Se trata del hecho que involucra a una ex jueza civil y otros empleados del Poder Judicial de Misiones, donde mediante oficios dudosos, se hicieron con una millonaria suma de más de dos millones de pesos en 2003 pero puede que el tema existiera de antes. El actual juez de Instrucción N°1 Marcelo Cardozo podría presidir el debate que aún no tiene fecha porque resta conformar el tribunal. Esperan que sea antes de fin de año
En 2003 estalló la Megaestafa, causa que estuvo a cargo del ahora abogado pero ex juez Luis Rey y que involucró a una colega suya: la jueza Civil y Comercial 1, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo, sindicada como la cabeza de la banda que integraban también empleados judiciales y abogados que extraían dinero de depósitos judiciales.
Rey consideró probada la existencia de una asociación ilícita de la que formaban parte la jueza y un numeroso grupo de colaboradores internos y externos. La magistrada estuvo detenida hasta mediados de 2007 junto a Cayetano “Nani” Castelli; la ex jefa de despacho Nora Castelli; y los abogados Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández, sindicados como los principales engranajes del grupo que se hizo de cientos de miles de pesos de depósitos judiciales con la falsificación de oficios con los cuales retiraban el dinero. Este último trabajaba en una reconocida entidad bancaria que sería en donde se sacaba el dinero y este facilitaba las operaciones.
Los abogados Alejandro Jabornicky, José Alberto Tuvi, el contador Eduardo Solís, el empresario constructor Roberto Motta, y la ex secretaria del Civil Nº 1, Miriam Saidman, también fueron procesados pero nunca estuvieron entre rejas ya que quedaron fuera de la asociación ilícita que habría obtenido ganancias por más de dos millones de pesos.
Ahora la causa parece dar un paso importante aunque luego de casi doce años. Fuentes consultadas consideraron que es inminente la realización del debate oral y público aunque falta concretar elementos claves para ello. Se trata de que hay inconvenientes para conformar el Tribunal Penal N°2 de Posadas, donde fue elevada la causa hace un tiempo por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción N°3.
El escollo que aparece para conformar a los camaristas que seguirán el juicio es que la mayoría de los integrantes de los tribunales penales 1 y 2 se han inhibido por cuestiones personales o participación en su momento de la investigación. Lo mismo ocurre con otros actuales jueces de instrucción como Yaya y Balor. Solo quedan sin intervención y como serios candidatos los doctores Marcelo Cardozo y Carlos Giménez, provenientes de los juzgados 1 y 7 respectivamente. La otra banca la ocuparía un magistrado del fuero civil.
Dentro del ambiente judicial son optimistas que el tribunal pueda conformarse durante este mes de septiembre y luego de eso fijar una fecha, esperada para antes de fin de año. La causa es por demás compleja ya que cuenta con al menos 30 cuerpos y más de seis mil fojas. Las penas que oscilan acusaciones como asociación ilícita son de 3 a 10 años de prisión. La principal apuntada es la ex jueza Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo que luego de que se disparará el caso en 2003 debió renunciar a su cargo como magistrada civil.
