El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, y su par de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, cerraron el VII Encuentro Nacional de Sitios de Memoria, desarrollado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) con la participación de representantes de Sitios de Memoria de todo el país. Misiones estuvo representada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Amelia Báez, quien destacó la necesidad de sostener y fortalecer las políticas de memoria y derechos humanos en todo el país.
Durante las dos jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y debatieron sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia desarrollado desde el 2003, y elaboraron un documento en el que comprometen al próximo gobierno nacional a “que asegure la asignación presupuestaria” para el funcionamiento de los Sitios de Memoria, y a los gobiernos provinciales y municipales para que “garanticen la preservación de los espacios de memoria bajo su jurisdicción”.
El panel de cierre estuvo integrado, además, por la directora nacional de Sitios de Memoria, Judith Said; el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino, y el director nacional de Formación en Derechos Humanos, Matías Moreno.
Los representantes de los Sitios y Espacios de la Memoria de la Argentina, ratificaron la trascendencia de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas desde 2003 por el Estado Nacional, que vinieron a concretar el reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de las víctimas y del conjunto de la sociedad argentina. A partir de estas políticas, y de las que se impulsaron en distintas provincias y municipios de la Argentina, los Sitios de Memoria se constituyeron en ámbitos fundamentales de investigación, educación y transmisión de la memoria, de reparación a las víctimas y de ampliación de derechos, con fuerte impacto en lo local y abiertos a toda la comunidad.
Estos espacios, que son testimonio vivo de nuestra historia, promueven una cultura basada en la defensa los derechos humanos y los valores democráticos. En 2011, la Ley N° 26.691, sancionada con el voto de la mayoría de las fuerzas políticas de la democracia, vino a institucionalizar y darle un marco nacional de protección a los “sitios de memoria del terrorismo de Estado” y a garantizar la preservación, señalización y difusión de los lugares que funcionaron en todo el país como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales.
Asimismo, los sitios fueron declarados “lugar histórico nacional” por el Ministerio de Cultura de la Nación, en el marco de la Ley N° 12.665 y sus modificatorias. En este sentido, comprometemos al próximo gobierno nacional a que asegure la asignación presupuestaria que le corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como autoridad de aplicación de la mencionada ley, tal como estipula el artículo 2° del decreto N° 1986/14 que la reglamentó. Del mismo modo, subrayamos la necesidad de que los estados provinciales y municipales garanticen la preservación y sustentabilidad de los espacios de memoria bajo su jurisdicción, en cumplimiento de la ley 26.691 y de las normas provinciales y locales correspondientes, mediante el otorgamiento de los presupuestos que aseguren la puesta en valor y el adecuado funcionamiento de los espacios, la desafectación y traspaso de los predios pertenecientes a las fuerzas de seguridad pendientes de resolución, la institucionalización de estos sitios en la estructura del Estado y la conformación, ampliación y jerarquización de sus equipos de trabajo.
Estos avances, que la Nación y distintas administraciones provinciales y municipales han concretado durante los últimos años, requieren mayor involucramiento y decisión para lograr el salto cualitativo que demanda la nueva etapa de consolidación, ampliación y profundización de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en los tres poderes del Estado y en las diferentes jurisdicciones. En 2016, año del Bicentenario de la Independencia de la Patria, se cumplirán 40 años del último golpe de Estado. Llamamos al conjunto de las fuerzas democráticas a comprometerse activamente en la consolidación de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, pilares fundantes de nuestra democracia y garantes de un futuro con más derechos e igualdad para todos.
