Culminó un año que fue eternamente largo y eternamente político. El que se inicia, aunque sin elecciones de por medio, no parecerle irle a la saga. El último bimestre fue frenético, con la inédita segunda vuelta y el triunfo de Mauricio Macri, que puso fin a doce años de gobierno kirchnerista, cambiaron radicalmente el escenario para el año que se inicia.
El nuevo Presidente parece decidido a imponer su voluntad ignorando cualquier traba institucional. Es tiempo de aprovechar la luna de miel con sus votantes y el llamativo silencio del kirchnerismo que todavía no deja de lamer sus heridas y repartir culpas por la derrota.
Por eso, pese a que hizo su campaña con la promesa de recuperar “institucionalidad” y construir a partir de lo hecho en la última década, el nuevo Gobierno está aprovechando los días para romper los cimientos de la herencia y construir su propio modelo.
Empezó con las designaciones por decreto en la Corte Suprema, pausadas a raíz del escándalo político y las críticas de sus propios aliados. Pero en cuestiones “menores”, la decisión es avanzar. Cargos moldeados a la figura del funcionario, como la designación de Laura Alonso –sin ser abogada- al frente de la Oficina Anticorrupción o puestos clave en la lucha antilavado en manos de abogados defensores de bancos acusados de… lavado de dinero.
También firmó un decreto de “necesidad y urgencia” para suspender la aplicación del Código Penal, que entraba en vigencia en marzo. No solo se pasó por encima de un enorme trabajo de análisis y debate que incluyó al PRO, sino que se viola la Constitución, ya que la materia penal no puede modificarse por decreto, ya que comprende un Código de fondo, norma procesal y la ejecución penal.
Así sea para mejorar, la forma en este caso, se da de bruces contra la promesa de respeto a las instituciones.
El último affaire es el desmantelamiento por decreto de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por una ley largamente debatida en distintos estamentos de la sociedad. Modificar por decreto una ley –declarada además constitucional por la Corte Suprema- es inconstitucional hasta para los menos puristas.
Aunque en la práctica la ley se convirtió en un símbolo “kirchnerista” y la ley de Medios no cumplió con las expectativas de apertura democrática y más voces, la injerencia del Ejecutivo y el reconocimiento explícito de que al Gobierno ya no le interesa la desconcentración de los medios, son señales de que no habrá límites. Por estas mismas acciones, Macri goza de coberturas amigas de los principales medios de comunicación y lo que durante el kirchnerismo sería un escándalo, hoy tiene un piadoso manto de comprensión.
Así, situaciones fortuitas como la histórica inundación del Litoral argentino o la curiosa fuga de los hermanos Lanatta de un penal de “máxima seguridad”, no salpican la figura presidencial, resguardada en un exclusivo complejo de Villa La Angostura, en Neuquén.
Tampoco hacen mella giros oficiales como el manejo de las estadísticas. Durante la campaña, Macri se cansó de cuestionar al Indek por “mentir y manipular” los datos de pobreza y precios. Jorge Todesca, actual director del Indec, desde el llano y con un puñado de empleados mes a mes brindaba informes de inflación que eran tomados como ciertos por la oposición y los medios. Ahora, con todo el organismo a su disposición, dice que no hay condiciones técnicas para realizar una medición seria.
Convenientemente, no estarán a tiempo para cuando comiencen a discutirse las paritarias y no habrá bases sólidas para analizar el impacto de la devaluación del peso en los sectores menos acomodados, sensibles a caer en la pobreza ante la mínima caída de sus ingresos reales por vía aumento de precios. Para tranquilidad del asalariado, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay aseguró que “una factura de luz que pasa de 150 a 350 equivale a dos pizzas”.
La misma velocidad que le imprimió el Gobierno al último mes puede agotar rápidamente la energía. Los cien días de romance pueden ser menores. La primera señal del fin de la escasa complacencia del kirchnerismo fue la no aprobación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora, María Eugenia Vidal, proyectó un enorme endeudamiento sin demasiadas explicaciones. La culpa del presupuesto rechazado es, para el PRO y los medios, de Cristina, pero lo cierto es que nadie pudo justificar la emisión de deuda y el ajuste contenido en el proyecto.
El rechazo al presupuesto de todos modos no implica demasiados problemas prácticos. La gobernadora tiene simplemente que replicar el presupuesto 2015 y tendrá a su disposición los recursos con la ventaja que, por la inflación, serán mucho mayores a los que calculó Daniel Scioli.
De este modo, tendrá más para gastar, aunque no las facultades para endeudarse. Misiones tiene experiencia de gobernar con una Legislatura en contra y un presupuesto distinto al elaborado por el Ejecutivo, cuando Carlos Rovira era gobernador y la Cámara contaba con mayoría del peronismo residual.
De todos modos, Vidal tiene por estas horas preocupaciones mayores. Los hermanos Lanatta, figuras clave durante la campaña cuando fueron entrevistados por el Lanata periodista e involucraron a Aníbal Fernández en el tráfico de drogas, tuvieron una cinematográfica –de clase B- fuga de un penal de máxima seguridad y hace varios días están “cercados” por las fuerzas de seguridad sin que puedan atraparlos.
