Clima

La Argentina entra al último mes previo a las elecciones presidenciales con un clima enrarecido en el que se da la paradoja de que quienes ganaron con contundencia en las Primarias nacionales y provinciales, son los «sospechosos». Las elecciones anuladas en Tucumán son apenas una muestra de hasta donde están dispuestos a ir para revertir la voluntad popular que hasta ahora viene ratificando la continuidad de un proyecto político que lejos está de mostrar signos de agotamiento. Daniel Scioli ganó en 20 de las 24 provincias y había ganado en Tucumán sin ningún reclamo puntual.
Sin embargo, para la oposición, apenas un mes después de las Primarias, los tucumanos fueron prácticamente «forzados» a votar por el candidato del Frente para la Victoria y no por los representantes de la unión democrática del PRO, Massa y la UCR.
Según éstos, Juan Manzur ganó con «fraude», expresado en «clientelismo» y quema de urnas. Esa postura fue la que reivindicaron dos jueces del fuero contencioso administrativo que anularon los comicios y dejaron a Tucumán al borde de la intervención federal.
Pero los mismos jueces reconocen que no pueden probar que haya habido fraude y se limitaron a cuestionar «los vicios» del sistema.
Lo que se describe como vicios, sin embargo, no son patrimonio exclusivo del oficialismo tucumano, sino que son prácticas extendidas en, digamos, todos los partidos políticos. Si no hay delitos y si los «vicios» son compartidos, sólo resta entender que dos jueces entendieron que están por encima de lo que decidan quienes son receptores pasivos de bolsas de comida o incentivos a cambio de un voto. Lo que desnuda ese pensamiento es el mayor desprecio por la voluntad popular y la decisión que tomen quienes «reciban» los favores del clientelismo político. En otras palabras, el pobre no decide por si mismo, sino por la bolsa de comida que reciba. De ese modo, se puede concluir que el voto ha sido influido y manipulado y, por ende, fraguado.
La apelación del kirchnerismo, en cambio, sostiene que «la conspiración» que denuncia la oposición, se apoya sobre la presunción descalificadora del elector «ignorante», que debe ser cuidado por el elector «inteligente». Añade que los ciudadanos de escasos recursos están afectados por una minus capacidad por estar en una situación de vulnerabilidad y debilidad especial generada por la ausencia de valores cívicos. Expone que «es increíble este lapsus calami de conservadurismo retrógrado, porque la consecuencia es que este «débil sin valores» debe ser tutelado por estos otros ciudadanos con mayor fortaleza y valores cívicos, pero resulta que los primeros, generalmente los más carenciados y marginados, son la mayoría o el grupo más numeroso, en cambio, los segundos, generalmente los más acomodados y con necesidades satisfechas, son la minoría o el grupo menos numeroso». Recuerda que ningún votante del Frente para la Victoria pidió o autorizó a los actores a representarlos sobre la base de una descalificación tan brutal y desaprensiva, a someterlos a este mal tramo, a esta consideración de ciudadanos de segunda.
Los dos jueces tucumanos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Salvador Ruiz y Ebe López Piossek fueron los primeros en anular una elección desde la recuperación de la democracia y ni siquiera se tomaron el trabajo de argumentar demasiado su decisión. Un puñado de acusaciones sueltas, inconexas y que se referían incluso al escrutinio provisorio, que no tiene un valor legal, alcanzaron para anular una elección y desconocer la aplastante victoria de Manzur, con una diferencia de cien mil votos sobre la entente opositora.
Los mismos jueces reconocen que no tienen competencia para analizar si hubo delito porque eso corresponde al fuero penal y por lo tanto, se enfrascaron en «la magnitud y trascendencia de esos vicios y cómo esos vicios inciden en la voluntad propular».
Lo que no dicen en su fallo es que «los vicios» denunciados tienen como protagonistas a dirigentes y candidatos de quienes perdieron las elecciones. Uno de los detenidos por la quema de urnas era candidato opositor y el candidato a gobernador José Cano, junto al presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz aparecen en una foto delante de un sugestivo cartel que anuncia la entrega de bolsones de comida con la condición de entregar fotocopia de documentos.
El fallo da cuenta de irregularidades en el conteo de los telegramas durante el escrutinio provisorio, que, de hecho, no tiene ningún valor legal. Es el escrutinio definitivo el que vale y demostró la amplitud en la diferencia de votos hacia el kirchnerismo.
