Cumplido un mes de gestión, el Gobierno de Mauricio Macri ya dejó al descubierto sus principales líneas de acción, muy similares a las que se debatieron en el último tramo de la campaña previa a la segunda vuelta que lo coronó como Presidente. La conferencia de prensa que brindó el secretario de Hacienda, Alfonso Prat-Gay transparentó lo que se veía venir: ajuste fiscal, metas de inflación y desempleo o salarios bajos son parte del menú necesario para liberar la economía, abrir importaciones y tener un dólar alto para las exportaciones.
El menú no es nuevo ni original. Durante los últimos meses, sin embargo, se lo matizó bajo la “campaña del miedo” que enarbolaba el kirchnerismo. Pero las primeras medidas, se parecen demasiado.
Está claro que la economía necesitaba ajustes para recuperar oxígeno. El camino elegido es el ortodoxo, achicando el gasto del Estado para reducir el déficit fiscal, devaluando la moneda y liberando a los sectores exportadores.
Lo aplicó Dilma Rousseff en Brasil apenas ganó la reelección. Las consecuencias comienzan a sentirse ahora. El desempleo en el vecino país alcanzó al 9 por ciento de la población activa en el trimestre agosto-octubre de 2015, la mayor tasa de la serie histórica, iniciada en 2012, informó el Gobierno.
En Argentina, ya anticipan que la desocupación volverá a una tasa de dos dígitos, por una combinación de la caída del consumo por la devaluación, la recesión de Brasil y la caída de algunos precios internacionales, que impactarían de lleno en la soja, limitando el ingreso de divisas.
El ajuste iniciado por el Gobierno sirvió de ejemplo para varias empresas e industrias que comenzaron a imitar los despidos. Los miles de empleados estatales despedidos son un espejo en el que cualquiera se puede reflejar.
Nadie puede pretender que el Estado sea una bolsa de trabajo, donde la política ponga a sus seguidores, pero con el rótulo de “ñoquis” se justificaron miles de cesantías con el único argumento de ser “militantes”. La “grasa del Estado”, como definió Prat Gay, con un desprecio por el trabajo público y la militancia política que causó escozor incluso entre sus propios “colaboradores”, muchos de los cuáles tienen una trayectoria previa en partidos políticos que históricamente se valieron de sus militantes para hacer política.
“La punta del iceberg del famoso golpe mediático de limpieza de “ñoquis”, llevándose puesto a muchos empleados públicos, más las palabras de varios funcionarios justificando el achicamiento del Estado, nos hacen pensar que traen encubierto un ajuste sangriento desde el Estado, que esperemos no sea así. Más allá de los múltiples análisis que se puedan hacer sobre lo que dijo el ministro, en el fondo, la situación no hace más que exponer ciertas miserias que empiezan a ser expuestas. No solo porque somos militantes y como tal reivindicamos la militancia, sino porque también creemos que es la mejor manera, tal vez la única, de formar verdaderos cuadros políticos y dirigentes que se muevan más allá de los escritorios, describió en una carta pública Leo Anzalone, un joven dirigente de Peronismo para Todos, vinculado a Ramón Puerta.
Más pragmático, un radical que hizo campaña por el PRO, aseguró que “Prat Gay es sumamente técnico y su visión es técnica”.
“Creo en la política como un vehículo de transformación de la realidad y de la situación de vida de las personas que necesita de los técnicos y también de los políticos. Creo que respecto a la militancia sus palabras fueron desafortunadas y revelan un gran desconocimiento respecto a la tarea que realiza la militancia no solo en época electoral, sino incluso en el termómetro social de la realidad para resolver mejor los inconvenientes que se presentan, que claramente no se solucionan en una oficina o con un libro solamente”, indicó el dirigente de peso en la UCR misionera.
Aunque consideró que el Gobierno se encontró con “muchos inconvenientes”, también reclamó “agilizar las responsabilidades en las áreas del gobierno a nivel provincias para ir aceitando mecanismos de gestión en todo el país con objetivos claros”.
