Un enviado de Macri propuso a Cartes la construcción de Corpus por concesión de obra

Según el sitio La Región Digital, de Hoenau, Paraguay, el candidato presidencial de la alianza Cambiemos, Mauricio Macri, mandó a indagar ante las autoridades del vecino país la posibilidad de encarar la construcción de la represa de Corpus Christi a través del modelo de concesión de obra. Capitales privados se harían cargo de la obra a cambio de la utilización de la energía por un lapso de 30 años.
El enviado de Macri es Carlos Bastos, un hombre conocido en Paraguay ya que durante la presidencia de Juan Carlos Wasmosy fue protagonista de una ofensiva de la Argentina para privatizar Yacyretá con la misma receta de concesión de obra que ofrece hoy para reactivar el proyecto de Corpus que está congelado por el resultado de un plebiscito realizado en Misiones en 1996.
El modelo de privatización que negocia el asesor del candidato argentino es similar al anunciado por el viceministerio de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, para la construcción de una pequeña central hidroeléctrica en la ciudad norteña de Belén, sobre el río Ypané, límite entre los departamentos de San Pedro y Concepción.

Sin embargo, para que prospere, debe haber un acuerdo de ambos congresos, ya que el modelo de gestión acordado entre Argentina y Paraguay es de sociedad entre estados.

La represa de Corpus Christi y el plan IIRSA
En su incursión por Paraguay, para argumentar a favor de Corpus, Bastos rescató la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sud Americana (IIRSA), que es un plan de construcción de infraestructura propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para América Latina.
El hoy asesor de Macri asesoraba en el año 2000 a Fernando de la Rúa, cuando el plan fue aprobado por doce presidentes sudamericanos reunidos en Brasilia (Brasil). Su propuesta básica consiste en promover y apoyar una serie de proyectos de infraestructura en la región, con el fin de integrar los mercados, mejorar el comercio, consolidar las cadenas productivas, alcanzar la competitividad en los mercados mundiales, reducir el costo sudamericano e insertar el subcontinente en la economía global.
Pero estos propósitos de buenos deseos no esconden el objetivo central de adecuar los territorios a las necesidades de los capitales privados, a través de una transformación de la geografía y las regulaciones de los territorios sudamericanos, para mejorar las posibilidades de explotación y comercio con los recursos de la región, a partir de un conjunto de obras de alto impacto ambiental y social, lo que ha generado una clara oposición de las organizaciones ambientales y sociales de la región.
En esos años, en la organización del plan participaban sólo los bancos regionales y los gobiernos, razón por la cual, los cambios políticos registrados en el continente por la asunción de gobiernos populares, quedó descartado. La recuperación del IIRSA hoy viene atada a la ola neoconservadora y aggiornada a los nuevos tiempos ya que la iniciativa incluye a los grandes inversores privados. Precisamente, el proyecto hidroeléctrico Corpus Christi forma parte de las obras incluidas en el Grupo.
Esta concepción economicista, convierte a la energía en una mercancía que se puede comprar y vender como cualquier otra. Se abre espacio así a quienes quieren ser comercializadores o “traders” de la producción energética.

Macri sumó a su equipo de asesores a Carlos Bastos, reconocido especialista en términos energéticos que integraba los equipos de Domingo Cavallo, el ministro que aplicó la convertibilidad, no sólo en la Argentina sino también en Ecuador en los años 90.
Bastos, apoya al PRO desde las sombras para no ser atacado por los candidatos del kirchnerismo. Bastos no sólo aporta desde lo técnico sino que suma contactos con eventuales inversores internacionales y acordó con Macri un asesoramiento en materia de “planificación integral y visión estratégica” de los sectores energéticos.
Bastos es también una figura energética emblemática por haber elaborado los marcos regulatorios y ejecutado las privatizaciones de las empresas eléctricas y gasíferas. Además, como secretario de Energía de Menem tomó la decisión de paralizar las obras de la central nuclear de Atucha II y de la hidroeléctrica Yacyretá.
Después de su incursión como ministro de De la Rúa, Bastos tuvo –para la visión kirchnerista de la historia—un papel poco menos que indecoroso al presentarse ante el CIADI como “testigo de parte” de las empresas estadounidenses Enron, AES y El Paso Energy y de la italiana Camuzzi en los juicios que esas compañías entablaron contra el país.

Especializado en el sector eléctrico, al llegar a la presidencia Carlos Menem, Bastos estuvo al frente de la privatización de SEGBA, la mayor empresa de energía del país. Participó en la privatización de Gas del Estado, creando también un marco regulatorio que fue aprobado por ley.
Fue Secretario de Estado de Energía, Obras Públicas y Comunicaciones durante el primer mandato de Domingo Cavallo como Ministro de Economía. Entre otras gestiones, fue responsable de detener la construcción de la central nuclear Atucha II.

Cuando el presidente Fernando de la Rúa, acorralado por las protestas cada vez más generalizadas en contra de su programa económico, llamó por segunda vez al Ministerio de Economía a Cavallo, éste hizo nombrar a Bastos como ministro de Infraestructura. Su misión era desregular en todo lo posible las inversiones y toda clase de acciones de las empresas que prestaban servicios públicos, en general privatizadas durante la gestión de Carlos Menem.

Negoció con los senadores del justicialismo la reforma de la Ley de Infraestructura, en el sentido de favorecer la participación de las provincias en las licitaciones de obras públicas, a cambio de garantizar una mayor libertad de acción a las empresas particulares.

También propuso la privatización del total de la red de rutas nacionales, que serían financiadas por el sistema de peaje.

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