Los hermanos condenados a perpetua por un triple crimen narco, tuvieron un rol preponderante en el crecimiento de la figura de Vidal que ahora, en el Gobierno, se ve obligada a recuperarlos con vida si no quiere quedar manchada con la sospechosa y conveniente huída.
Los tres prófugos “tienen muchos contactos, favores, se entremezcla la política”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. El principal “favor” que hicieron los Lanatta, fue a la candidatura de Vidal, por lo que el cerco es mucho más pequeño que el perímetro donde supuestamente los tienen rodeados.
La vorágine del último mes incluyó una devaluación de casi 40 por ciento que inyectó energías al complejo sojero. Los patrones de la soja comenzaron a liquidar sus exportaciones y el flujo de dólares consolida el nivel de reservas, al que hay que sumarle la toma de nueva deuda en dólares. De este modo, el Gobierno pretende cumplir una de sus promesas que es tener un tipo de cambio competitivo y de libre acceso que reactive al sector exportador y le de oxígeno a las economías regionales.
Sin embargo, la contracara de esas medidas es la suba de precios internos. Hasta ahora no hubo demasiadas reacciones por la suma del aguinaldo y la falta de datos certeros sobre los aumentos, que el propio Macri reconoció como “deslizamientos de algunos precios de la canasta básica”.
El mismo eufemismo utilizan en el Gobierno para hablar del impacto en el empleo y las negociaciones salariales. “Cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo”, amenazó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Es decir, para conservar el trabajo, no hay que pedir demasiado aumento.
Sin embargo, consultoras privadas, como el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, estiman que el escenario inflacionario para este año podría situarse en un 40 por ciento por el impacto de la devaluación sobre los precios y la inflación inercial. Un acuerdo paritario por debajo de eso implicará automáticamente la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Para extender el veranito de decisiones por decreto, el Gobierno de Macri sabe que es clave la relación con los gobernadores que pueden ayudar a superar la resistencia en el Congreso, donde el kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Con pocas provincias propias o aliadas, la relación es por ahora “cordial”, pero se sabe que las provincias dependen directamente del buen andar de la Nación para sostener el nivel de actividad.
No es casual que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hable de una “sociedad” con los gobernadores. La frase, utilizada en Misiones, donde mantuvo una reunión con el gobernador Hugo Passalacqua, muestra cabalmente el vínculo que pretende Macri con los caciques del interior. Una “sociedad” en la que las ideologías no tengan demasiada relevancia y todos “tiren para el mismo lado”.
Para un año no electoral como el que se inicia, parece una relación en la que todos ganan. Pero es poco probable que el idilio se extienda a 2017, cuando hay que revalidar pergaminos en el Congreso y el PRO tendrá que hacer una elección relevante para mejorar su posición relativa.
Frigerio mantuvo ya dos encuentros con Passalacqua y garantizó que las obras en marcha no se detendrán y tampoco se interrumpirá el flujo de recursos para la construcción de viviendas, como el barrio Itaembé Guazú al que calificó como uno de los más importantes del país. El ministro del Interior anunció desde Misiones, ante una consulta de este diario, que durante este mes comenzarán las reuniones con los gobernadores para discutir la ley de Coparticipación Federal, una deuda de la Nación con las provincias desde la reforma constitucional de 1994.
Frigerio admitió que la única salida posible para dejar conformes a todas las provincias y mejorar los índices de aquellas que están atrasadas como el caso de Misiones, es aumentar la masa de recursos que se reparte. De este modo, la Nación cedería parte de los recursos que hoy reserva para sí. Si así fuera, se hará un poco de Justicia, pero habrá de correr mucho agua todavía para arribar a un acuerdo que deje conformes a todos y mejores los índices de las provincias hoy desfavorecidas.
El impacto de las medidas económicas tomadas por el Gobierno todavía no se hizo sentir por la lógica resaca política y de fin de año. Será con las paritarias cuando realmente se ponga en marcha nuevamente la rueda de la política y allí habrá que medir el grado de adhesión que siga sosteniendo el Gobierno.
De todos modos, los empresarios misioneros son más optimistas que en el año que se cerró. El 69,2 por ciento de los consultados por la tradicional encuesta Visión Misionera, consideró que el 2016 será un mejor año, contra un 48.7 que pensaba lo mismo del 2015. El 27,7 espera un año igual de complicado, mientras que en la edición anterior de esta misma encuesta, el 46.1 por ciento esperaba un año similar al 2014.
fiel al espíritu emprendedor que engrandeció a Misiones, el 83,5 por ciento de los empresarios pronostica que harán nuevas inversiones durante el año que se inicia. El porcentaje es inferior en cinco puntos a lo prometido para el 2015, pero no deja de ser alentador que la economía se mueva al ritmo de nuevas inversiones. Solo un 15,4 por ciento anticipa que no desembolsará recursos durante el año, dos puntos más que durante 2015.
Al mismo ritmo de las inversiones, es mayor el porcentaje de los empresarios que anticipa que tomará empleo. El 54.9 por ciento considera que realizará nuevas contrataciones y el 38.5 advierte que no, mientras que un 6,6 por ciento se mantiene a la expectativa. El porcentaje es mayor a las previsiones del 2015, cuando solo el 37.4 por ciento preveía nuevos empleos.
