La primera discusión mano a mano entre el Gobierno nacional y las provincias terminó en tablas. El decreto que aumentó la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires podando recursos de las demás provincias colmó la paciencia de los gobernadores enrolados en la oposición, que hasta ahora se habían mantenido, como marca la corrección política, al margen de las medidas que tomó el nuevo Gobierno.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, logró desactivar a tiempo la furia de los mandatarios que salieron de la Casa Rosada con la sensación de haber dado una muestra de fortaleza de cara a futuras batallas. Ninguno ganó en la primera pulseada, pero quedaron algunas certezas. El Gobierno de Mauricio Macri no duda en avanzar, aunque cuando un error se hace visible, es capaz de dar un paso atrás. Ya pasó con las designaciones por decreto en la Corte Suprema y ahora con el suculento aporte extra que recibió la ciudad gobernada por Horacio Larreta a costa de los demás distritos. El índice de coparticipación de la Ciudad Capital disparaba automáticamente un aumento idéntico en el Fondo Federal Solidario (de las retenciones a las exportaciones de soja) y por el Fonavi. El fondo sojero reparte entre todas las provincias el 30% de la recaudación nacional de retenciones a las exportaciones de soja. Se distribuye automáticamente según el índice de la coparticipación federal, aunque no forma parte de ésta.
Frigerio admitió como un error político al decreto firmado en beneficio de la Capital y se comprometió a enmendar el error garantizando que no se lleve una porción mayor del Fondo de la Soja y de las viviendas, que mochaba recursos de las provincias.
Macri no hizo más que echar nafta al fuego cuando dijo en Córdoba, que “no puede ser que uno esté siempre asistiendo a aquel no hace las cosas bien”, pese a que ese mismo día había repartido discrecionalmente otros siete mil millones de pesos casualmente entre las provincias donde mejor le fue en las elecciones.
Los gobernadores –Misiones estuvo representada por el vice Oscar Herrera Ahuad- saben que se enfrentan a un Gobierno que hasta ahora benefició exclusivamente al eje central conformado por Buenos Aires –provincia y Capital-, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Por eso, el primer encuentro era clave para mostrar fortaleza.
Aunque al final de la reunión en la Casa Rosada no hubo más que promesas, la sensación que quedó en el aire es que, unidos, pueden conseguir más beneficios que en negociaciones individuales. Además, se torció la iniciativa política desde la oposición, con un mensaje que obliga al Gobierno a negociar con una “liga” en vez de pulseadas mano a mano. El mensaje político excede las negociaciones por los fondos y apunta a Sergio Massa. Los gobernadores dejaronn en claro que el poder real no se elige a dedo.
El compromiso fue que en cuatro o cinco semanas la Nación se pondrá al día con las deudas para obras públicas y algunos programas sociales y comenzar a discutir el sistema federal de reparto de recursos.
Pese a que en la campaña la promesa fue una nueva ley de Coparticipación, lo cierto es que el Gobierno no tiene un plan definido para negociar con las provincias.
Ahora se habla de una «federalización» de la masa coparticipable de impuestos sin tocar la ley, ya que, admiten, es casi imposible poner a todos de acuerdo y lograr las correcciones que reclama cada distrito. Es claro. Para que Misiones reciba más, otra provincia debe ceder su porción, algo inaceptable para cualquier gobernador.
Por eso, una salida es aumentar la masa de recursos que se reparte y en ese excedente, aplicar un sistema compensatorio para las provincias más atrasadas. Actualmente, la proporción de la masa coparticipable es de 75-25 (75 por ciento de lo recaudado se lo queda el Estado nacional), y el gobierno aspira a llevarlo al mediano plazo «a un 66-34», fomentando el reparto de competencias junto con sus recursos (con un modelo similar a lo firmado con la Ciudad en cuando a la Policía Federal).
No está claro cómo se hará el nuevo reparto ni qué ecuaciones se utilizarán para garantizar eficiencia y compensaciones en el sistema que tiene a provincias como Misiones, muy relegadas pese al volumen de sus economías y la cantidad de población.
