Durante una semana, el presidente Mauricio Macri pudo exponer ante el mundo sus ideas de Gobierno y su visión de la economía. Ante un auditorio complaciente, en el Foro de Davos, en Suiza, confirmó el giro político de la Argentina, el alineamiento con el Fondo Monetario Internacional, que volverá a auditar las cuentas públicas después de diez años y la apertura a la llegada de inversiones de capitales globales, con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas. Alejado de las tensiones internas, se lo vio relajado y sonriente en cada foto enviada al país por los cronistas oficiales. Apenas se mostró molesto cuando le compararon la detención de la militante social Milagro Sala con Leopoldo López, el “preso político” al que defiende en Venezuela.
El Presidente cosechó buena parte de lo que fue a buscar. Un acercamiento con Estados Unidos, que no se opondrá al acceso a nuevos créditos de la Argentina, la promesa de un encuentro con Barack Obama y reuniones con Ceos de las principales empresas globales que se mostraron interesados por sus políticas económicas y deslizaron posibles inversiones en el país. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jacob Lew, le informó al secretario de Hacienda, Alfonso Prat Gay que su gobierno pondrá fin a la «política de oponerse a la mayoría de los préstamos a la Argentina de bancos multilaterales de desarrollo».
La política de oposición regía desde 2011, en gran medida como parte de una campaña de presión para que Argentina pagara deudas y otras obligaciones a inversores estadounidenses. Aunque ahora hay un acercamiento con los Fondos Buitre, el propio Macri admitió que las negociaciones no son del todo favorables, a pesar de que Argentina no discutirá más el capital reclamado, sino apenas los intereses.
El giro es crucial, porque hasta ahora la Argentina se oponía a pagar los bonos al valor nominal comprados a precios basura por los fondos Buitre cuando los papeles estaban en default. Prat Gay minimizó el valor simbólico de la disputa jurídica, que fue respaldada por una gran cantidad de países, al asegurar que el monto reclamado representa apenas dos puntos del PBI nacional. Los buitres podrán seguir volando en paz, con una victoria por abandono y sumamente favorable a sus ganancias.
Es «un ejemplo concreto de cómo dejar de pelearnos con el mundo nos va a permitir mejores rutas, más escuelas, más inclusión» twiteó Prat Gay después de recibir la buena nueva.
Macri también inauguró una “nueva etapa” de las relaciones con el Reino Unido, pese a que no se movió un ápice la postura sobre Malvinas. “Beatiful”, definió Macri a su encuentro con David Cameron, el premier inglés, que posó sonriente para la foto, pero ratificó la dureza de la postura pirata.
Los Ceos se mostraron interesados en conocer al Presidente que volvió a llevar a la Argentina a Davos después de una década ausente del kirchnerismo. Davos es un escenario ideal para las ideas de Macri. Desde allí se alientan recetas idénticas a las que empezó a aplicar el nuevo Gobierno. Apertura de la economía, costos bajos en dólares para atraer inversiones y reducción del gasto público para ser “previsibles”.
El acercamiento con el Fondo Monetario Internacional es el nuevo eje de inserción en el mundo. La directora ejecutiva Christine Lagarde elogió el nuevo escenario en la Argentina y las primeras medidas que se anunciaron y destacó que van en línea con las recomendaciones del organismo.
Los elogios del FMI, vaya paradoja, suelen ser inversamente proporcionales a los resultados. También en Davos había festejado a Fernando De la Rúa y poco antes, a Carlos Menem, mientras en el país se cocinaba a fuego lento la peor crisis de la historia. También celebró a Brasil hace un par de años, recomendando el ajuste que fue aplicado por Dilma Rousseff y que muestra ahora las consecuencias catastróficas en la pérdida de casi 1.5 millones de puestos de trabajo formales y la caída de 3,71 por ciento del PBI (la mayor caída en 25 años y anticipan que este año se contraerá casi un 3%). Las expectativas traídas en la valija eran similares a las que ahora enarbola Macri.
El último informe difundido por el organismo financiero se deshace en elogios a las nuevas políticas económicas, pero al mismo tiempo y a causa de ellas, adelanta que Argentina entrará este año en una “recesión leve” y el PBI caerá 1 por ciento.
Las políticas de la última década, aplicadas en Argentina y Brasil, que ahora se quieren extirpar, lograron que buena parte de la población se acerque o ingrese a la clase media. Un paper del Banco Mundial señala que “los llamados vulnerables, aquellos que han salido de la pobreza pero aún no logran formar parte de la clase media, siguen siendo el grupo socio-económico más grande de América Latina, pero sus condiciones de vida mejoraron significativamente durante el mismo periodo”. Los ingresos de los vulnerables están hoy mucho más cerca de la clase media –incluso cuando el aumento de sus ingresos no fue suficiente para cruzar la línea. Esta situación es particularmente relevante al pensar en los efectos de la desaceleración económica global en los niveles de pobreza de la región.
Caer para cobrar impulso, sería la lógica. El impulso llegaría después con las inversiones y nuevos créditos, que provocarán el deseado efecto derrame que, por más promocionado, difícilmente se concreta en la práctica.