Como se ve, la frase de Prat Gay, como mínimo desafortunada, profundiza la “grieta” y revive la antinomia de civilización o barbarie que inmortalizó Sarmiento en su Facundo, donde recomendaba “no economizar sangre de gauchos”, “un abono que es preciso hacer útil al país”.
La barbarie, ahora está representada por la militancia que no es otra que la kirchnerista. En cambio, el PRO ofrece en los puestos de vanguardia a Ceos de empresas, donde la visión de la rentabilidad no incluye el rol social que debe contemplar un Estado. No sorprende, de todos modos, de quien viene, ya que antes había expresado su desprecio público por los “caudillos” que podían llegar al gobierno desde provincias con “pocos habitantes”, como Santiago del Estero.
El problema es dónde ubicar a los cientos de “colaboradores” del PRO y los miles de militantes del radicalismo o el peronismo disidente que esperan ocupar algún puesto relevante dentro del Estado. Sin ir más lejos, los dirigentes del PRO misionero tienen todos su cuna en el peronismo o el radicalismo, donde hicieron, como todos, la escuela militante.
Tampoco, como se comprobó en La Plata, donde el intendente tuvo que retroceder con más de 2.500 despidos, puede englobarse a todos los estatales como “ñoquis”.
Los despidos son válidos tanto en el sector público como en el privado si tienen una justificación, pero no se debe caer en la estigmatización que se realiza de los trabajadores. Como en La Plata, muchos de los demás trabajadores estatales despedidos, tampoco merecen esa categorización.
De fondo, una tasa de desocupación alta, sirve como amortiguador para morigerar reclamos salariales, lo que le quita presión a la inflación, estimada oficialmente para este año en un 25 por ciento, una de las metas puestas por Prat Gay en su declaración de esta semana. “Este Gobierno se está ocupando de la suba desmedida de precios. Podría hacerse más, seguramente que sí, pero lo que estamos haciendo, tiene resultados visibles, quizás no es la sensación térmica que tiene cada uno de ustedes cuando va al almacén”, desdramatizó Prat Gay. Es sólo una sensación térmica. Como la sensación de inseguridad.
El economista subestima la influencia de la devaluación en los precios, disparados en las últimas semanas. Sin ese dato –no hay estadísticas oficiales hasta nuevo aviso-, cualquier estimación es subjetiva. Los precios se dispararon por la liberación del dólar, pero la presión alcista no se detuvo. Los aliados del campo no liquidaron la soja como prometieron y la posibilidad de una nueva devaluación está latente, sea oficial o empujada por el mercado.
El licenciado Alejandro Rodríguez, de la consultora financiera Carlés, advierte que “las liquidaciones no cubrieron las expectativas de la autoridad monetaria y del Gobierno puesto que todavía persisten fuertes expectativas de que el sinceramiento del tipo de cambio oficial sólo haya sido parcial y que puede haber una nueva devaluación hacia marzo una vez que venzan los contratos de futuros”.
“Es que hoy, a diferencia de lo que se quiere mostrar, ese valor que ronda los 14 pesos para el precio del dólar, lo fija el BCRA y no el mercado como pretende el gobierno, y esto lo vemos claramente cuando observamos las altas tasas que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo para evitar que corran al dólar o la absorción de pesos que el BCRA viene generando en las últimas tres semanas con emisión de letras”, explicó el economista.
En su análisis, Rodríguez estima una inflación en el orden de 35 por ciento para 2016 mientras el BCRA apenas arriba del 20 por ciento. “El Gobierno sabe que hoy no hay otra forma de reducir el gasto público que no sea por la vía de la inflación. Si no puede reducir el salario nominal, ni se pueden generar todos los despidos necesarios en un sector público sobredimensionado, sólo queda avanzar en una baja real de los salarios por la vía del impuesto inflacionario. Si los analistas privados tienen razón y la inflación del año se acerca a sus pronósticos (35%), mientras el Gobierno logre acordar con los sindicatos aumentos salariales del orden del 20 o 25%, la baja real de los salarios permitirá avanzar en el requerido ajuste fiscal que el consenso de los economistas reclama”, asegura.
De este modo, el ajuste será por vía salarial con un fuerte impacto en el consumo. Ese camino preocupa a las provincias. Una caída de la actividad económica tiene su correlato en los recursos provinciales a través de la coparticipación.