Por ahora habrá paciencia, pero si no hay resultados en el corto plazo, las provincias mantienen latente la posibilidad de ir a la Justicia en reclamo del quince por ciento de la coparticipación, vuelto a podar por Macri después de que la presidenta Cristina Fernández anulara el recorte tras el fallo de la Corte en beneficio de tres provincias.
En el caso de Misiones, en los últimos años hubo una compensación extra presupuestaria que sirvió para realizar obras de infraestructura y mejorar las condiciones sociales. Pero en el sistema formal, sigue siendo una de las más perjudicadas.
Esta incertidumbre sobre la fluidez de los recursos federales y el temor de una economía en picada por el ajuste en marcha, obliga a las Provincias a buscar en el menú financiero otras fuentes de financiamiento. Con líneas de crédito accesibles y a largo plazo, la toma de créditos es una opción para obras de infraestructura que se hacen necesarias para la creación y el sostenimiento de miles de puestos de trabajo.
Hay provincias que tienen sus finanzas muy comprometidas, pero otras, como Misiones, tienen las cuentas saneadas, lo que abre las puertas a buscar créditos externos si las condiciones son ventajosas. El fuerte desendeudamiento de los últimos años coloca a Misiones en un inmejorable escenario crediticio: la deuda representa apenas el diez por ciento del presupuesto. Sin recursos federales, la toma de un crédito es una opción válida siempre y cuando sea para sostener programas de infraestructura.
Misiones necesita la continuidad de algunas obras, como la ejecución de las autovías, sistemas energéticos y programas de viviendas. Sin esas herramientas, el empleo se resentirá y las condiciones sociales se verán doblemente afectadas por la suba de precios producto de la devaluación.
A diferencia de otros tiempos de afinidad política, Misiones debe transitar ahora un delicado equilibrio con un gobierno nacional de otro color que claramente tiene otras prioridades geopolíticas.
El Plan Belgrano, anunciado para el desarrollo de infraestructura en el Norte Grande, apenas está esbozado y sin certezas sobre su implementación. Con futura sede en Corrientes, deja a Misiones en una posición desventajosa a la hora de negociar obras, que dependerán del criterio de la Nación, ya que son extrapresupuestarias.
Lo mismo sucede con Yacyretá, cuya nueva administración anticipó que se dedicará casi con exclusividad a la generación de energía, mientras que las obras de reparación pasarán a un segundo plano.
En ese escenario, más allá de tener un vínculo de mutuo respeto con el Gobierno central, a Misiones le conviene abroquelarse en la nueva “liga de Gobernadores”, una reedición de aquellos encuentros en el Consejo Federal de Inversiones que se iniciaron a fines de los 90 y se fortalecieron en los años de la Alianza en el poder, en el preludio de la crisis que obligó a Fernando De la Rúa a huir en helicóptero.
Esa “liga” de gobernadores fue fundamental para sostener el poder en las provincias ante la disolución del Gobierno nacional que cada día realizaba más ajustes para sostener la ficción de la Convertibilidad y poder cumplir con las exigencias de los organismos financieros internacionales. En aquellas mesas de trabajo, que se concentraron en Buenos Aires, pero también se replicaron en el interior, los gobernadores planteaban sus exigencias ante los recortes que llevaba adelante la Nación bajo la batuta del superministro Domingo Cavallo.
Ahora, en la reunión en la Casa Rosada, se repitió una frase muy escuchada por aquellos años. “Si quieren gobernabilidad, deben dar gobernabilidad”, definieron los representantes del interior. Coincidencia o no, el macrismo repitió una máxima cavallística: “Hay un desfasaje entre la Nación y las provincias en materia fiscal financiera. Se les va a pedir que ordenen las cuentas”.
Gobernabilidad, en las provincias, se traduce en recursos. Si se paralizan las economías por falta de fondos, ya no será un problema de Macri, sino de los gobernadores que tienen que lidiar con problemas mucho más cercanos e inmediatos.
El encuentro en la Rosada, aunque sin demasiados avances concretos en cuanto al fin del recorte del quince por ciento de la coparticipación, uno de los objetivos de los gobernadores ante la ventajosa situación que viven Santa Fe, San Luis y Córdoba gracias a un oportuno fallo de la Corte Suprema, tuvo algunos frutos. Según fuentes oficiales, después de los planteos a Frigerio, Misiones recibió una partida de unos 120 millones para la ejecución de viviendas a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.
