La víctima, de 55 años, estuvo reducida a condición de servidumbre desde 1985 hasta 2014 de forma ininterrumpida en una estancia de Chubut. No percibía salario, cobertura médica ni tenía horarios de descanso.
La mujer en situación de vulnerabilidad y con retraso mental trabajaba con tareas domésticas en la estancia de la acusada ubicada en Chubut.
La imputada la habría trasladado y mantenido en condición de servidumbre desde 1985 hasta el 2014, de manera ininterrumpida, sin salario alguno, seguro médico ni horarios de descanso.
No se le hacían aportes, no tenía la llave de la casa y no salía sola del domicilio a menos que fuera a comprar pan. Nunca se tomó vacaciones y dormía en la habitación de la acusada, así estaba disponible las 24 horas.
Un juez ordenó embargar los bienes de la acusada por 200 mil pesos y le prohibió salir del país. La acusada deberá depositar mensualmente la remuneración correspondiente para la víctima así como la presentación mensual de una copia del recibo de pago del salario, certificar el pago mensual de los aportes y contribuciones correspondientes al empleador de trabajadores de casas particulares.
Según el procesamiento que difundió Fiscales.gob.ar, desde su traslado la víctima paulatinamente fue quedando desvinculada de su hogar de origen y de su familia. La imputada era su núcleo inmediato y su único vínculo social. Carecía de condiciones para manejarse con autonomía debido a su padecimiento mental, lo cual «acentuaba la subordinación a la voluntad de la ahora procesada».
En su testimonio, la víctima aseguró que a lo largo de esos 30 años no recibió ningún tipo de tratamiento o asistencia para sobrellevar los obstáculos de su discapacidad, ni un seguimiento de su salud en general.
Obtuvo su documento de identidad recién en octubre de 2014, casi no salía de la casa sola y, si lo hacía, era solamente para realizar compras o realizar pagos.
Habría recibido como única vestimenta la que ya no usaban en la familia. Y la alimentación se basaba en los restos de la comida, pero bajo condición de no tardar en sus tareas.
Según su relato, la imputada había viajado en 1985 junto a su marido, ya fallecido al paraje Pocitos de Quichaura, donde residía la víctima y la familia. La pareja buscaba personal de servicio doméstico para su vivienda y su casa de la Estancia «La Cautiva», ubicada en el Paraje de las Sierras de Tecka. Se contactaron con el padre de la joven y, valiéndose de su vulnerabilidad socioeconómica, la trasladaron hasta la vivienda para que realizara servicio doméstico sin ninguna contraprestación.
A partir de ese momento, la víctima, que tenía 25 años, no habría recibido formación educativa formal ni estaba al tanto de lo acordado entre familias.
Quedó desvinculada totalmente de su hogar original: le quitaron la posibilidad de generar cualquier nuevo vínculo o actividad por fuera de la casa de la imputada, recibir educación formal básica, realizarse controles clínicos de rutina y recibir atención médica o psicológica.
