Sospechan que los hermanos Lanatta pueden tener protección de un sector de la policía

«¿Martín y Cristian Lanatta tenían vínculos con la policía? Sí, cuando había un revoleo, más o menos se prendían. ¿Pasaron información a la policía? Sí, y en eso estaban prendidos. Eran informantes de la policía.»
La declaración pertenece a un testigo que declaró en el juicio oral que terminó con la condena a prisión perpetua contra los hermanos Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci por los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Ese testimonio, que figura en la página 228 de la sentencia, tomó notable actualidad debido a que la búsqueda de los autores de la masacre ocurrida en General Rodríguez avalaría la sospecha de que los prófugos podrían tener protección de algunos integrantes de la misma fuerza de seguridad asignada a sus capturas.
El testigo mencionó al comisario Edgardo Eliseo Perdiguero, quien junto con el oficial Daniel Salazar y otros uniformados, identificados como Miguel Ángel Sosa y Ariel Santamaría, formaban parte del paraguas protector que los Lanatta tenían en la policía bonaerense, para entregar camiones con carga robada y armar y desarmar causas a cambio de dinero en la zona de Berazategui y Quilmes.
Dos comisarios retirados y un funcionario judicial consultados por LA NACION apuntaron a un ex jefe policial que actualmente trabaja como abogado, todavía respetado por un sector de la policía bonaerense, como el protector de los Lanatta en la escandalosa persecución.
«Ellos tienen conexión con la policía, cuando había que voltear algún camión, se ponían. Perdiguero fue al taller a pedir información de cómo tenía que declarar. Yo lo vi porque estaba viviendo en Videla 631. Cristian me había prometido un montón de cosas, por eso, cuando salí de la cárcel estuve ahí 15 o 20 días. También apareció Marcelo Schillaci, para ver lo que tenía que decir, el que les daba indicaciones era Cristian Lanatta», expresó el testigo, en una declaración que fue tenida en cuenta por el Tribunal Oral de Mercedes para condenar a los acusados por el triple homicidio.
Según se ventiló en el juicio oral, la casa de Videla 631, en Quilmes, fue el lugar donde se concretaron los homicidios de Forza, Ferrón y Bina. En esa casa vieron al comisario Perdiguero, aunque nunca fue vinculado con el triple asesinato, sino con su presunta participación en la red de encubrimiento de las actividades de los Lanatta.
Cuando los jueces del Tribunal Oral de Mercedes condenaron a los actuales prófugos por los tres homicidios ordenaron que se investigara «la posible comisión de los delitos de falso testimonio, robo agravado en poblado y en banda e incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto de Perdiguero, Salazar, Sosa y Santamaría».

Vínculos extraños
«Perdiguero y Salazar admitieron haber concurrido a un «procedimiento» junto con Sosa, en el que el primero de ellos dijo que Pablo, amigo de Cristian Lanatta, le pasó el dato de un camión robado que se disponían interceptar. Pablo los guiaba adelante en una Fiorino y atrás en la Hilux negra Cristian y Martín Lanatta, Víctor Schillaci y Sosa», expresó uno de los magistrados, al consignar uno de los episodios que vinculaban a los policías con los hermanos Lanatta y Schillaci.
Esa declaración tomó actualidad si se tiene en cuenta la descripción de la camioneta que usaron el 22 de julio de 2008, cuando intentaron interceptar un camión con mercadería robada.
La maniobra era simple: los policías detenían al conductor del camión, le pedían una importante coima para no involucrarlo con un delito más grave, se quedaban con parte de la mercadería robada y le ofrecían los servicios de un ex subcomisario abogado para que lo representara en la causa judicial que se iniciaba por un delito menor. Ese subcomisario estaría ayudando hoy a los Lanatta a evitar que los detengan.
Perdiguero también apareció mencionado en la página 178 de la sentencia, donde los jueces revelaron que «por obra de una mano anónima y tijera mediante» desaparecieron anotaciones importantes de un cuaderno secuestrado en una casa de la calle 11 al 2300 en Berazategui, vinculada a los Lanatta.
La desaparición de pruebas fue una constante en la investigación por el triple homicidio. También se borraron grabaciones de las cámaras de seguridad de peajes y de la estación de servicio donde fueron convocadas las víctimas.
«Los responsables de los asesinatos han sido un numeroso grupo de sospechosos que ha contado con apoyo institucional y con importante capacidad económica», expresó la jueza María Graciela Larroque, al explicar que los cuatro condenados mataron a Forza, Ferrón y Bina siguiendo órdenes de una organización con vínculos en un sector del gobierno.

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