“Encontramos a gente muy predispuesta y que aceptaron las cosas que no estaban bien o no estaban claras. No vinimos con la definición del 15 por ciento, que seguirá siendo el reclamo de nuestra provincia, pero sin lugar a dudas vimos una gran posibilidad de poder avanzar en eso y en otros temas”, destacó Herrera Ahuad tras el encuentro.
El Vicegobernador también llevó a la mesa de negociaciones un planteo por la Caja Previsional, que al igual que otras provincias como La Pampa, Misiones no transfirió a la Nación y ahora podría discutirse un traspaso o una asistencia federal para atender la creciente demanda.
Herrera Ahuad destacó la predisposición de los funcionarios nacionales para escuchar a los gobernadores. Pero dejó claro que no se tolerarán imposiciones ni presiones sobre cuestiones que hacen a la vida política de las provincias.
El plafón que tiene el Gobierno le permite ejecutar la “limpieza” del Estado de la “grasa militante”. Ya son miles los despidos en el Estado, casi como un reflejo de las privatizaciones del menemismo. Sin embargo, los recortes se parecen a meros tijeretazos para cerrar números que a una evaluación certera del trabajo público. Y alcanza incluso a muchos de quienes votaron por el cambio. De todos modos, forma parte de la plataforma votada por la mayoría en las elecciones del 22 de noviembre y muchos lo celebran como “necesario” para poner en orden las cuentas del Estado que en los últimos años acumuló déficit. Lo peligroso es que el escenario se replique en el sector privado, donde ya se registran innumerables cesantías que engrosan la lista de desocupados. Ese bolsón de desempleados puede transformarse, si no hay “shock de confianza” que recupere la creación de empleo, en un duro escollo político. Pero más allá de los buenos deseos traídos de Davos, el Gobierno no logra seducir al mercado financiero para que invierta en el país. En la primera prueba real, el Gobierno declaró desierta la colocación de títulos de deuda Bonar 2020 por hasta 1000 millones de dólares, en una combinación entre un contexto externo, con caídas en las Bolsas del mundo de hasta 4,8 por ciento en Europa y de 1,8 por ciento en Wall Street y una oferta poco atractiva realizada por el equipo económico que conduce Alfonso Prat Gay.
Las escasas ofertas adquieren una trascendencia mayor en medio de las negociaciones con los Fondos Buitre. Una buena colocación hubiera permitido a Argentina demostrar capacidad de financiamiento a pesar del cerco financiero. Pero eso no sucedió.
El desempleo, ya no importa su origen, marca el pulso del humor social.
Hasta ahora, gremios y la oposición, han mirado al costado por la “cordialidad política” de dejar gobernar libremente al menos los primeros cien días. La situación puede cambiar con el inicio de las negociaciones paritarias y las sesiones en el Congreso. Lo cierto es que las negociaciones salariales marcarán el verdadero pulso social. Ningún gremio está dispuesto a “confiar” en las proyecciones oficiales de una inflación del 25 por ciento para este año. Pero aún con buena fe, a ese “techo” hay que sumarle los aumentos de los dos últimos meses, producto de la remarcación iniciada realmente en la noche del 22 de noviembre, cuando Macri se impuso en la segunda vuelta. Desde ese momento, los precios se movieron al ritmo de un dólar a 16 pesos, aunque por ahora la devaluación oficial marque un límite de 14 pesos.
Ctera, que ya mantuvo los primeros encuentros con el ministro de Educación Esteban Bullrich, adelantó que pedirá un incremento del 40 por ciento, bastante más de lo que ofreció en Misiones el titular de la cartera educativa nacional: apenas un 25 por ciento.
La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones advirtió que el piso de negociación local es del 30 por ciento, con el objetivo de máxima similar al planteado por el gremio nacional.
