Quedó firme la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el fallo que declaró la inconstitucionalidad luego que el gobierno de Mauricio Macri desistiera de apelarlo para intentar validar ese tratado firmado por la anterior administración.
Con este trámite judicial, plasmado en una resolución de apenas media carilla, se puso fin a uno de los costados más controversiales de la política argentina de los últimos años, como fue el acuerdo firmado en enero del 2013 entre ambos países para indagar a los acusados iraníes por la voladura de la mutual judía en 1994.
Los jueces de Casación Juan Carlos Gemignani y Ángela Ledesma resolvieron hacer lugar a la desestimación hecha por el gobierno, de modo que el acuerdo quedó sin valor legal alguno.
El fallo de Casación dejó firme una resolución de la Sala I de la Cámara Federal que en mayo del 2014 declaró que el memorándum, ratificado por el Senado un mes después después de su firma –ley 26.843— carecía de valor por ser inconstitucional algunos de sus aspectos.
Para ese tribunal, el acuerdo resignaba la jurisdicción de la justicia argentina para juzgar a los iraníes acusados de volar la AMIA en una comisión extrajudicial lo que lo colocaba al margen del sistema jurídico nacional.
Casación concluyó que “a fin de evitar mayores dilaciones”, corresponde “tener por desistido” el recurso de casación conforme a lo solicitado por el Estado Nacional, según reza el escueto fallo.
La eliminación del memorándum, por la vía de impulsar desde el propio gobierno su inconstitucionalidad, concreta uno de las promesas electorales de Macri.
El tratado, rubricado por la parte argentina por el entonces canciller Héctor Timerman abrió un áspera disputa política y judicial ya que fue rechazado por todo el arco opositor y por la entidades representativas de la comunidad judía, la Amia y la DAIA.
En lo instrumental, acordaba que los iraníes acusados por la justicia argentina de cometer el atentado a la Amia serían interrogados en Irán por el juez jurisdiccional argentino, en un procedimiento que se pondría bajo la supervisión de una autoridad jurídica internacional imparcial.
Pese a la conmoción política que generó, el acuerdo nunca se puso en vigor ya que el gobierno iraní demoró primero su ratificación parlamentaria y luego puso reparos a su implementación aduciendo los contratiempos que sufría el texto en Argentina.
La causa judicial se inició cuando la AMIA y la DAIA realizaron una presentación para que el memorándum fuera declarado inconstitucional, lo que fue rechazado en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral quien resaltó, precisamente, que no había entrado en vigencia.
Con la firma de los jueces Eduardo Farrah y Jorge Ballestero, quienes objetaron la constitucionalidad de una Comisión de la Verdad que supervisaría el proceso aunque sus decisiones no eran vinculantes, la Cámara Federal porteña declaró la inconstitucionalidad del acuerdo en mayo del 2014.
Aquella decisión, ahora confirmada, fue recurrida por Estado Nacional ante Casación, donde volvió a empantanarse a raíz de la dificultad para conformar la sala que debía intervenir.
La presentación de la AMIA y la DAIA fue respaldada por el entonces fiscal de la causa Amia, el fallecido Alberto Nisman, quien a principios de este año denunció al gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner por supuesto encubrimiento de los autores del atentado.
Según su denuncia, desestimada por la justicia federal en dos instancias, el objetivo de este acuerdo era dar impunidad a los iraníes denunciados como autores del atentado y promovía quitarlos de las “alerta rojas” de Interpol, algo que tampoco se verificó.
Fuentes oficiales indicaron que ahora el gobierno buscaría el juzgamiento de los acusados mediante un juicio en ausencia, un mecanismo por ahora inexistente en el sistema legal argentino.

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