Empresario vuelve a denunciar al Sindicato de Camioneros por amenazas

Carlos Beigbeder, titular de la distribuidora JotaBe, aseguró que enviados del  gremio conducido por Adolfo Velázquez mantienen bloqueado el depósito de la compañía, lo que pone en riesgo la fuente de trabajo de 60 familias. Denunció que tanto sus empleados como sus familiares, reciben constantes amenazas. El conflicto se suscitó tras el despido de un chofer. “Hacen guardia frente a la empresa y amenazan a los que quieren trabajar. No podemos salir a la calle por temor”, afirmó.

El empresario Carlos Beigbeder, titular de la distribuidora JotaBe, volvió a denunciar presiones y aprietes por parte del sindicato de Camioneros. “Amenazaron a nuestro personal, los acosan, a las mujeres que trabajan como administrativas las siguen hasta sus casas. Recibimos mensajes como ‘sabemos dónde vivís’ o ‘tus hijos van a jugar a tal plaza’. Incluso amenazaron a nuestros clientes”, afirmó.

Relató que el conflicto comenzó hace ya varios meses, cuando la compañía tomó la decisión de despedir a uno de sus choferes porque se había reducido el nivel de actividad. “Buscamos reducir personal para evitar pérdidas, despedimos a un chofer como lo dice la ley, con la indemnización que corresponde que está a disposición de esta persona, pero no vemos imposibilitados de hacer efectiva la medida porque el sindicato nos lo impide. Nos dicen que tenemos que despedir a gente del sindicato de Comercio y no de ellos. Me extorsionan para que lo vuelvan a incluir entre los empleados y no podemos hacer eso, tengo que achicar el personal porque sino la empresa se funde”, detalló.

Desde entonces, según Beigbeder, el conflicto con el sindicato fue creciendo. “Hacen guardia frente al depósito, amenazan a los choferes que quieren trabajar, no podemos trabajar, no podemos salir a la calle por temor sufrir daños materiales y que alguno salga lastimado. Me amenazaron con incendiarme el depósito”, dijo.

Indicó que la situación llegó a tal punto, que obligó a la empresa a poner una custodia policial para evitar que el sindicato los lastime.

Aseguró que presentó las denuncias correspondientes ante la justicia, pero hasta ahora no logró que ningún fiscal se acercara a constatar la situación.

Ellos me dicen “vos tenés que hacer lo que yo te digo, pero yo no quiero hacer lo que mandan ellos. Son 60 familias, si no me dejan trabajar, voy a suspender a todo el personal y si siguen así cerraremos, pero no voy a dar el brazo a torcer”, explicó.

JRC EP