Si Ctera arregla mejor, la Nación deberá enviar recursos para cubrir la diferencia. El objetivo de Bullrich, según dijo, es que haya cada vez menos disparidades salariales en el país y eso sólo se puede lograr con asistencia federal. Las paritarias docentes son un reflejo para los demás gremios que por ahora lanzan tibios mensajes de protesta ante los despidos y el inicio de las negociaciones salariales.
Al shock del desempleo se le debe sumar el incremento de las tarifas que incluye el fin de los subsidios. El primer impacto llegó de la mano de las tarifas eléctricas, que se sentirá fundamentalmente en Buenos Aires, donde se pagaba una irrisoria factura bimestral.
Las subas, de todos modos, llegan al 500 por ciento depende del consumo. Así, el Gobierno espera ahorrar cuatro mil millones de dólares e incentivar las inversiones con la garantía de una rentabilidad elevada.
El argumento es válido. La quita de subsidios corrige las distorsiones, ya que la energía era pagada por el Estado sin distinciones entre ricos y pobres.
Pero la igualdad será “hacia arriba” y Misiones también será arrastrada a una suba, aunque, prometen, el impacto será mucho menor que para los usuarios capitalinos.
A partir del 1 de febrero el megavatio de un usuario residencial, va a costar 322 pesos en vez de 75 que se pagaban actualmente. “Evidentemente no esperábamos este incremento, de esta magnitud, pero no obstante teníamos algunas previsiones hechas. Obviamente que esto modificó todo, así que volvemos a revisar lo que estábamos planificando y trabajaremos con el Gobernador para que se pueda decidir el número exacto que vamos a tener respecto de la tarifa. Es verdad que el orden nacional ha puesto una primera medida que si se ve así, a primer golpe de vista, de 300 por ciento que parece excesivo pero tenemos que tener en cuenta que nos lleva un poco a la realidad del costo propio de la energía y esto es una situación que la tenemos que tomar así. La decisión del Gobernador siempre ha sido estar cuidando al usuario de menor recurso para que el impacto para esta persona no lo perjudique. No obstante estamos trabajando y vamos a hacer lo que creamos que es justo por un lado y tratar que no sufra tanto el usuario, pero también somos realistas de que hace prácticamente dos años y medio que no tenemos un incremento en la tarifa y eso hizo que hoy estemos bastante alejados de cubrir los gastos propios para el funcionamiento de la empresa con los recursos que uno está obteniendo en materia del cobro del servicio”, indicó el presidente de Emsa, Sergio Ferreyra.
Las distorsiones lejos están de corregirse: un usuario de Misiones seguirá pagando más que un porteño. Y al tarifazo eléctrico hay que sumarle futuros aumentos del gas y el transporte.
Entre los objetivos del Gobierno nacional figura una reforma política, algo que no está en la agenda de los mandatarios del interior y que no parece ser una prioridad de la sociedad.
Sin embargo, Macri y su equipo quieren que el año que viene, en la elección legislativa, se utilice un sistema común en todo el país, con boleta única, voto electrónico y en una misma fecha. Para muchos gobernadores, la reforma no es una prioridad, sino un maquillaje con el que se insiste para tapar cuestiones de fondo y dejan en claro que las provincias que tienen autonomía para decidir sus sistemas y tiempos electorales. La alianza PRO-UCR, de todos modos, comenzó a martillar con la derogación de la ley de Lemas, como causa de todos los males de la oposición local, que desde hace doce años no logra seducir al electorado más allá de coyunturales enamoramientos.
Pero los fracasos no dependen de un sistema electoral. Es un reduccionismo que esconde falencias, estructuras arcaicas y candidatos que no convencen por sus endebles posturas ideológicas.
En las últimas elecciones se puso en juego la continuidad de un modelo o el cambio prometido por el PRO.
La sociedad eligió un cambio después de doce años. Pero ese cambio se puede representar de múltiples formas sin que sea necesario una destrucción de lo que se recibe.
En Misiones la Renovación cambió. El gobernador Hugo Passalacqua transformó el gabinete con rostros jóvenes y con poca exposición política. A los organismos, en puestos de poder, ingresaron cerca de 200 jóvenes que vienen de la militancia, muchos de los cuáles eran casi adolescentes cuando nació el oficialismo.