De hecho, la Junta Electoral, ante las sospechas de irregularidades, dejó sin computar 641 mesas, pero esas mesas fueron las primeras en examinarse en el escrutinio definitivo. Solo 4 fueron declaradas nulas y más de la mitad de las restantes no fue objeto de observación ni impugnación por ninguno de los partidos intervinientes.
La Junta Electoral, fue conformada de tal manera después de las impugnaciones previas de la oposición, con una integración definitiva que no fue cuestionada antes de los comicios y por lo tanto, válida para controlar los comicios.
Después, los jueces basan su fallo en fragmentos del programa de Jorge Lanata y artículos de los diarios Clarín y La Nación, en un claro juego de retroalimentación. Esos mismos medios celebraron la sentencia y se vanagloriaron de sus publicaciones que sirvieron para darle «esperanzas» a la oposición, como graficó Mauricio Macri. La judicialización de la política en su máxima expresión.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat advirtió que «sin soporte normativo ni dogmático, hace que el voto del pueblo de Tucumán no sirva» y agregó que «los electores en última instancia son estos dos jueces, que acaban de cometer esta conducta sediciosa porque se están alzando contra una autoridad, que es la Junta Electoral provincial, que tiene esa competencia exclusiva que solo puede ser revista por la Corte Suprema de Tucumán».
Lo mismo piensan juristas misioneros consultados por este medio sobre el fallo en Tucumán. Por lo bajo, aseguran que el fallo es una «aberración» que no tiene asidero jurídico y sí mucha intencionalidad política. Lo más probable es que después de resolver recusaciones, la Corte tucumana eche por tierra lo decidido por los dos jueces del fuero Contencioso Administrativo. Pero quedará el recurso de la Corte Suprema y los tiempos acotados, ponen a la provincia al borde de la acefalía. Si eso sucediera, no cabría otra alternativa que la intervención federal. ¿Se imaginan lo que dirá la oposición si eso sucede? Que la Nación pretende sostenerse con fraude o intervención, aunque el camino hacia esa salida sea generado por la misma oposición. Sea cual fuere el resultado, todo está teñido de sospechas y el resultado electoral, los cien mil votos de diferencia a favor de Manzur, dejan de tener importancia. ¿Quién tutela el derecho político de los miles de tucumanos que eligieron a Manzur? ¿Quién es el que pone en riesgo el sistema republicano?
Las denuncias de fraude realizadas por la oposición no son excluyentes de Tucumán, sino que ocurrieron en cada una de las provincias donde perdieron y con distintos sistemas electorales. El único objetivo es deslegitimar los sucesivos triunfos del kircherismo con un inocultable desprecio por la voluntad popular que -paradoja- pretenden «proteger» desde una mirada centrista y desde «arriba» hacia los «desprotegidos». Solo no hubo quejas donde ganó la oposición y llamativamente, el kirchnerismo nunca cuestionó a los ganadores.
El escenario de Chaco, donde hoy se elige a gobernador, es similar en cuanto a la composición política. El Frente para la Victoria de la mano de Jorge Capitanich y Domingo Peppo ganó con comodidad en las elecciones primarias ante toda la oposición unida. La misionera Aída Ayala, intendenta de Resistencia y candidata a gobernadora de la oposición, tiene tras de si a 18 partidos políticos y el apoyo de Macri, Sergio Massa, Sanz, Margarita Stolbizer y la local Elisa María Avelina Carrió. Aunque gobierna hace doce años Resistencia, la dirigente posadeña perdió en esa ciudad y la capital puede pasar a manos de Capitanich. Ella misma deslizó sospechas sobre el proceso electoral y hoy todas las miradas estarán puestas en Chaco para replicar el escenario tucumano. En las primarias, en cambio, no hubo mayores quejas pese a la abultada ventaja que obtuvo Daniel Scioli.
En Misiones también comenzaron a preparar el terreno para las denuncias. La Renovación superó los 300 mil votos con una abismal diferencia sobre el PRO que cosechó poco más de 70 mil. No hubo presentaciones serias sobre el proceso electoral en la provincia. Sin embargo, en los últimos días, fueron varias las voces que deslizaron la palabra fraude y cuestionamientos al sistema electoral que, de todos modos, utilizan profusamente en su beneficio.
