El objetivo es “mejorar el acceso a la información” y posibilitar el “control sobre los jueces” en temas que el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, calificó como “muy importantes”.
En el acto, en un salón colmado con camaristas y jueces federales y en lo penal económico y autoridades nacionales, Lorenzetti agradeció la “participación” de los magistrados y remarcó que la iniciativa sobre la publicidad de los casos se inscribe en la política de “gobierno abierto” de la Corte.
La Corte puso el acento sobre estos tres tipos de delitos (corrupción, trata y narcotráfico) porque constituyen cuestiones “centrales” dentro de las funciones que “los jueces tenemos que cumplir”, enfatizó Lorenzetti.
El presidente de la Corte expresó la importancia de la lucha contra la corrupción, porque “corroe las instituciones”.
Según un registro de ingresos de causas en la Cámara en lo Criminal Federal de esta capital, desde 2013, cuando se implementó, se presentaron 373 denuncias de enriquecimiento ilícito, cohecho y malversación de caudales públicos.
Sobre la trata de personas, Lorenzetti dijo que “es una vergüenza para todos”, que se siga cometiendo ese delito.
También la lucha contra el narcotráfico es “un tema de máxima preocupación”, ya que “afecta a nuestros jóvenes, que pierden su futuro” por la droga, agregó.
Lorenzetti, acompañado por la vicepresidente del tribunal Elena Highton y el ministro Juan Maqueda, destacó el fallo “Arriola”, dictado por la Corte en 2009, que ponderó la investigación sobre las organizaciones de narcotraficantes, en tanto que fijó pautas relacionados con la criminalidad del consumo individual.
“La mayoría de las causas son por consumo y es una tendencia que hay que cambiar”, expuso Lorenzetti y abogó por la persecución penal de quienes comercializan y distribuyen estupefacientes.
“Todos los ciudadanos tienen el derecho de conocer la evolución de las causas”, acotó el presidente de la Corte.
El objetivo es la transparencia informativa, habilitándose una base de datos con la finalidad de que se pueda conocer el tipo de causas, temas y funcionarios involucrados, “dentro de los límites legales del respeto del debido proceso» y “la inocencia de las partes”, subrayó Lorenzetti.
Highton, desde hace años al frente de oficinas que atienden casos de violencia doméstica y contra la mujer, se refirió a la utilidad de contar con un registro de trata de personas por parte de todas las cámaras federales en lo penal de todo el país.
Ello permitirá “saber qué es lo que está ocurriendo en el país”, porque “no podemos estar encerrados en los juzgados sin saber que hacen los otros”.
El acto se realizó en el Salón Gorostiaga, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales y, entre otros, estuvieron presentes el secretario de justicia, Santiago Otamendi, y la titular de la oficina de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso.
Todos los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, casi la totalidad de los de la Federal en lo Criminal y Correccional de esta capital y la de Penal Económico, y la mayoría de los magistrados de primera instancia de éstos dos últimos fueros asistieron al acto que duró casi una hora.
Entre los jueces presentes estuvieron, los federales Sebastián Casanello, Ariel Lijo y Claudio Bonadío. También estuvo la magistrada federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, entre otros.
TELAM
