo que otros delincuentes han conseguido.
Esas actividades más la sospecha de que algún dato “filtrado” por Vega permitió que la Policía Federal decomisara casi 4.000 kilos de marihuana en Virasoro, en julio del año pasado, habrían sellado la suerte del misionero y de su amigo.
La propia madre del fallecido, Carmen Cuadros, durante una marcha en reclamo de justicia que se hizo en enero, dijo que 15 días antes del doble asesinato, su hijo le contó que había denunciado a los narcos. “Él me contó a mí que los había denunciado. Yo me asusté y él me dijo el nombre de la persona y todo”, le confió a la prensa.
“Fuimos amenazados. Nos dijeron que nos fuéramos de la provincia y que nos están siguiendo, pero yo no le tengo miedo a nadie, los que tienen que tener miedo son ellos, los que hicieron esto. ¿Nos van a terminar matando a todos? No puede ser esto”, añadió la mujer en aquella ocasión.
Los informantes indicaron a este medio que no habría sido el único dato “filtrado” por Vega para que otras cargas no llegaran a destino.
El 16 de diciembre del año pasado, Vega dejó un asado en la casa de una hermana para acudir con Ibarra a una cita en inmediaciones del hipermercado Libertad. Un conocido lo cito allí alrededor de las 23 luego de llamarle al celular y decirle: “Ya tengo lo tuyo”. Los amigos nunca volvieron. Aparecieron asesinados a balazos la mañana siguiente en la chacra 98, encerrados en el Chevrolet Agile en el que habían acudido al encuentro. Para ultimarlos utilizaron una pistola calibre nueve milímetros y un revólver calibre 38. Con Vega tuvieron más saña, fue quien más impactos presentaba.
Del auto en el que estaban las víctimas levantaron huellas dactilares y rastros capilares que serán útiles para un eventual cotejo de ADN.
En la zona donde aparecieron los cuerpos fue visto, además del Agile, un VW Bora negro. Sería el auto en el que se movilizaban los sicarios, que luego del hecho salieron del país. Uno de ellos habría escapado por Eldorado, el 23 diciembre. Es un hombre que había vivido en Iguazú mucho tiempo y que conoce bien la provincia.
Cisterna verde
Mientras la Justicia local supervisa la búsqueda de los presuntos participantes del hecho, también pone un ojo en lo que investiga el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, cuyo aporte ha sido clave para avanzar en la pesquisa de la violenta muerte de Vega e Ibarra. Se trata del magistrado a cargo de la causa por el decomiso de los 3814 kilos de marihuana en Virasoro.
En agosto del año pasado, el magistrado procesó a Roberto López, de 40 años, sindicado como el organizador de la banda criminal. Es un hombre que se moviliza en silla de ruedas y al que atraparon en Mercedes, Corrientes.
Los otros imputados son Miguel Ángel Ibarra Alvez, un ciudadano paraguayo de 34 años; Juan Gabriel Quintas, de 28; y Juan Pablo Santana, de 36 años, alias “Frodo”, conductor del camión cisterna interceptado en la localidad correntina por la Policía Federal.
Ibarra Alvez era pariente de Rodrigo Ibarra, indicaron las fuentes consultadas por Misiones Online.
“El abastecimiento se habría efectuado en un campo en las inmediaciones de Virasoro -propiedad de Ibarra Alvez-, al que se accedía presumiblemente por un camino de tierra”, dice parte de la resolución del juez González Charvay.
“Los estupefacientes transportados en el camión Fiat Iveco estaban bajo la órbita de disposición y custodia de los imputados [los cuatro procesados]. Dicha tenencia, particular, concreta e histórica, se ejerció en el contexto del tráfico ilegal investigado largamente y cuya realización trascendió en el tiempo”, añadió.
La droga, determinó el juez, iba a ser trasladada a las villas 1.11.14 y Zavaleta de Buenos Aires para la venta al menudeo.
Pese al procesamiento de los sospechosos, la investigación continuó, porque hay otros dos sospechosos con orden de captura y el juez trataba de identificar a otro, del que solo conoce el apodo, “Seba”. Ese “Seba”, presumía el magistrado, era Vega, por eso ordenó que escucharan su teléfono. Y en ese afán, captaron las charlas de Vega con quienes luego acabarían con su vida.
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