El más visible fue el diputado nacional Luis Pastori, cuyo partido apenas sacó 50 mil votos en las primarias.
El dirigente radical que dilapidó un gran caudal de votos obtenido en 2013 por su insistencia de aliarse con el PRO, asegura sin ponerse colorado que «hay olor a fraude» porque la Junta Electoral Nacional -distrito Misiones- rechazó que la UCR vaya colgada de la boleta presidencial de Macri, cuyo partido desprecia especialmente al radicalismo misionero y eligió otros aliados.
Deberían admitir Pastori y la UCR que el PRO no los quiere como socios y prefirió otro camino con la idea de una construcción propia que no obligue a negociar espacios ni lugares en las listas de diputados.
Alfredo Schiavoni, el diputado provincial y hermano de Humberto, el presidente del PRO, lo definió sin matices: «La postura de la UCR es incoherente». Schiavoni recordó que «la UCR forma parte de un frente en el distrito que tiene otro candidato a presidente: Margarita Stolbizer. Es una incoherencia que hasta la justicia renovadora no pudo hacerla pasar». Agregó que «desde el punto de vista electoral a Macri no le aporta gran cosa, tampoco le resta. Por estas horas, Gustavo González anda por los 3 puntos. Es casi neutro, como el agua mineral, no te hace ni bien ni mal».
La humillación de la UCR, sin embargo, parece no concluir. El presidente de licencia y candidato a diputado nacional, Hernán Damiani, anticipó que mañana viajará una comitiva a Buenos Aires para apelar la negativa a colgarse de la boleta de Mauricio, el amigo de Ramón Puerta a quien en innumerables ocasiones denunciaron por los contratos de millonarias obras públicas que recibía del Estado provincial.
No reconoce nadie en el radicalismo que el problema no es de otro partido ni hay una conspiración en su contra. En realidad, la causa principal de la fuga de votos y dirigentes es la pérdida de identidad que sufrió el partido en los últimos años. Lejos del progresismo alfonsinista, se volcaron a las ideas más conservadoras y su propuesta política se hizo difusa. En 2013 apostó a la juventud y ahora los escondió a todos, empujándolos a lugares en las listas sin ninguna expectativa y sin posibilidad de discutir.
Nadie entiende qué es el radicalismo. Expulsaron a los diputados María Losada y Hugo Escalada por desobedecer el mandato partidario al negarse a firmar el pacto con el PRO y avalar el giro a la derecha. Pero no pudieron sostener ese acuerdo ni demostrar su conveniencia. Ahora que el diputado Mario Pegoraro se sumó a la fórmula de Cambiemos, apenas lo suspendieron y solo lo amenazaron con la expulsión. Pero el mandato partidario había sido competir como radicalismo y el ex campeón de motociclismo desobedeció en nombre de la «coherencia». A esta altura no se sabe si la coherencia acompaña a Pegoraro o a los que se quedaron en la UCR. De cualquier modo, la fuga sigue.
El gobernador Maurice Closs advirtió que el clima electoral se enrarece como parte de una maniobra opositora que busca cubrir sus propias falencias. Pidió estar «atentos» por las actitudes «muy calcadas» que se repiten en varias provincias.
«Es una matriz que se repite y ya la conocemos, la gente tiene que estar preparada», sostuvo Closs y recordó que cuando el kirchnerismo fue derrotado, no hubo problemas ni cuestionamientos.
La opinión de Closs es la misma en toda la Renovación. «El objetivo es deslegitimar a gobernantes y candidatos. Hay periodistas que son políticos opositores. Nos hubiese encantado debatir lealmente con los partidos políticos, pero no tienen argumentos. La prensa distorsiona casos aislados y los plantea como una cuestión generalizada. Buscan distorsionar resultados electorales y avances sociales», aseguró Eduardo Torres, uno de los dirigentes de la primera línea de la Renovación.
Por su parte, Ricardo Wellbach, subsecretario de Gobierno, indicó que no apuntan a ningún medio en concreto. «No pasa solo por el periodismo, sino que hay una intención deliberada de un sector del poder de invertir dinero y capacidad de daño para que el proyecto no continúe».
«Hay un recambio en el Gobierno. Se va la Presidenta, pero sigue la violencia hacia la idea. Las denuncias de fraude se hacen en los medios, pero no hay denuncias reales donde corresponde. Es política para destruir la continuidad y retroceder», agregó.