Las señales de una caída de la economía argentina se venían advirtiendo en los últimos meses, incluso antes del recambio presidencial. Pero se acentuaron pos devaluación, el ajuste y el aumento de tarifas anunciado. Los despidos efectivizados en el sector público lentamente se propagan al privado. La caída del consumo se hace realidad en playas vacías en la Costa Atlántica o en las ventas casi nulas que admiten los comerciantes posadeños durante enero. Pese a que muchos de los principales empresarios locales se enrolaron con la campaña del cambio, ahora pusieron a sus vidrieras en liquidación y deslizan por lo bajo que habrá despidos.
Sin embargo, en la lógica financiera, la caída del consumo –aunque traiga aparejada una reducción del empleo-, es una condición necesaria para contener la inflación disparada en los últimos años a niveles insostenibles.
El último informe de la consultora Economía & Regiones, fundada por el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advierte que las principales medidas para reducir en parte el alto déficit fiscal y la inflación generarán un freno a la economía.
Según el documento, el Gobierno buscará achicar sólo en una pequeña porción el déficit fiscal primario a costa de recortar subsidios (con el consiguiente aumento de tarifas) y dejar que algunas partidas discrecionales a las provincias, como fondos para infraestructura caigan en forma real. Es decir, crezcan menos que la inflación. El costo parece alto porque según las proyecciones que divulgó el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, el déficit caería solo en parte; de 7,1 a 4,8% del PBI en el primer año de gestión.
“Una lenta disminución del déficit fiscal acompañada con una suave reducción de la inflación no está exenta de costos económicos…atentando contra el ritmo de acumulación de capital, del aumento de productividad, del crecimiento y de la generación de empleo”, dice el informe.
Pero además, el informe de E&R reconoce que el sector público buscará endeudarse para paliar el déficit y no tener que pedirle al Banco Central que emita tanto dinero. Y estos fondos que tomará el Estado, no estarán disponibles para el sector privado. Otra medida que incentivará un enfriamiento de la economía.
Macri se esperanza con una meta de la inflación durante su primer año en torno al 20 por ciento, por debajo de las estimaciones de su propio equipo económico y muy lejos de lo que estiman consultoras privadas y gremiales, que hablan de un 35 por ciento. El primer indicador lo dio San Luis, cuyos datos son considerados válidos por el Gobierno nacional, que registró en diciembre una inflación de 6,5 por ciento, producto de la devaluación y la remarcación apareada. La carne, consumo esencial de la mesa de los argentinos es lo que más subió, por encima del 22.9 por ciento. La suba es similar en otras latitudes del país. En Posadas –donde no se registran datos de inflación- los carniceros vendieron mucho menos en enero.
Por eso, no sorprende que en Davos el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay haya anunciado que en 2017 el ajuste será incluso más agresivo. Los despidos en el Estado están justificados bajo la premisa de que forman parte de una “militancia” heredada y, para el sector privado, la esperanza es que la llegada de nuevas inversiones absorba la mano de obra desocupada. De una u otra manera, lo más probable es que los números del desempleo volverán a los dos dígitos.
De regreso a la calurosa Argentina encontrará a Macri con esa realidad a la que debe atender con urgencia. Hasta ahora los principales gremios y la oposición han mostrado una mayor inclinación por las declaraciones de compromiso que por acciones concretas. Pero febrero está a la vuelta de la esquina y el comienzo de las discusiones paritarias puede calentar aún más el tórrido verano. Prat Gay quiere que le crean la inflación calculada en 25 por ciento para ponerle techo a las paritarias. Los gremios advierten que, aún siendo benevolentes, hay que sumarle la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos meses. Utilizando los mismos cálculos del PRO opositor, cerrar las paritarias con incrementos menores al 30 por ciento significará una enorme caída del salario real.
La caída del consumo tendrá un impacto directo en los recursos de las provincias por una merma de la recaudación. La mayoría de los gobernadores ya mostró su furia por el trato privilegiado que reciben la provincia de Buenos Aires, con giros discrecionales y el aumento de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires decidido por decreto.
No puede sorprender que Macri privilegie la asistencia a las dos ciudades que le garantizaron la victoria en noviembre. Sin embargo, los gobernadores del resto del país pusieron el grito por el desbalance. La Provincia recibió varios miles de millones de pesos y la CABA, a través de un decreto, casi triplicó su coparticipación.
La ciudad gobernada por Horacio Larreta recibió de un plumazo un aumento de 17 mil millones de pesos, un poco menos de lo que recibirá Misiones durante todo el año.
Aunque Macri insista en que no se afectan recursos federales y que el dinero es para cubrir los gastos de la Policía Federal que pasó a la ciudad, lo cierto es que la ciudad se convirtió en el cuarto distrito con mayor cantidad de recursos enviados de la Nación. Y por decreto.
Ese desequilibrio ocupó buena parte del debate en la cumbre de San Juan, en la que participaron los gobernadores de la oposición y el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad por Misiones. Aunque la declaración final fue moderada, los mandatarios cuestionaron el “centralismo” con el que se está manejando el Gobierno en detrimento de las provincias y contrariando las promesas de campaña sobre un “verdadero federalismo”.