En el Gobierno provincial sostienen que todavía hay que “conocer” a la nueva administración y no prejuzgar. Pero a puertas cerradas admiten una preocupación por el flujo de recursos que llegan a Misiones, que son vitales para sostener los planes productivos y de empleo. Hasta ahora no hubo inconvenientes, pero se mira con atención los fondos destinados a viviendas. La construcción es generadora de mano de obra en toda la provincia y las viviendas absorben la mayoría, además de las obras viales que están en ejecución. Si la economía cae, los recursos coparticipables se resentirán y arrastrarán a Misiones, como a todas las provincias.
La obsesión del gobernador Hugo Passalacqua es la generación de empleo –y su conservación- y por eso, la efectividad de los programas está atada al rumbo nacional.
“La frase de Prat Gay fue desafortunada. Me hace acordar al pasado que no debemos volver. Espero que haya sido un furcio. Está claro que hay problemas económicos, pero no se resuelve con gente en la calle”, describió un integrante del gabinete provincial que monitorea las relaciones con el Gobierno nacional. Otro pieza del engranaje que es necesario aceitar con la Nación es el funcionamiento del plan Belgrano, que tendrá como sede oficial a Corrientes. Como es un programa extrapresupuestario, los recursos que se consigan dependerán de la “sintonía fina” de las provincias con el Gobierno nacional.
Los funcionarios provinciales también cuestionan la demora en la designación de los responsables locales de los organismos nacionales, ya que hay áreas que por estas horas se encuentran paralizadas ya que sus delegados que continúan no tienen autoridad para tomar decisiones lo que complica las gestiones.
En el Gobierno nacional, sin embargo, no parece haber apuro por estas cuestiones. Macri tiene preocupaciones políticas que resultan más urgentes, como la estabilidad de la alianza que lo colocó en el poder. Como era previsible, Lilita Carrió fue la primera en poner en riesgo la coalición con su denuncia contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti por supuesto enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema es una pata fundamental para legitimar las medidas que toma el Gobierno y la denuncia de Carrió desestabiliza el delicado equilibrio que se pretendía construir con los cortesanos.
El ministro de Justicia, Germán Garavano intentó despegar a Macri de la denuncia. “Nos sorprendió la presentación contra Lorenzetti, presidente de la CSJN elegido por sus pares desde 2007”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter, y luego remarcó: “Preocupa institucionalmente por ser contra la cabeza del Poder Judicial y debe ser tomada con prudencia”.
El otro frente abierto es con el gremialismo, hasta ahora callado ante la ola de despidos. Sin embargo, el líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, condicionó el llamamiento a un “pacto social” a que se hable de “salarios dignos, sus posibles incrementos” en lugar de, ante la “emergencia estadística” lanzada por el Gobierno, “pretender que negociemos nuestro futuro con los ojos vendados”.
“En los escasos 30 días de ejercer el poder, vimos que los problemas del sector agrícola-ganadero, y por extensión de la agroindustria, encontraron respuesta casi inmediata, al igual que los sectores industriales independientes del complejo rural. Simultáneamente, una devaluación violenta produjo una transferencia de recursos causando un deterioro mayúsculo en los ingreso de los trabajadores”, señaló.
“El Estado ajusta, transfiere ingentes recursos al agro y la industria, devalúa y favorece el descontrol de precios, y a los trabajadores ni siquiera se nos convoca para conocer nuestra opinión”, cuestionó. Y criticó sin nombrarlo al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, porque se les pide que “seamos ‘cuidadosos’ en nuestras demandas salariales”, apuntó Moyano en lo que parece ser el primer quiebre antes de las paritarias que marcarán el humor social en los próximos meses.
La detención de la parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala, también tendrá derivaciones políticas. Acusada de “levantarse” contra las decisiones del gobernador Gerardo Morales, uno de los principales aliados del PRO, la activista fue apresada ayer por la tarde en medio de una asamblea popular.
Para un Gobierno que cuestiona la “persecución política” en Venezuela, la detención de una militante social y además con inmunidad parlamentaria, no deja una buena imagen al exterior.