El problema es que la idea parece ser bastante aceptada en el país. Scioli se impuso en la mayoría de las provincias y especialmente en el norte, donde en los últimos doce años hubo una enorme reivindicación histórica, que de todos modos, no deja de ser incipiente.
Por eso se intenta instalar la idea de fraude, ya que la contracara es rechazada en las urnas. Macri ni siquiera sacó grandes diferencias donde se esperaba que lo hiciera. Perdió en Santa Fe y su delfín, Horacio Rodríguez Larreta ganó por poco en las elecciones por su sucesión.
Scioli para el norte es la continuidad de los programas de infraestructura y de inclusión, que tanta falta le hacen a la región. Cuando se habla de pobreza, se utiliza siempre la perspectiva de la dádiva o el clientelismo, pero casi nunca se ahonda sobre las condiciones materiales que generaron un enorme atraso social y económico de la región. No se es pobre per se. Sin analizar el contexto histórico, político y social, cualquier análisis es fragmentado. El norte es pobre por años de políticas concentradas en el puerto de Buenos Aires y las ganancias de la Pampa Húmeda. El neoliberalismo acentuó esa situación y generó un enorme éxodo de las tierras rurales del norte recortadas por la expansión de la soja y la caída de los precios de los productos.
Por eso las sociedades del norte valoran las políticas actuales, que le reconocieron derechos y generaron enormes inversiones públicas.
El candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, sostuvo que el país “no necesita ninguna política de shock ni de ajuste” sino “ir abordando responsablemente cada uno de los temas sin afectar el eje central que es el poder adquisitivo de los trabajadores”.
Closs expresó casi lo mismo al anunciar aumentos para jubilados docentes y retirados de la Policía. Puso énfasis en la palabra “gradualidad” como herramienta para solucionar los problemas de la sociedad sin generar efectos nocivos en la economía. . Closs recordó que en 2011, antes de ser reelecto, se planteó cuatro dilemas. Uno de ellos, el más importante, era “sostener una lucha frontal contra el núcleo duro de pobreza con acciones que con algún grado de focalización permitan que las políticas del Estado aceleren la solución del problema”. Así nació el programa Hambre Cero, que ya recuperó a más de diez mil misioneros con algún grado de desnutrición. El segundo dilema era revisar la autonomía del Consejo de Educación, fijada en la Constitución provincial para poder poner coto al descontrol de licencias y nombramientos. En el ámbito de la salud, el tema relevante fue la propuesta para contar con médicos de dedicación exclusiva en la Provincia.
El otro dilema era cómo salir de la Emergencia Previsional, que planteaba un doble desafío, los que ganaban poco y los que no querían retirarse por las bajas pensiones. Después de 24 años se puso fin a la Emergencia Previsional y con los aumentos de septiembre, la masa de jubilaciones alcanzará los 175 millones de pesos para 16 mil jubilados.
“Todas estas cosas la fuimos abordando gradualmente y esa será la palabra que va a dominar la agenda de aquí al 25 de octubre, y especialmente quiero que domine también la gestión pública del 10 de diciembre en adelante, especialmente en las políticas de la Argentina”, argumentó Closs.
Scioli promete continuidad, mientras que las promesas económicas de Macri, como liberar el valor del dólar, generarían un profundo retroceso económico y social. El intendente porteño tampoco puede mostrarse como del garante de la transparencia. El #NiembroGate le estalló en las manos y el PRO quedó manchado de corrupción por los millonarios contratos entregados al periodista justo antes de que se lance a la política para ser candidato a diputado. En las primeras horas el intento de defensa del relator deportivo fue intenso y el propio Macri aseguraba que todo estaba dentro de la legalidad. Horas después, abrumado por las pruebas, tuvo que bajar la candidatura de Niembro y, por si quedaran dudas, lo borraron de la campaña electoral. Peor aún fue la imagen del PRO el último jueves cuando clausuró las instalaciones del canal de noticias C5N. Con débiles argumentos puso las fajas de clausura en el canal que desnudó muchas maniobras comprometidas del intendente porteño y que hoy mismo promete revelar nuevos casos parecidos al de Niembro.
Lejos de ser «desprotegidos», como dicen los juristas tucumanos, son muchos los argentinos que valoran las políticas actuales y las premian con sus votos. En última instancia, aprendieron a votar en defensa de si mismos.

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