Frigerio, hasta ahora el ministro que concentra una mayor área de acción, había prometido durante su fugaz visita a Misiones en diciembre que enero iba a ser el mes en el que se inicie la discusión de un mejor reparto de la coparticipación. El mes está a punto de culminar y no hubo ningún encuentro, aunque el ministro reiteró la “voluntad de reunirse” con cada uno de los gobernadores.
En cambio, esta semana encabezó un encuentro con los ministros de Gobierno de todas las provincias para discutir una reforma electoral que pueda aplicarse en 2017. El apuro es apenas del PRO. La mayoría de las provincias está conforme con sus propios sistemas electorales y solo se pondera la idea de unificar calendarios como pretende el Gobierno.
Una reforma política claramente no es prioridad en la agenda de los mandatarios, acuciados por urgencias más relevantes como los recursos.
La cumbre de San Juan puede considerarse el primer escarceo real con la oposición. Con la representación de la mayoría de las provincias gobernadas por el peronismo y la presencia del vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, se acordó un documento en el que las provincias reclaman el fin del descuento del quince por ciento de la coparticipación, que habían conseguido en el epílogo del gobierno de Cristina y volvieron a perder con uno de los DNU de Macri. “Es imperioso que esta problemática se resuelva a través de la política, de lo contrario todas las provincias se verán obligadas a utilizar la vía judicial y la Corte ya fijó un antecedente muy claro del que no podrá alejarse”. Parece más un reclamo pour la gallery que una cuestión de fondo, pero también deslizan la posibilidad de ir en masa a la Justicia para reclamar esos fondos. Con el antecedente de la Corte favorable a Santa Fe, Córdoba y San Luis, no habría demasiados argumentos para que las provincias sigan cediendo esos recursos y tarde o temprano, el recorte cesará.
Además del reclamo del 15 por ciento de coparticipación, se acordó exigir a la Nación que cumpla con las obras pautadas en el presupuesto y que se asista especialmente a las provincias que no pasaron las cajas provisionales a la Nación.
Durante el mitín hubo una postura dura de todos los mandatarios. “Si quieren gobernabilidad en la Nación, también la deben dar en las provincias”, fue la postura en común.
Frigerio tomó nota y a la hora de los postres se comunicó con el gobernador anfitrión para confirmar un primer encuentro para debatir la coparticipación que se hará el miércoles a las 12 en la Casa Rosada.
El mensaje de fondo es otro. La oposición comienza a sacarse la modorra y a organizarse. El inicio de las sesiones en el Congreso será clave para ver cómo será la relación con el Gobierno.
Pero el paseo de Sergio Massa en Davos, donde fue presentado por Macri como el potencial presidente del peronismo, encendió todas las alarmas. Daniel Scioli abandonó su silencio para denunciar que Macri quiere poner un presidente del peronismo por DNU y los gobernadores vieron en la maniobra del Presidente una clara elección del “enemigo”.
Massa se presenta como el “opositor racional”. El kirchnerismo y los gobernadores peronistas serían lo opuesto. Los sciolistas y cristinistas están de acuerdo en algo: no están dispuestos a dejar que el ex jefe de Gabinete de Cristina siga robando cámara y mucho menos, la posibilidad de que conduzca los hilos del peronismo.
Pero el liderazgo no se ejerce por DNU. Para Massa es un riesgo haber sido “ungido” como referente. Terminó tercero en las elecciones y mostrarse cercano al poder diluye sus pretensiones se convertirse en el sucesor. Hay mucho tiempo para pelear liderazgos y desconocer el 49 por ciento que optó por la continuidad es un pecado político.
En medio de las rencillas hay otro tema que levantó polvareda. La seguridad es una preocupación permanente y fue una de las premisas de la campaña de Macri. Sin embargo, el decreto que declaró la emergencia en seguridad incluye varios apartados polémicos. Uno de ellos es la posibilidad de derribo de vuelos ilegales, habilitando la pena de muerte sin juicio previo, situación que no está permitida en la Constitución nacional. La nueva norma tendrá fuerte impacto en Misiones, donde se detectan regularmente vuelos ilegales con el ingreso de cigarrillos o marihuana desde el Paraguay o sobrevolando la provincia para ir a Brasil.
La intervención de las fuerzas armadas en un delito penal también choca con la ley de Seguridad Interior, que deja fuera al Ejército, la Armada y la Marina de cualquier injerencia en la seguridad interna.
Está claro que la seguridad es un tema prioritario y Misiones no es la excepción, con fronteras permeables y la circulación de organizaciones con estructuras mafiosas que hacen temer “una cartelización” del contrabando.
Sin embargo, no parece haber un diagnóstico claro de qué medidas deben tomarse para combatir la inseguridad. Una política meramente represiva, puede tener efectos colaterales como en México o Colombia, donde la militarización sólo provocó más violencia y no frenó las actividades ilícitas. El decreto también incluye en la emergencia y con límites difusos, a los delitos relativos a las asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales.
Las reacciones en contra surgieron desde distintos ámbitos, pero por ahora no hay una aclaración oficial que marque los límites.
